Mientras la gran minería mueve millones y acapara los titulares, miles de pequeños mineros en el Perú luchan día a día contra un enemigo silencioso: la burocracia. En lugar de apoyo, enfrentan trabas, estigmas y un sistema que parece diseñado para mantenerlos en la informalidad. En esta edición de El Reporte, conversamos con Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP), quien revela las enormes brechas legales y estructurales que asfixian a quienes buscan formalizarse.
Hablemos de la pequeña minería y la minería artesanal, ¿Como se viene desarrollando en nuestro país?
En Perú existen tres estratos: gran, mediana y pequeña minería. Sin embargo, bajo el paraguas de la pequeña minería también se ha incluido a la minería informal e incluso ilegal.
¿Cuál es su opinión sobre esta clasificación y qué acciones están tomando el Ejecutivo y Legislativo?
Es preocupante cómo el Congreso y el Ejecutivo están manejando la visión sobre la pequeña minería. Se ha mezclado a los pequeños mineros con la minería ilegal, lo cual estigmatiza y afecta a quienes realmente buscan formalizarse. Desde AMIP, pedimos que se diferencie adecuadamente a los pequeños productores mineros, quienes ya cuentan con títulos, certificaciones y registro en el REINFO. Ellos no deberían pasar por un proceso ordinario de dos años si ya están identificados. Nosotros estamos muy afectados con esta mala visión que le está dando el Congreso, el Ejecutivo y bueno, pues ya vemos la gente política, mejor dicho, no política que está en el gobierno. Los políticos no saben nada, absolutamente nada, ni de la extracción de cómo se puede hacer una minería propositiva, productiva, sostenible y los valores del mercado internacional que ahora lo debemos de aprovechar, la gran, la mediana, la pequeña y los mineros informales que sean adecuados a un proceso de formalización, a ellos como ya los tengo identificados mediante un REINFO, también darles plazo de un año para formalizarlos y que se pongan de acuerdo también con el concesionario.
¿Cuál es la posición de AMIC respecto a la gran minería y los conflictos que se generan entre ambos sectores?
Nosotros no estamos en contra de la gran minería, al contrario, reconocemos que es un pilar económico del país. Sin embargo, creemos que parte del canon minero debería destinarse a apoyar la formalización de los pequeños mineros, que muchas veces trabajan en condiciones precarias, sin capital ni respaldo técnico. También hemos buscado constantemente el diálogo con la Sociedad de Minería, aunque no siempre hemos sido escuchados. Nosotros hemos sido siempre tratables con estos personajes, como es uno de ellos que siempre opina, es el señor Pablo de la Flor, a quien, bueno, es una persona que está prácticamente saliendo.
Pablo de la Flor es una persona que está muy activo en este tema de minería, pero hay que recordar también que él formó parte del programa de reconstrucción con cambios y no tuvo resultados efectivos. ¿Por qué pretende meterse en un tema tan importante para la sociedad y que la gente no lo ve, que es el tema minero? Porque esto puede mover y mueve mucho la economía en nuestro país.
Yo no puedo decirte por qué pretende meterse. Me parece que él trabaja en la minera Poderosa, es parte del equipo de la minera y por eso es que él opina. También creo que ha estado un tiempo en la sociedad de minería o no sé si seguirá pues siendo miembro de la sociedad de minería.
¿Qué debe suceder para que acaben todos los problemas mineros?
Me parece que para que se acaben todos estos problemas en el Perú sobre la minería, la pequeña minería, el legislativo, para empezar, tiene que generar políticas públicas que permita a la pequeña minería iniciar rápido la producción. ¿Por qué? Porque se supone que ellos han presentado un IGAFON, que es como una declaración jurada donde estás haciendo tu actividad, o sea, no habría por qué perseguirlos, quitarles su mineral, encarcelarlos, quitarles los camiones. Entonces me parece que en el Perú se está cometiendo actos abusivos, pareciera un gobierno autoritario, donde que tampoco coordina la fiscalía, la policía, el Ministerio de Energía y Minas han hecho que ingresen más de 80 mil mineros a un padrón de REINFO y este proceso de formalización no garantiza nada.
