Recientemente ha surgido la noción de que desde el Congreso se están creando leyes para favorecer a los delincuentes. ¿Es acaso verdad? Los hechos nos dicen que no, sin embargo, la desinformación esparcida por diversos medios ha generado que esa sea la imagen del Parlamento. Para aclarar este tema, desde El Reporte conversamos con el abogado Humberto Abanto, quien nos detalló la realidad sobre las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado y también nos manifestó su postura sobre la posibilidad de que Martín Vizcarra y Antauro Humala postulen a la presidencia del Perú.
El expresidente Martín Vizcarra se presentó al Congreso el viernes, defendiendo su golpe de Estado, llamado cierre del Congreso, mientras se le sigue investigando por el caso “Intocables de la corrupción”, ¿Cree que pronto veremos algún desenlace sobre los procesos de corrupción de Vizcarra?
Él está en un proceso judicial que ha generado que esté inhabilitado, lo que ameritó que lo echaran del Partido Perú Primero, donde quedó como un militante después de ser el presidente y el líder. Yo, en particular, creo que Vizcarra es un bluff. No creo que haya habido un político peruano en los últimos 25 años que haya tenido más exposición mediática que el señor Vizcarra. Nadie la tenía. Sin embargo, postuló al Congreso de la República en la última elección y sacó menos de 165.000 votos. Me dirán, claro, fue el más votado y sí, pero con 165.000 votos. Daniel Urresti, con una centésima de la proyección pública que ha tenido Vizcarra, sacó más de medio millón de votos. Urresti es un fenómeno electoral. Vizcarra no lo es. Para mí Vizcarra es algo así como la mosca en el foco. Alguien le prendió el foco y veíamos una sombra inmensa y nos asustamos. Le han apagado el foco y ha quedado una mosca caminando en el vidrio del foco. Vizcarra siempre ha tenido una gran presencia en las redes, pero no es un hombre con ángel, no es un gran orador, no arrastra multitudes. ¿Han visto ustedes las multitudes que corren detrás de Vizcarra? ¿Puede lograr una reunión de 10.000 personas?
Martín Vizcarra y su deseo por librarse de la justicia.
Pero, ¿alguien puede hoy en día?
Eso es lo interesante. Vizcarra es un enano en Lilliput. O sea, no es nada sorprendente. No es Gulliver. Entonces, creo que lo inflamamos, como pasa con el caso de Antauro.
Yo no creo que Antauro al final pueda ser candidato, ¿también lo ve así?
Creo que lo estamos agrandando porque lo ponemos fuera del sistema. Y en el Perú, que es un país que ama a los fantasmas, ese fantasma político puede generar una disonancia seria en el sistema. Yo creo que a Antauro hay que ponerlo en la arena política y hay que derrotarlo ahí. Para mí, el fallo de la Corte Suprema es un fallo antidemocrático. Yo coincido con la posición del juez Cartolin en ese caso que votó solo y que lo han atacado duramente porque nadie ha leído su voto. Hay una derechita cobarde en el Perú que cree que las cosas se van a arreglar sacando a la gente de la competencia. Que lo único que están haciendo es incubar un problema mayor, innecesariamente. Tenemos un problema con un sector que se cree liberal, pero que no entiende el liberalismo. Ganarle a alguien porque se le sacó de la cancha no hace una democracia más fuerte.
Respecto a la ley de crimen organizado, existe una distorsión de la noción de esta nueva ley. Medios de comunicación y sectores políticos acusan de que esta favorece al delincuente, incluso responsabilizan a la ley por la delincuencia actual. ¿Cuál es la verdad de este embrollo y qué cree que motivó a nuestros legisladores a realizar estos cambios respecto al crimen organizado?
