Uno de los hechos más lamentables de los últimos años acaeció el pasado viernes 21 de febrero, luego que parte de la superficie del centro comercial Real Plaza, ubicado en el corazón de Trujillo, se desplomara causando – según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) – un saldo de seis muertos y más de ochenta heridos.
Ante un siniestro de tal magnitud, resulta menester poder analizar las diversas aristas que engloban dicha desgracia. En principio, la interrogante que la población se plantea es la que concierne a la razón principal por la que parte de la estructura del patio de comidas colapsó súbitamente. Diversos profesionales han esbozado la posibilidad que haya existido una sobrecarga de la estructura metálica debido a la acumulación de una cantidad indeterminada de agua sobre el techo, producto de las intensas lluvias en la región de La Libertad. De ser cierto ello, nos encontraríamos ante una falla en el sistema de drenaje y un mantenimiento defectuoso. Eso, sumado – posiblemente – a un mal diseño estructural, habría ocasionado el desastre.
En segundo lugar, ante tragedias de similar calibre, buscar a los responsables no puede quedar exento a la investigación correspondiente. Por ello, ante los constantes cuestionamientos de los familiares de las víctimas, de la prensa, y de la ciudadanía en general, el Gerente General de Real Plaza, Misael Shimizu, apareció en el programa Punto Final, alegando que en agosto de 2024 se realizó una revisión que no arrojó señales de alerta. Incluso, develó que, en noviembre pasado, el centro comercial renovó la vigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que fue emitido por la Municipalidad, certificando que dicho establecimiento cumplía con las medidas de seguridad para su funcionamiento.
Precisamente es en este último punto en el que la población debe enfocarse para obtener respuestas. Resulta indignante que la Municipalidad de Trujillo pretenda deslindarse de su responsabilidad, argumentando que solo ciertos funcionarios tuvieron participación directa en las certificaciones y demás. ¿Acaso el señor Mario Reyna, alcalde provincial, desconocía de los procedimientos que se efectuaban en su gestión? Resulta alarmante que ahora – cínicamente - eleve el estandarte de la justicia e interponga denuncias a diestra y siniestra.
Evidentemente, Reyna busca protagonismo a costa de esta fatalidad. Funge como salvador para ser reciclado por el hombre que aún mueve los hilos en el norte del país: César Acuña Peralta. Y es que el poder de Alianza para el Progreso radica en el pacto que ha establecido con la presidente Dina Boluarte, lo que le permite mantener su influencia en dicha región. Aunado a ello, cabe señalar que múltiples militantes de APP han acaparado los municipios, dificultando con ello las actividades de supervisión y fiscalización.
Sin duda, esto debe servir como punto de inflexión para evitar situaciones similares. Es correcto que nos enfoquemos en fondos económicos de ayuda a las víctimas, como paliativo, e intensifiquemos la supervisión de infraestructura, como preventivo. Sin embargo, el problema de fondo es político y esto no es divisado en primera instancia. Ante ello, la ciudadanía debe mantenerse alerta con el objetivo de escudriñar sucesos de tamaña dimensión.