Psicólogo Organizacional

Daniel Ribera Canseco 

Es cierto que el gobierno de Dina Boluarte cuenta con diversos personajes vergonzosos que han menoscabado la escena política en los últimos años. Vimos pasar, recientemente, el vía crucis de Juan José Santiváñez en la cartera del Interior. Recordemos que ello derivó en su necesaria censura, luego que setenta y ocho congresistas votarán a favor de la misma. Para nadie resulta sorpresivo que, en la actualidad, no exista plan alguno para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país; sin embargo, existen otros problemas que tampoco han sido abordados de manera efectiva: uno de ellos es, sin lugar a dudas, la educación.

Se ha cumplido – exactamente – un año desde que Morgan Quero fuera designado Ministro de Educación por la actual presidente y si debemos hacer un balance de su gestión, encontraríamos un número avasallador de negligencias. Fundamentalmente, las que se refieren a su participación en medios de comunicación y las que se centran en elaborar una estrategia que le permita reimpulsar la educación en el Perú.

En principio, las declaraciones que emitió, desde el inicio de su gestión, sobre asuntos de suma importancia, revelaron su incapacidad de liderar una cartera crucial en el país. Y es que resulta verdaderamente escandaloso que un ministro asevere que la violación de quinientas niñas de la comunidad Awajún, podría tratarse de una ‘’práctica cultural’’. Sin embargo, no es el único comentario miserable que ha esbozado, pues calificó como ‘’ratas’’ a las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Además, recordemos que, en octubre de 2024, osó lanzar arengas políticas en su visita a la escuela en la que asesinaron a un docente, recibiendo el abucheo general de los padres de familia. Por si no fuera suficiente, en los últimos días indicó que ‘’no era tan necesario que corra riesgos’’ en relación a la maestra rural que perdió la vida tras extraviarse camino a su centro educativo. Comentarios desafortunados e inaceptables del ministro de uno de los gobiernos más ineptos de la historia republicana.

Por otra parte, la gestión Quero se ha caracterizado por su indiferencia ante los problemas urgentes de la educación. Esto lo vislumbramos en la carencia de una infraestructura adecuada en escuelas e institutos superiores del país. Para dar dos ejemplos concretos, tenemos el colapso de parte de la superficie del colegio José Abelardo Quiñones en Ayacucho, en la que resultaron tres estudiantes heridos y el abandono en la fiscalización del Instituto Interamericano de Trujillo, San Eduardo, Princeton, entre otros del departamento de La Libertad, que operan a pesar de no contar con los mínimos requisitos de funcionamiento.

Por último, cabe señalar que Morgan Quero minimizó las extorsiones que se realizan en los colegios, indicando que la Policía solo había recibido un número reducido de denuncias formales. Una frivolidad característica de este gobierno, representado por Dina Boluarte, a la que, por cierto, defiende ardorosamente en cada ocasión. Aunado a lo anteriormente expuesto, se ha conocido, en las últimas horas, que habría favorecido a la hija de su sastre personal, facilitando su ingreso a un puesto laboral en el ministerio. Vemos pues, razones suficientes por las que una moción de censura contra el titular del MINEDU resultaría necesaria. El Perú no merece tener a un impresentable en una cartera crucial para el desarrollo del país, por lo que el Congreso debe expectorarlo en la brevedad, cumpliendo su compromiso con la población.

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Balance y Liquidación de Morgan Quero, por Daniel Ribera 

En los últimos años, se ha normalizado la tirria de la población hacia el grueso de los personajes políticos y los movimientos que los impulsan. Si escudriñamos los motivos principales por los que el electorado rechaza a sus representantes, encontramos múltiples explicaciones; sin embargo, emerge una razón fundamental, y esta gira en torno a los pactos que realizan y que menoscaban una transparente gestión, olvidando – de igual forma – las consignas principales que demanda la población.

