La crisis política y económica boliviana alcanza niveles alarmantes. El presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales compiten por el control del partido de gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), enfrentamiento que sigue escalando, paralizando al país por 3 semanas. La inestabilidad, ad-portas de elecciones en 2025, va más allá de la lucha por el poder. Morales, acusado por graves delitos como estupro y trata de personas, moviliza a sus seguidores bloqueando carreteras, generando escasez de combustibles y alimentos.
En 2006 el gobierno boliviano tomó el control en la producción y comercialización de hidrocarburos permitiendo un crecimiento económico del 5% entre 2005 y 2014, reduciendo la deuda pública al 50% con ingresos provenientes del gas. Pero el ciclo concluye en 2014 por falta de inversiones, exploraciones y malos manejos gubernamentales.
En 2019, Evo Morales huyó a México al declararse fraude electoral, llamando a nuevas elecciones en 2020, pero la fractura en los partidos de oposición, sin control electoral, hicieron posible el regreso del MAS con Luis Arce como presidente, quien suspendió los juicios contra Morales. La ex presidenta interina Jeaninne Añes fue juzgada, purgando cárcel con otros 300 presos políticos, el Gobernador de Santa Cruz y 12,000 exiliados.
Hoy, la disputa entre Evo Morales y Luis Arce ha destapado denuncias de corrupción y narcotráfico, factores inseparables en Bolivia gracias a redes de exportadores de droga coludidos con funcionarios públicos. El control de estas redes y competencia por el liderazgo del MAS generó la ruptura entre el presidente Arce y Evo Morales.
La pugna por el poder se desarrolla en medio de una crisis económica con un déficit fiscal de 9.3% del PIB, deuda pública de 81% del PIB y reservas internacionales en mínimos históricos del 20%, presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria, erosionando el poder adquisitivo de la población. La producción de gas natural, pilar de la economía, cayó al mínimo en nueve años, obligando a importar hidrocarburos con un déficit de $929 millones. La caída en la producción y exportación generó desabastecimiento de divisas aumentando el costo de bienes esenciales.
El deterioro económico afecta al mercado laboral con 70% de hogares en situación de informalidad, caída de ingresos del 13%, empeorando la pobreza. Esta combinación crea una crisis e incertidumbre que podría desencadenar migraciones masivas.
En junio se produjo un intento de Golpe de Estado, calificado como autogolpe, sumado al presunto magnicidio contra Evo Morales, acciones para confundir a la opinión pública en medio de la anarquía. Pero Morales amenaza al gobierno con bloqueos y barricadas mientras enfrenta acusaciones judiciales por estupro y trata de personas.
El conflicto se agrava con grupos armados respaldando a Evo Morales, bloqueando carreteras por 20 días con pérdidas de $1,700 millones, impidiendo el abastecimiento de alimentos y combustibles, afectando a productores. Pero la toma de bases militares y rehenes en la zona cocalera de Cochabamba incrementa la crisis.
Moralesmantiene una posición divisiva apoyado por sectores campesinos y cocaleros, enfrentando desaprobación ante la crisis económica y social. Arce ha recurrido a las fuerzas de seguridad para restablecer el orden, pero la represión eleva las críticas al gobierno por atentados contra los derechos humanos en la disputa por el control del MAS, de cara a las elecciones de 2025.
Las repercusiones de los conflictos no solo desestabilizan al partido oficialista, afecta la ya erosionada institucionalidad democrática con tensiones sociales y anarquía. La economía debilitada, déficit fiscal, deuda pública, caída de la producción de gas y escasez de divisas, aumenta la presión sobre la población. La falta de recursos y deterioro del mercado laboral agravan las condiciones de vida en un país al borde del colapso.