Creo que los legisladores se dieron cuenta de una cosa importante. Cuando se dio la ley 30077, en realidad se puso un maderamen en más en el patíbulo que la izquierda caviar montó para ajusticiar al sistema político y particularmente a las fuerzas no marxistas en el Perú. Porque si ustedes miran, la ley de crimen organizado en el Perú ha servido para convertir a Keiko en jefe de una organización criminal, a Alan García en jefe de una organización criminal, a Luis Castañeda en jefe de una organización criminal, y a todos los títeres con cabeza en la política que no sea caviar, porque también Vladimir Cerrón es jefe de una organización criminal. Mientras eso ocurría, el Perú era tomado por las extorsiones, por la minería ilegal, por la tala ilegal, por la trata de personas, por el tráfico de armas y por el tráfico de drogas. En ese lapso, a estos que hablan tanto, entre 2012 y hoy día, el Perú se convirtió en el primer exportador de cocaína en el mundo. Eso ocurrió, ojo, teniendo al mismo fiscal coordinador nacional de las fiscalías contra el crimen organizado, que hoy sale y nos dice que por la ley 32108 es que ha crecido el crimen organizado en el Perú. Tomando la jurisprudencia de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 8 de 2019, siempre lo repito, Fundamento 18, el Congreso coge esos conceptos jurisprudenciales y los pone en la ley. Y de repente resulta que el Congreso era aliado del crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿entonces los ideólogos del crimen organizado se llaman Víctor Prado Saldarriaga y César Martín Castro? Si eso es cierto, o sea, si es verdad lo que estaban diciendo, de que el Congreso era un aliado del crimen organizado por hacer esta ley, los ideólogos del crimen organizado se llaman Víctor Prado Saldarriaga y César Martín Castro. Entonces es mentira.
Sectores acusan de un debilitamiento normativo, dado que antes uno podía ser condenado con el simple hecho de ser miembro de una organización criminal y ahora no. ¿Si una persona no cometía o participaba en la realización del delito, la probanza de que era miembro de la organización criminal debe haber sido más que ambigua ,no?
El Congreso ha corregido algunas cosas. El crimen organizado tenía la barrera punitiva extremadamente adelantada. Por ejemplo, promover una organización criminal. ¿Qué es promover una organización criminal? ¿Ustedes han visto que salen spots en la publicidad? Eso no existe. Es decir, se ha convertido de un delito de peligro en un delito de acción. ¿Cómo voy a aprobar la membresía de alguien en una organización criminal si el tipo no ha delinquido? ¿Cómo ha participado? ¿Cómo ha apoyado? Pero, ojo, el ser solo miembro sigue siendo delito. Ser miembro de la organización, aunque yo no haya participado en la ejecución de ningún acto en el plan criminal, pero tengo que haber participado de algún modo. Esto es un pleito por el poder, porque si eliminan la ley como estaba, no podrán seguir diciendo que Keiko Fujimori es líder de una organización criminal, o Alan García o Luis Castañeda, ni que Vladimir Cerrón. En ese momento, esa persona queda libre de actuar políticamente. Y como suelen ser más populares que los caviares, les van a ganar a los caviares. Lo que se trata es de tenerlos arrinconados para que los caviares tengan un mayor espacio y una especie de preeminencia moral. Porque además manejan la calificación. Un ejemplo muy sencillo, Martín Vizcarra, supuestamente él solito, manejó los procesos de selección en Moquegua. Eso no es verdad. Igual con la señora Villarán y José Miguel Castro que son los únicos responsables de 11.200.000 dólares. ¿O sea, nadie más participó en la campaña de la revocatoria? ¿Por qué? Porque la señora Villarán no puede ser jefe de una organización criminal. La señora Villarán porque es fundadora del IDL y porque es de Izquierda Caviar.
Ahora, esta ley de crimen organizado, con las modificaciones de la ley 32108, no introduce ninguna definición sobre el crimen organizado que no existiese ya en nuestra jurisprudencia. No dice nada que no esté ya en el Acuerdo Plenario 8-2019/cij 116. El problema es que nadie se ha tomado el tiempo de explicarlo.
Lo que pasa es que no se puede. Cuando nos hacen estas cajas de resonancia, yo lo he vivido en 2018, 2019, y es una ocasión de nuevo. La única persona que ha salido a defender este tema he sido yo. Todos los medios salían y repetían, y el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, sin el menor conocimiento ni el menor examen, salió a condenar esto, y abogados oportunistas que van a la prensa a decir lo que el periodista quiere que se diga, salieron a hacer un coro a decir que esto era una ley que favorecía el crimen organizado. Pero luego el Congreso se acobardó. Porque le hicieron una marcha, porque salieron los transportistas, porque se desmayaron. Entonces se entregaron el país a la holocracia de nuevo. Las leyes eran las que las tribus de la calle decían.
Sobre los allanamientos, y que un abogado deba estar presente a la hora de que se realice el registro, quisiera una aclaración, ¿Existe la logística para que con cada allanamiento vaya un abogado público como defensor del allanado? ¿De forma que no se deban esperar 3 horas como en el caso de Chibolín hace unos meses?