Dentro de la extensa lista que existe, el nombre de César Acuña predomina por su infeliz accionar en los cargos públicos que asumió o en los que su partido logró influencia mayor. Cabe señalar que Acuña Peralta inicia su participación política de forma improvisada. Es decir, ¿quién podría asumir que quien se ufana de poseer millones, y cuyo resultado fue el slogan ‘’plata como cancha’’, izaría el estandarte de la izquierda socialista en sus inicios como candidato?

Por si fuera poco, una vez en el congreso de la república, abandonó al movimiento con el que fue elegido parlamentario: Solidaridad Nacional. Posterior a ello, integró la plancha de Unidad Nacional, desertando – una vez más – para volverse independiente. Evidentemente, develamos – con lo anteriormente expuesto - que César Acuña nunca buscó militar en un partido político ni entender conceptos fundamentales como ‘’ideología’’ y ‘’doctrina’’. De manera que, el hecho de crear un movimiento electorero en el que las decisiones pasen por sí mismo, resultaba ser la estrategia idónea para cumplir su objetivo: mantenerse en el poder.

Es así que funda Alianza para el Progreso, cuya primera victoria se ve reflejada en Trujillo en el año 2006, luego de una infame y sistemática campaña de desprestigio al Partido Aprista Peruano. Allí inicia, sin duda alguna, la debacle en la zona norte del país; pues, a través de mecanismos irregulares, como la malversación de fondos públicos para la compra de dádivas y su posterior entrega a cambio de votos, pudo reelegirse en más de una ocasión. Han pasado cerca de veinte años y la inseguridad se desborda en la ciudad de la eterna primavera.

Su desempeño en el Congreso no ha sido menos calamitoso pues, a pesar que no ocupa un curul, en la actualidad, sigue dirigiendo – rígidamente - los caminos de Alianza para el Progreso. Él es quien ordena a sus congresistas, atacar o defender, según su conveniencia. Esto último lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en la votación para efectuar la censura del oscuro ministro Santiváñez, en la que su bancada se abstuvo de votar a favor.

En suma, nos encontramos ante un individuo que ha utilizado la política para superponer sus intereses personales sobre los de la nación. Recordemos que César Acuña ha forjado alianzas con los últimos nefastos presidentes del país: Martín Vizcarra, Pedro Castillo y, en la actualidad, Dina Boluarte. Por lo tanto, si un adjetivo lo describe – en su totalidad – es el de ‘’mercenario’’: un mercenario político que ha ocasionado un daño gigantesco en la representación nacional.

César Acuña: Mercenario Político, por Daniel Ribera

Si hay un personaje, además de la presidente Dina Boluarte, que se encuentra en el ojo de la tormenta es el ministro Juan José Santiváñez. Juramentado en mayo del año pasado, el titular del Mininter ha ocupado las primeras planas de los variopintos medios de comunicación del país. Lamentablemente, el protagonismo que absorbió ha girado en torno a múltiples escándalos que ocurrieron en su breve gestión.

La historia de Santiváñez, en el ojo público, empieza desde que asume el puesto de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, en reemplazo del general PNP, en retiro, Miguel Nuñez Polar. No obstante, los antecedentes profesionales del susodicho, ejerciendo la abogacía, han sido realmente cuestionables. Por ejemplo, en el año 2020, fungió como abogado del general Hector Petit, quien fue acusado por la presunta adquisición, a precio sobrevalorado, de equipos de protección contra el Covid-19. Posterior a ello, asume la defensa de tres generales de la Policía Nacional, implicados en presuntos ascensos irregulares, en pleno auge del gobierno de Pedro Castillo.

Por lo anteriormente expuesto, evidenciamos que el cuestionado ministro cuenta con un recorrido en el que los actos de corrupción no le han sido ajenos. Primero, como litigante; y luego, como acusado. Recordemos que, hace algunos días, dos testigos proporcionaron material en el que se revelan sobornos a jueces para favorecer – precisamente – a los clientes que citamos líneas arriba. Es decir, Santiváñez defendía a acusados por corrupción, con maniobras corruptas.

