La situación de criminalidad y extorsión en el Perú necesita algo más que reformas tibias y teorías académicas. Si bien es cierto que una economía restringida y formalista aumenta el atractivo de actividades ilícitas, el verdadero problema de fondo es una estructura judicial débil y un sistema carcelario que apenas disuade a los delincuentes. La escuela austriaca, con su enfoque en incentivos y el análisis de acción humana (Mises, La acción humana), nos ofrece una guía radical: los delincuentes, como cualquier otro actor económico, responden a incentivos. Cuando saben que sus acciones no tendrán consecuencias graves, que una detención es tan solo un trámite pasajero, el crimen se vuelve un riesgo calculado.
Hablando claro: la Fiscalía debe abandonar su política de “puertas giratorias”. Es insostenible que se detenga a un delincuente solo para soltarlo a los pocos días por tecnicismos legales. La justicia no puede ser un simple escenario burocrático; requiere una intervención decidida que, como señalaría Hayek (Camino de servidumbre), devuelva el sentido de orden a la sociedad. El ciudadano honesto que trabaja y paga impuestos no debería estar en un continuo estado de vulnerabilidad, mientras el criminal opera en la certeza de que el sistema no lo castigará de manera efectiva.
Ahora, consideremos el papel de las cárceles. La teoría austriaca aboga por la responsabilidad individual y la auto-sostenibilidad. Entonces, ¿por qué el sistema penitenciario permite que los presos vivan a costa de los contribuyentes? Es aquí donde se puede aprender de ejemplos internacionales más contundentes, como el modelo de El Salvador, que ha convertido sus prisiones en centros de trabajo. La escuela austriaca podría argumentar que una prisión debe funcionar como una microeconomía: los reclusos deberían cubrir sus propios costos mediante trabajo productivo y, de paso, contribuir con algo de valor a la sociedad a la que han perjudicado. Este enfoque no solo genera un “costo” económico real para los delincuentes, sino que también reduce la carga fiscal sobre los ciudadanos honrados.
Desde un ángulo psiquiátrico, también hay espacio para soluciones a corto plazo. No basta con encerrar y dejar que la cárcel, como espacio desordenado, fomente la reincidencia. El encierro sin tratamiento mental para aquellos con tendencias antisociales y violentas es una receta para la perpetuación del crimen. Psicólogos como Carl Jung (La psicología del inconsciente) argumentan que la mente humana actúa desde impulsos profundos que, cuando no se confrontan, perpetúan conductas destructivas. Si el Estado invierte en programas de rehabilitación psiquiátrica dentro de las cárceles, el sistema podría reformar conductas desde la raíz, en lugar de seguir encarcelando a personas que, al ser liberadas, regresan a los mismos patrones de crimen.
La visión de Hayek y Mises apunta a un sistema donde la libertad y la responsabilidad personal coexisten. La reforma judicial y carcelaria en el Perú debe dirigirse hacia este modelo: un Estado que no sólo castigue, sino que también estructure incentivos económicos y personales que promuevan decisiones legales y productivas. En la actualidad, la falta de consecuencias claras convierte al sistema en un incentivo perverso para la criminalidad. Es hora de que el Perú deje de ser cómplice de su propio deterioro social y adopte medidas drásticas que devuelvan la justicia a las calles y la responsabilidad a sus instituciones.