La jornada electoral del 28 de julio de 2024 marcó un nuevo hito en la historia política venezolana, evidenciando un autoritarismo que sistemáticamente viola la voluntad popular. Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones sin mostrar acta electoral alguna, generando rechazo e incertidumbre. La oposición, liderada por María Corina Machado, recopiló 25,000 actas, 82% del total, presentando a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador con más del 70% de los votos, Maduro alcanzó menos del 30%.
El 8 de septiembre, González fue persuadido por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, refugiándose en la Embajada de España, saliendo de Venezuela como presidente electo, pero llega a territorio español como refugiado político. Días después, el Senado español y la Unión Europea reconocieron su elección, iniciando una intensa agenda diplomática.
González se reunió con líderes europeos, iniciando su gira por América en enero de 2025, incluyendo Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, reuniones en la OEA, con doce ex presidentes y cancilleres latinoamericanos para consolidar el movimiento de oposición.
El 9 de enero, María Corina Machado convocó a marchas en diferentes regiones de Venezuela y capitales del mundo. Pero la confusión se apoderó de las redes sociales y titulares reportando la desaparición de Machado durante dos horas, evento acompañado por disparos y tensiones. Aunque fue liberada, evidenció los riesgos de la lucha por la democracia frente a la represión.
El desenlace de un proceso electoral plagado de irregularidades fue la ceremonia de investidura, adelantando el horario, cerrando el espacio aéreo, imposibilitando la llegada de González Urrutia con los expresidentes latinoamericanos. Así Maduro consolidó la usurpación del poder con una juramentación que sella un Golpe de Estado al infringir la Constitución de 1999. Exhibiéndose como tirano, gobernará al margen de la legalidad, agudizando la represión, censura, eliminando opositores.
La situación económica y social venezolana refleja los impactos del régimen. Entre 2016-2022, el país experimentó hiperinflaciones, alcanzando 1,700,000% en 2018. Entre 2014 y 2020 el PIB se contrajo 75% y aunque muestra ligera mejoría, más del 65% de la población sigue en condiciones de pobreza extrema. La producción petrolera, principal fuente de ingresos además del narcotráfico, cayó de 2.6 millones de barriles diarios en 2013 a apenas 700,000 barriles, atribuida a la mala gestión y corrupción en PDVSA.
En el ámbito internacional, Cuba y Nicaragua asistieron a la investidura de Maduro, mientras potencias como China, Rusia e Irán manifestaron su apoyo. La OEA y la CIDH han calificado al gobierno de Maduro como "Terrorismo de Estado", denunciando violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión violenta y políticas arbitrarias, beneficiando al círculo íntimo de unos 2,000 generales, motivados por la corrupción y temor a ser condenados por crímenes de lesa humanidad.
A pesar de estos hechos, el gobierno de Joe Biden y el presidente electo Donald Trump, no adoptan una postura firme contra la dictadura venezolana, recordando anteriores fracasos en sus intentos por derrocar al régimen. El aumentó simbólico en la recompensa para capturar a Maduro de 10 a 25 millones de dólares, no es suficiente para frenar la tiranía. Pero el riesgo para la población venezolana con un recrudecimiento de la violencia y persecuciones se cuentan por miles. Maduro consolida su dominio mediante el control absoluto de las instituciones, con el respaldo de potencias extranjeras.
El futuro del pueblo venezolano depende de una comunidad internacional dispuesta a actuar con firmeza, defendiendo la democracia y los derechos humanos. La resistencia y el sacrificio de sus ciudadanos necesita el apoyo global para derrocar a un régimen que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria. La lucha por la libertad y justicia es una urgencia que demanda solidaridad, especialmente en América.