Por otra parte, ya en funciones como ministro, ha omitido su labor principal, que gira en torno a combatir uno de los principales problemas del país: la inseguridad ciudadana. Ello lo vemos reflejado en el aumento de asesinatos y robos a mansalva que inundan nuestra patria. Además, la percepción de la población se condice con lo señalado, pues, según la última encuesta de IPSOS, el 60% de peruanos considera que la situación de inseguridad se agravó a partir de que Santiváñez juró como titular del MININTER.

Cabe señalar que existen dos grandes aspectos por los que la continuidad de Santiváñez resulta insostenible: corrupción y frivolidad. De manera que, el hombre de confianza de Dina Boluarte, que osa aparecer – entre vítores - con una portátil contratada, debe renunciar o, en su defecto, ser censurado. Para esta última tarea, el Congreso de la República debe tomar acción inmediata. Evidentemente, ciertos elementos dentro del parlamento han blindado a dicho ministro; en especial, el bloque Fujimorista y quienes conforman la bancada de Alianza para el Progreso.

¿Cómo es posible que, siendo 130 parlamentarios, no puedan conseguir las firmas siquiera de 33 de ellos para presentar la moción de censura? ¿Cuáles son los intereses del grueso de la representación nacional por perennizar a Santiváñez en el cargo? No sorprendería que exista un acuerdo, con ciertos movimientos, para impulsar la candidatura presidencial del sombrío ministro. Y es que parece ser que Santiváñez ha adoptado el ‘modus operandi’ de antaño, en el que, a través de sus influencias, busca comprar conciencias, influir en el Tribunal Constitucional y obtener información privada de medios de comunicación.

En conclusión, resulta menester que, como primer paso, se concrete el impedimento de salida en su contra, pues hemos evidenciado que, a pesar de que pesan múltiples denuncias sobre él, Santiváñez no tiene reparo alguno en viajar al extranjero, representando un peligro latente de fuga. Posterior a ello, si aún cuenta con un ápice de dignidad, debería dar un paso al costado; sino, el Congreso tendría que censurarlo raudamente: situación complicada, pero no imposible. Por lo manifestado, nos encontramos en un momento clave para la consolidación de nuestra democracia. Expectorar a los malos elementos constituye un acto de valentía, resistencia y consecuencia.

Santiváñez: entre la corrupción y la frivolidad, por Daniel Rivera

Uno de los hechos más lamentables de los últimos años acaeció el pasado viernes 21 de febrero, luego que parte de la superficie del centro comercial Real Plaza, ubicado en el corazón de Trujillo, se desplomara causando – según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) – un saldo de seis muertos y más de ochenta heridos.

Ante un siniestro de tal magnitud, resulta menester poder analizar las diversas aristas que engloban dicha desgracia. En principio, la interrogante que la población se plantea es la que concierne a la razón principal por la que parte de la estructura del patio de comidas colapsó súbitamente. Diversos profesionales han esbozado la posibilidad que haya existido una sobrecarga de la estructura metálica debido a la acumulación de una cantidad indeterminada de agua sobre el techo, producto de las intensas lluvias en la región de La Libertad. De ser cierto ello, nos encontraríamos ante una falla en el sistema de drenaje y un mantenimiento defectuoso. Eso, sumado – posiblemente – a un mal diseño estructural, habría ocasionado el desastre.

En segundo lugar, ante tragedias de similar calibre, buscar a los responsables no puede quedar exento a la investigación correspondiente. Por ello, ante los constantes cuestionamientos de los familiares de las víctimas, de la prensa, y de la ciudadanía en general, el Gerente General de Real Plaza, Misael Shimizu, apareció en el programa Punto Final, alegando que en agosto de 2024 se realizó una revisión que no arrojó señales de alerta. Incluso, develó que, en noviembre pasado, el centro comercial renovó la vigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que fue emitido por la Municipalidad, certificando que dicho establecimiento cumplía con las medidas de seguridad para su funcionamiento.