¿Qué opina sobre las concesiones y la manera en que algunas grandes empresas manejan estos territorios?
Es inadmisible que algunas concesiones estén acaparadas por más de 10 años sin actividad productiva. El subsuelo es del Estado, pero la superficie es de los pueblos originarios. No se puede permitir que grandes empresas desplacen a las comunidades ancestrales que han practicado minería desde generaciones atrás. La consulta previa debe ser real y dinámica.
¿Cómo está afectando la burocracia al proceso de formalización de los pequeños mineros?
Ser formal en Perú es carísimo. El Estado ha destinado presupuesto para la formalización, pero apenas se ha logrado avanzar con el 2% de los mineros registrados en el REINFO. Los costos para presentar documentos como el IGAFOM son altísimos y los dueños de las concesiones muchas veces no otorgan contratos de explotación. Esto genera frustración y sensación de persecución, incluso para quienes ya están formalizados. Si hablan de 5 millones, de 5.000 millones, 10.000 millones, 12.000 millones, más plata que el narcotráfico, dicen, ¿no? Hablan así de los mineros, entonces ese dinero que se está fugando, que refieren ellos, ¿por qué ese dinero no recaudarlo? Y el minero prácticamente estaría aportando el 2.5% al PBI, que eso, también obras por impuesto de menor cuantía que sean en los colegios, que puedan hacer unas paredes, comprar latos y pagarlo con obras por impuesto. Invertir en cosas importantes para el país. Pero aquí pareciera que hay una forma de secuestrar al peruano de a pie para que no sobresalga.
Se han reportado confiscaciones e incautaciones a pequeños mineros y transportistas. ¿Qué está ocurriendo?
Es gravísimo. Hay transportistas que, pese a tener todos los permisos, han visto incautados sus camiones por supuestas irregularidades con los minerales que trasladaban. Se les acusa sin una investigación adecuada, aplicando de forma abusiva el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio. Esto vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia. Son más de 60 camiones en Apurimac, en Nazca, están incautados. Están ya en los almacenes de Pronavi, me parece, ya los transportistas han perdido su bien. Pero ¿por qué? Si el transportista te da un servicio, ellos tienen todo su permiso de la Provías, tienen todo, su licencia, tienen todo. Es más, han sacado esos camiones en leasing del banco de crédito y otros bancos, pero ya están incautados. O sea, ¿cómo es posible que se cometan estos actos abusivos contra el bien? Está afectando el derecho a la propiedad. Entonces, él está afectando también la buena fe del tercero, porque ese tercero te ha alquilado.
¿Qué respuesta han tenido del Ejecutivo frente a estas problemáticas?
Lamentablemente, sentimos que la presidenta Dina Boluarte está más preocupada por su imagen que por los verdaderos problemas del país. La represión hacia los mineros ha aumentado, y los derechos laborales y humanos están siendo ignorados. Incluso hay bancos que están cerrando cuentas a pequeños mineros debido a la mala imagen que se ha generado.
¿Cuál es la propuesta concreta de AMIP frente a esta situación?
Proponemos crear un fondo de remediación ambiental financiado por los mismos mineros formales. Esto permitiría demostrar que la minería artesanal puede ser responsable. También pedimos al Estado que genere políticas públicas propositivas que impulsen la producción nacional y no sigan criminalizando al pequeño minero. Si se formalizara a todos los mineros que ya están identificados, el Estado podría recaudar miles de millones y dinamizar la economía en las zonas más olvidadas del país.
¿Cómo va el proceso de formalización tras el reciente paro nacional de mineros?
Se ha ampliado el plazo del REINFO por seis meses, pero el Ministerio de Energía y Minas está sobrecargado y no cuenta con el personal suficiente para revisar los expedientes. Proponemos que las concesiones extinguidas sean otorgadas a los mineros con permanencia real en la zona. La realidad es que si no se modifica la normativa, el proceso de formalización seguirá estancado hasta diciembre del 2025. La verdad es que veo más lejos la formalización minera.