Eso de Chibolín fue parte de la campaña propagandística del Ministerio Público. Si hubiera una Junta Nacional de Justicia de verdad, cogería ese fiscal y lo destituiría. Hay cosas que se pierden de vista en este diálogo, porque al frente tenemos estalinistas. Los estalinistas creen que los derechos de la persona dependen de las posibilidades del Estado. No señor. Los derechos de las personas no dependen de las posibilidades del Estado. Las posibilidades del Estado tienen que multiplicarse para respetar los derechos de la persona. Entonces, a mí no me puede decir que el sistema de defensa público no tiene defensores. Y si no los hay, no por eso pueden entrar ustedes a una casa sin que nadie verifique si están plantando o no están plantando evidencia. Esa no es la lógica en una sociedad democrática. Ese es el problema que no se entiende. ¿Por qué? Porque al frente tenemos estalinistas. Lo que no se dan cuenta es cómo ha progresado el estalinismo procesal en el Perú, del estalinismo constitucional. A mí no me puede decir que yo no voy a tener un abogado porque usted no tiene, porque usted no se ha tomado el trabajo de contratar los necesarios para que pueda entrar a mi casa. Los derechos de las personas están reconocidos en la Constitución y el Estado está obligado a usar todos los medios a la mano para que sean reales.
¿Puede aclarar para el lector la diferencia entre el allanamiento y el registro?
El allanamiento no necesita que esté el abogado porque yo rompo la puerta. El juez me da la oportunidad, me dice es un tiempo razonable, un 3-5 minutos, no me abren la puerta, rompo, entro y tomo control del lugar. El registro es otra cosa, que es, yo no puedo ponerme a revisar los libros y las cosas de las personas si no está el abogado. Porque además hay algo que miente y voy a dar un ejemplo muy sencillo. No estaba la ley 32108 cuando el allanamiento de la casa de la señora Boluarte. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó? El señor Colchado dio la orden de romper la puerta. De hecho, le pasó un paréntesis aquí, él no podía dar la orden, la tenía que dar el fiscal porque quien dirige el operativo o la diligencia es el fiscal. Pero él da la orden, rompen la puerta y entran. El registro no procedió hasta que 15 minutos después o 20 minutos después llegó Mateo Castañeda, el abogado.
Abanto opinó sobre la posibilidad de condena a menores de edad.
¿Qué opina sobre que los menores de ahora, de 16 y 17 años puedan ser condenados por cierto grupo de delitos?
No, yo estoy absolutamente en contra de la responsabilidad penal de los menores de edad. Es una discusión que los apristas libramos entre 1932 y 1956, cuando se llevó a cortes marciales a jóvenes de 15 años o de 16 años que eran apristas. Yo ideológicamente soy opuesto a la responsabilización, pero si hubiera que hacer una regla buscaría el modelo anglosajón del examen casuístico, para ver si es posible que responda como un adulto o no. Pero la regla, así como está planteada, a mí no me convence.
De igual manera, poco sirve aseverar las condenas si es que no se hace una reforma estructural del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿Cree posible la reforma o estamos muy lejos de aquella posibilidad?
No, creo que es una urgencia social a la que el Congreso debería responder. Es una urgencia. Ustedes pregunten, miren el nivel, todo el tiempo ponen el nivel de aprobación de la señora Boluarte o el nivel de aprobación del Congreso. ¿Por qué no ponen el nivel de aprobación del Poder Judicial y del Ministerio Público? ¿Por qué no los ponen? ¿Por qué no nos dicen cuál es ese proceso? Entonces, la gente exige, el Perú exige una reforma del sistema de justicia. Repito, la gente está harta de un sistema en el que los inocentes van presos y los culpables no van a la cárcel. Un país no necesita vivir así, no tiene por qué vivir así. No, más que no tenemos posibilidad de mejora. Creo que hay posibilidades de que se dé. Si el Congreso quiere abordar esto de aquí al 15 de diciembre, tiene la posibilidad de aprobar en primera vuelta una reforma constitucional, porque se necesita, en mi opinión, una disposición transitoria en la Constitución. Y en marzo del próximo año podría estar votando nuevamente eso y llevar adelante con rapidez un proceso. Vamos a tener una nueva Junta Nacional de Justicia, debería autorizarse a revisar todo lo que ha decidido una junta que estuvo mal conformada y que violó la constitución. Debería iniciarse un año cero. (Franco Consoli)
Si quiere ver la entrevista completa, dé clic al siguiente link: https://youtu.be/m693j2Mznm4