Precisamente es en este último punto en el que la población debe enfocarse para obtener respuestas. Resulta indignante que la Municipalidad de Trujillo pretenda deslindarse de su responsabilidad, argumentando que solo ciertos funcionarios tuvieron participación directa en las certificaciones y demás. ¿Acaso el señor Mario Reyna, alcalde provincial, desconocía de los procedimientos que se efectuaban en su gestión? Resulta alarmante que ahora – cínicamente - eleve el estandarte de la justicia e interponga denuncias a diestra y siniestra.

Evidentemente, Reyna busca protagonismo a costa de esta fatalidad. Funge como salvador para ser reciclado por el hombre que aún mueve los hilos en el norte del país: César Acuña Peralta. Y es que el poder de Alianza para el Progreso radica en el pacto que ha establecido con la presidente Dina Boluarte, lo que le permite mantener su influencia en dicha región. Aunado a ello, cabe señalar que múltiples militantes de APP han acaparado los municipios, dificultando con ello las actividades de supervisión y fiscalización.

Sin duda, esto debe servir como punto de inflexión para evitar situaciones similares. Es correcto que nos enfoquemos en fondos económicos de ayuda a las víctimas, como paliativo, e intensifiquemos la supervisión de infraestructura, como preventivo. Sin embargo, el problema de fondo es político y esto no es divisado en primera instancia. Ante ello, la ciudadanía debe mantenerse alerta con el objetivo de escudriñar sucesos de tamaña dimensión.


Una mirada a la tragedia en Real Plaza, por Daniel Rivera Canseco

Indudablemente la historia nos devela una serie de episodios que, en su amplia mayoría, no han sido estudiados a profundidad. Estos acontecimientos fueron acallados – en su contexto – por regímenes autoritarios y por cierta parte de la opinión pública. De manera que el Perú, al haber sido gobernado por diversas dictaduras, mantiene un número considerable de episodios que deben ser abordados con el fin de que el ciudadano conozca su realidad.

Una de las variadas dictaduras que ha regido en nuestro país es la que encumbró a Juan Velasco Alvarado al encabezar el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. En el también conocido ‘’Velascato’’ ocurrieron hechos cuestionables, como lo fue la expropiación de tierras agrícolas. Como medida paliativa, se entregaron a los afectados unos ‘’Bonos de la Deuda Agraria’’ en calidad de pago por sus tierras. No obstante, los periodos de crisis económica y el transcurso del tiempo, evitaron que se cumpla el compromiso como fue pactado.


Ante este incierto panorama, el abogado Mario Seoane publicó en el 2011 el libro titulado ‘’La deuda secreta del Perú. Los bonos de la reforma agraria’’ en el que expone, a detalle, la mencionada situación y formula algunas propuestas para resarcir a los ciudadanos que se vieron despojados de sus propiedades. En dicho texto, el autor empieza por explicar el proceso de expropiación iniciado en el año 1969 con el que el gobierno buscaba entregar las tierras a los campesinos, so pretexto de establecer mecanismos más justos de distribución. Sin embargo, esto no pasaría de ser una ‘’buena intención’’ transitoria, debido a la nula capacitación - por parte del Estado -, a los nuevos propietarios.


Luego, Seoane evidencia la actitud de los gobiernos posteriores, indicando una mejora en los criterios legislativos y jurisprudenciales, desde las postrimerías del mandato de Alberto Fujimori. Además, realiza una cronología legislativa de los bonos de la deuda agraria en la que plasma los decretos, proyectos y demás, y el contenido de los mismos. El autor sigue su labor explicando el papel del Poder Judicial en los procesos de dichos bonos, así como también da a conocer los aspectos financieros de la reforma agraria, el mercado secundario de bonos de la deuda y el papel del Ministerio de Economía y Finanzas del segundo gobierno del ex presidente Alan García. Finalmente, hallamos los criterios para actualizar el valor de los bonos de la deuda agraria y una interesante revisión de mecanismos de solución, en el que el escritor plasma variadas recomendaciones a tomar en cuenta.


