El gobierno de Martín Vizcarra será recordado como una etapa sombría de la vida nacional. El juicio oral en su contra se ha iniciado hace poco, y es probable que en pocas semanas el expresidente sea condenado a una pena privativa de libertad. Durante su mandato, Vizcarra promovió una reforma política con el asesoramiento del politólogo Fernando Tuesta Soldevilla y de una Comisión de Alto Nivel. Este grupo entregó un denso informe que, en los hechos, se convirtió en un instrumento técnico-legal para formar y fortalecer los llamados "vientres de alquiler" como supuestas organizaciones políticas.
Tuesta Soldevilla, junto con Martín Tanaka, siempre ha presumido de contar con un vasto conocimiento en materia de sistemas políticos y electorales. Sin embargo, hoy el país comprueba cómo, bajo el influjo de estas reformas, se han constituido decenas de partidos políticos que pretenden participar en los comicios generales previstos para 2026. Martín Vizcarra, por su parte, fundó y organizó su propio partido. A pesar de estar inhabilitado para ejercer cargo público, insiste en su derecho a postular a la presidencia de la República en las próximas elecciones.
Desde el Gobierno Regional de Moquegua, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la presidencia de la República, Vizcarra no dudó en cometer sucesivos ilícitos penales. Tras años de investigaciones, hoy se le acusa de haber recibido en entregas sucesivas la suma de 2 millones trescientos mil soles. Las declaraciones, pruebas y peritajes lo señalan de manera indubitable; sin embargo, con mayor cinismo, niega los hechos y opta por brindar entrevistas a diversos medios de comunicación.
Vizcarra hace tiempo debió ser privado de su libertad, de no haber contado con la complacencia de fiscales y jueces. Desde el poder, se opuso abiertamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, siguiendo el libreto dictado por el Instituto de Defensa Legal y Gustavo Gorriti. Desde mediados de 2018, el país escuchaba audios que revelaban la existencia de una organización criminal en el entonces Consejo Nacional de la Magistratura y la Corte Superior de Justicia del Callao. A pesar de ello, Vizcarra se presentaba como el adalid de la lucha contra la corrupción, defendiendo políticamente al Equipo Especial Lava Jato y a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.
Durante su mandato, Vizcarra defendió los intereses de la empresa Odebrecht en múltiples ocasiones. Gustavo Gorriti, por su parte, abogaba reiteradamente por el derecho de la empresa a reorganizarse y volver a contratar con el Estado. El Perú nunca conoció los alcances reales del Acuerdo de Colaboración Eficaz. Odebrecht fue eximida del pago de una deuda tributaria, se le permitió vender activos como la Hidroeléctrica de Chaglla, y jamás sus oficinas fueron allanadas. Además, sus directivos, como Jorge Barata, gozaron de impunidad, sin cuentas bancarias embargadas ni medidas cautelares.
Vizcarra fue elogiado por los grandes medios de comunicación, como los grupos El Comercio y La República, mientras RPP actuaba como virtual vocero de su gobierno. Durante su gestión, el Equipo Especial Lava Jato cobró un protagonismo desmesurado. Keiko Fujimori fue privada de su libertad en más de una ocasión, y fiscales como José Domingo Pérez criticaban abiertamente al fiscal de la Nación en ejercicio. En 2018, el Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país del expresidente Alan García. Vizcarra celebró públicamente que Uruguay no le concediera asilo.
El 17 de abril de 2019, Vizcarra y su gabinete esperaban ver la detención de Alan García, en un acto político planeado para transmitir una imagen de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la tragedia de aquel día mostró un rostro distinto del poder. Meses después, el 30 de septiembre de 2019, Vizcarra perpetró un golpe de Estado al disolver inconstitucionalmente el Congreso. Con la complacencia de los medios, justificó esta medida bajo la llamada "denegación fáctica" de confianza.
Su gobierno fue marcado por la inacción en obras y proyectos. En entrevistas, llegó a afirmar que construiría mil colegios, pero esto nunca se concretó. Durante la pandemia de COVID-19, Martín Vizcarra mostró un manejo cuestionable. Desdeñó la compra de pruebas moleculares y rechazó donaciones de plantas de oxígeno. Mientras miles de peruanos morían, Vizcarra se vacunó subrepticiamente junto con altos funcionarios de su gobierno. El Perú registró, bajo su mandato, el mayor número de muertos por millón de habitantes a nivel mundial.
Finalmente, en noviembre de 2020, el Congreso decidió vacarlo con más de cien votos, poniendo fin a su gobierno. Aunque los breves mandatos de Manuel Merino y Francisco Sagasti forman parte de un capítulo que merece análisis aparte, lo que queda claro es que el gobierno de Vizcarra fue una etapa sombría y nefasta para la nación.
Martín Vizcarra, quien ahora afronta múltiples juicios, debe recordar que todo tiene su final.