Si hay un personaje, además de la presidente Dina Boluarte, que se encuentra en el ojo de la tormenta es el ministro Juan José Santiváñez. Juramentado en mayo del año pasado, el titular del Mininter ha ocupado las primeras planas de los variopintos medios de comunicación del país. Lamentablemente, el protagonismo que absorbió ha girado en torno a múltiples escándalos que ocurrieron en su breve gestión.
La historia de Santiváñez, en el ojo público, empieza desde que asume el puesto de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, en reemplazo del general PNP, en retiro, Miguel Nuñez Polar. No obstante, los antecedentes profesionales del susodicho, ejerciendo la abogacía, han sido realmente cuestionables. Por ejemplo, en el año 2020, fungió como abogado del general Hector Petit, quien fue acusado por la presunta adquisición, a precio sobrevalorado, de equipos de protección contra el Covid-19. Posterior a ello, asume la defensa de tres generales de la Policía Nacional, implicados en presuntos ascensos irregulares, en pleno auge del gobierno de Pedro Castillo.
Por lo anteriormente expuesto, evidenciamos que el cuestionado ministro cuenta con un recorrido en el que los actos de corrupción no le han sido ajenos. Primero, como litigante; y luego, como acusado. Recordemos que, hace algunos días, dos testigos proporcionaron material en el que se revelan sobornos a jueces para favorecer – precisamente – a los clientes que citamos líneas arriba. Es decir, Santiváñez defendía a acusados por corrupción, con maniobras corruptas.
Por otra parte, ya en funciones como ministro, ha omitido su labor principal, que gira en torno a combatir uno de los principales problemas del país: la inseguridad ciudadana. Ello lo vemos reflejado en el aumento de asesinatos y robos a mansalva que inundan nuestra patria. Además, la percepción de la población se condice con lo señalado, pues, según la última encuesta de IPSOS, el 60% de peruanos considera que la situación de inseguridad se agravó a partir de que Santiváñez juró como titular del MININTER.
Cabe señalar que existen dos grandes aspectos por los que la continuidad de Santiváñez resulta insostenible: corrupción y frivolidad. De manera que, el hombre de confianza de Dina Boluarte, que osa aparecer – entre vítores - con una portátil contratada, debe renunciar o, en su defecto, ser censurado. Para esta última tarea, el Congreso de la República debe tomar acción inmediata. Evidentemente, ciertos elementos dentro del parlamento han blindado a dicho ministro; en especial, el bloque Fujimorista y quienes conforman la bancada de Alianza para el Progreso.
¿Cómo es posible que, siendo 130 parlamentarios, no puedan conseguir las firmas siquiera de 33 de ellos para presentar la moción de censura? ¿Cuáles son los intereses del grueso de la representación nacional por perennizar a Santiváñez en el cargo? No sorprendería que exista un acuerdo, con ciertos movimientos, para impulsar la candidatura presidencial del sombrío ministro. Y es que parece ser que Santiváñez ha adoptado el ‘modus operandi’ de antaño, en el que, a través de sus influencias, busca comprar conciencias, influir en el Tribunal Constitucional y obtener información privada de medios de comunicación.
En conclusión, resulta menester que, como primer paso, se concrete el impedimento de salida en su contra, pues hemos evidenciado que, a pesar de que pesan múltiples denuncias sobre él, Santiváñez no tiene reparo alguno en viajar al extranjero, representando un peligro latente de fuga. Posterior a ello, si aún cuenta con un ápice de dignidad, debería dar un paso al costado; sino, el Congreso tendría que censurarlo raudamente: situación complicada, pero no imposible. Por lo manifestado, nos encontramos en un momento clave para la consolidación de nuestra democracia. Expectorar a los malos elementos constituye un acto de valentía, resistencia y consecuencia.