En suma, podemos afirmar que el libro de Mario Seoane representa una incansable lucha de aquellos que fueron perjudicados por medidas demagógicas y que, a la fecha, continúan esperando una respuesta concreta. Además, debemos resaltar la propuesta de vías de solución que, a pesar de haber sido esbozadas hace algunos años, mantienen vigencia en la actualidad. Vemos, pues, la importancia del presente material y exhortamos a la ciudadanía a realizar un análisis minucioso del mismo a fin de buscar develar los llamados ‘’secretos’’ de nuestra patria.

La deuda secreta del Perú, por Daniel Rivera

En noviembre del año 2020, el libro titulado ‘’La vuelta del comunismo’’, de Federico Jimenez Losantos, fue publicado en España. En esta obra, el escritor realiza un arduo trabajo en el que recopila información y la sitúa en el actual contexto político hispano, con el fin de comprender el desasosiego imperante y dar una explicación precisa. Es así que, en principio, retrata el panorama - basándose en una documentada investigación histórica - del final de la guerra civil española, en el que afirma que existió un consenso para oponerse al comunismo.

Por otra parte, el autor aborda la crónica reciente y ahonda en diversos puntos, tales como el independentismo catalán y la memoria histórica de homologación en España. Entra, además, en asuntos de disputa continua, como lo es el nuevo feminismo, afirmando que es una ideología contrapuesta a la biología. Continúa con algunas anotaciones sobre el movimiento Black Lives Matter y sus víctimas silenciadas. Asimismo, explica el procedimiento que se ha realizado en torno a la enseñanza y el control de la misma, obteniendo consecuencias perjudiciales para la sociedad española. Finalmente, relata pormenores de la creación del polémico y cuestionado ministerio de la verdad.

Evidentemente, el libro no estaría completo sin mencionar a aquellas personalidades que han sido partícipes directos de la creación de esta coyuntura, tales como Elena Ódena, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Julián Besteiro, Juan Negrín y los actuales Pablo Iglesias de PODEMOS y Pedro Sánchez del PSOE, entre otros. En este recuento, el autor del libro nos explica los momentos determinantes en que los susodichos accionaron según sus lineamientos políticos, así como la trascendencia de los mismos en el contexto actual.

Considero que este libro contribuye a develar el avance del comunismo en España, desde una óptica en la que el autor comprende la evolución intrínseca que ha tenido este movimiento, pues lo escrito manifiesta una clara continuación del primer libro de advertencia titulado ‘’Memoria del Comunismo’’.

Asimismo, resulta imperioso desentrañar la actitud de Pablo Iglesias pues, a pesar que haya dejado de ser el vicepresidente segundo del gobierno, mantiene incólume su postura con respecto a la liquidación de la monarquía constitucional. Esto, de por sí, merece una atención y vigilancia al fundador de Podemos. En el caso de Sánchez, hemos sido testigos que, como presidente del gobierno, ha buscado – infructuosamente- la forma de moderar la dirección hacia la que va encaminada España; sin embargo, es evidente que lo que se oculta detrás de ello es la coalición social comunista, cuyo enfoque principal es el deterioro de las instituciones que sostienen la democracia, mientras giran su atención y derrochan presupuesto en banalidades.

A su vez, países como Estados Unidos y Argentina han empezado a cuestionar este régimen por sendos atentados contra la libertad de prensa, la polémica ley del ‘’solo sí es sí’’ y la corrupción del PSOE. Posición ciertamente consecuente y a la que creo que deben sumarse más países, principalmente de Latinoamérica.

Ante este panorama, resulta menester comprender – en su totalidad – el fenómeno por el que atraviesa España y, la mejor forma de hacerlo, es encontrando las herramientas necesarias. Considero que el libro de Jimenez Losantos, quien además es un connotado periodista, es desde luego un valioso material, con fuentes bibliográficas sustanciosas, que incita el pensamiento crítico, el análisis acucioso y el intercambio constante de ideas. Definitivamente, debe ser leído por todo aquel interesado en el tema.

