Martín Vizcarra insiste. Contra toda evidencia, contra la ley, contra el sentido común. Insiste en que puede postular nuevamente a la presidencia de la República, como si su paso por el poder no hubiera dejado un reguero de escándalos, inhabilitaciones y desengaños.
El expresidente se presenta como un outsider en pausa, como un reformista incomprendido que aguarda su segundo acto. Pero lo cierto es que Vizcarra no está en compás de espera: está legalmente impedido. No una, ni dos, sino tres veces. En 2021, fue inhabilitado por diez años por el Congreso debido a su participación en el escándalo del Vacunagate, que lo mostró recibiendo la vacuna contra el COVID-19 a espaldas del país, mientras la población moría esperando su turno. En 2024, el Poder Judicial ratificó una segunda inhabilitación, también por una década, por hechos de corrupción durante su gestión en Moquegua. Y hace apenas unas semanas, el Congreso aprobó una tercera sanción por haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso en 2019.
Tres inhabilitaciones, tres motivos distintos, tres poderes del Estado. No hay aquí persecución, ni complot, ni revancha política: hay responsabilidades asumidas y sanciones firmes.
Y sin embargo, Vizcarra insiste. Con discursos ambiguos, con videos en redes sociales, con una estrategia cuidadosamente diseñada para generar la ilusión de que su candidatura es posible. No lo es. La ley es clara y sus antecedentes también. Pretender lo contrario es desinformar y, lo que es peor, degradar aún más una esfera pública ya golpeada por el descrédito.
Su partido, Perú Primero, no ha sido más que un decorado para este simulacro de retorno. El Jurado Nacional de Elecciones canceló su afiliación partidaria, lo que lo deja —además de inhabilitado— sin plataforma para siquiera pensar en postular. ¿Qué queda entonces? El espectáculo. La construcción de una narrativa heroica en la que Vizcarra es víctima, no protagonista. En la que todo lo que ocurrió durante su gobierno fue producto de los otros: del Congreso, de la prensa, de los jueces, de los políticos de siempre.
Pero los hechos son tercos. Y la pregunta no es si podrá volver —porque no puede—, sino por qué se le sigue permitiendo alimentar esa ficción. ¿Dónde están los órganos electorales? ¿Dónde las sanciones por proselitismo indebido? ¿Dónde la responsabilidad cívica de recordarle a la ciudadanía que la democracia no es un libreto que cada quien adapta a su conveniencia?
Vizcarra ya tuvo su oportunidad. Gobernó como quiso, disolvió inconstitucionalmente el Congreso, y terminó envuelto en los mismos vicios que prometió erradicar. Hoy, su insistencia en volver no solo es una falta de respeto a las instituciones, sino también una señal de que no ha entendido nada o, más exacto, que no le importa nada.