Análisis del libro ‘’La vuelta del comunismo’’, por Daniel Rivera

La glorificación que se ha hecho a Harvey Colchado y a la Diviac tiene relación directa con la crisis de seguridad que padecemos actualmente. Me explico. Se puede esgrimir que la actual coyuntura de violencia es producto del desvío de la atención de una de las divisiones policiales con mayores recursos como es la Diviac a temas subalternos.

La Diviac, desde su formación por Carlos Basombrío en el gobierno de PPK, tuvo como misión crear megaoperativos que dieran la impresión de que se estaba trabajando eficazmente. Es por presión de este ministro que se asciende de cargo - irregularmente - a Colchado, tema que lamentablemente no llama la atención al público, a menos que sean militares o policías que sí valoran ese tipo de asuntos.

Basombrío, en 2016, asume el cargo de ministro del Interior, con la difícil tarea de hacer olvidar a Daniel Urresti, un militar en retiro que se hizo popular en medios por ser dicharachero y por su aparente preocupación contra la minería ilegal en la selva. Urresti no combatía la delincuencia, sino que hacía un espectáculo de su función. Recordemos que la decadencia de la seguridad empieza con Humala, que prefirió a un bufón como el mencionado sujeto, siendo el encargado del Ministerio del Interior debido a que distraía a la población. Ante esta situación, Basombrío apadrina a Colchado para hacer megaoperativos que no concluían en nada. Además, aseguraba la existencia de un escuadrón de la muerte durante el gobierno de Humala. Cierto o falso, nunca lo llegó a probar, pero desmoralizó enormemente a la Policía Nacional del Perú.

Revisando los casos que investiga la Diviac, uno se percata que más allá de detenciones aparatosas, no prospera en condenas. Además, su trabajo es poco profesional. Un doloroso ejemplo es el de la frustrada detención del presidente Alan García. En lugar de esperar ese 17 de abril que el exmandatario se dirija a una audiencia programada para detenerlo, se realizó un chapucero operativo en su casa. Tanto así que no había ni una ambulancia en previsión de lo que pudiera ocurrir.

Lo que tenemos en la actualidad es un policía, endiosado por un espectro ideológico, que juega a la política. Mientras su división se dedica a participar en una versión de Juego de Tronos en la Fiscalía de la Nación, el hampa se vuelve más avezada. No olvidar que la creación de la Diviac coincide con la política de puertas abiertas de PPK con la migración venezolana. Mientras honrados hermanos de este país latinoamericano llegaban, también se colaban las bandas de dicho país. ¿Qué hacía la Diviac y Colchado? Hacer escuchas a los opositores, producir shows con delincuentes de poca monta y poca cosa más. Cabe recordar que la carrera de Colchado se inició de la mano de Huamán Azcurra, mano derecha de Vladimiro Montesinos, y cuya especialidad era el chuponeo. Asimismo, se desmantelaron las demás divisiones de sus mejores hombres por los incentivos que daba trabajar con Colchado.

Por otra parte, uno se da cuenta del escaso nivel de preparación de Colchado cuando se lee su tesis de maestría, donde en lugar de libros de estudiosos académicos, su bibliografía está plagada de artículos de Gustavo Gorriti. Lo peor es que en esta tesis propone la prisión preventiva como un medio para investigar. No obstante, privar a un ciudadano de su libertad es el último recurso al que se debe recurrir, no el primero. Las prisiones preventivas, como las que se les dieron a varios políticos rivales de sus padrinos, son solo espectáculo que busca dañar imágenes. En suma, el protagonista es el brazo ejecutante de otros dos endiosados personajes: los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez. Ellos han protagonizado aparatosas detenciones que han conducido a ninguna condena. Casi un reflejo de Colchado como policía.