En el Perú, cualquier ciudadano puede perderlo todo en un día: su libertad, su patrimonio, su reputación. Y no necesariamente porque haya cometido un delito, sino porque el sistema judicial —el que debería impartir justicia— ha sido transformado en un instrumento de poder, un mecanismo de coerción política y de impunidad selectiva.
No exageramos: hoy en el Perú, más de la mitad de los jueces y fiscales supremos no son titulares. Ocupan cargos “provisionales”, “encargados” o “transitorios” que se extienden por años, fuera de todo control ciudadano. Son operadores que no responden a la ley ni a la Constitución, sino a quienes los colocaron ahí. El resultado es un sistema de justicia que ha dejado de ser imparcial para convertirse en una herramienta al servicio de intereses ideológicos.
Y no cualquier ideología: la izquierda caviar, esa misma que se presenta como defensora de derechos, ha convertido al Ministerio Público y al Poder Judicial en sus trincheras. Desde ahí persigue sin tregua a sus adversarios políticos —los casos de Keiko Fujimori, Alan García, Rafael López Aliaga y Luis Castañeda son paradigmáticos— y al mismo tiempo protege con escandalosa pasividad a sus aliados, como Gustavo Gorriti o Martín Vizcarra, cuyas investigaciones duermen en silencio judicial. No se trata solo de parcialidad: se trata de control institucional con fines políticos.
Esta colonización progresista del sistema judicial ha sido posible gracias a un mecanismo perverso: la provisionalidad como método de dominación. Las salas transitorias, los nombramientos a dedo, las renovaciones eternas y los concursos amañados han creado una casta de operadores judiciales que temen más a sus padrinos políticos que a la ley.
Frente a este panorama, el abogado penalista Humberto Abanto ha planteado una propuesta concreta, audaz y perfectamente viable para reformar el sistema desde sus cimientos. No es una reforma simbólica ni una promesa abstracta. Es un plan técnico, jurídico y político que podría implementarse en apenas 40 días, si la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República deciden actuar.
La reforma parte de una premisa simple: el sistema está podrido desde la cabeza. Por tanto, hay que cambiar la cabeza. Y para eso propone tres pasos inmediatos: convertir en permanentes las salas transitorias del Poder Judicial y del Ministerio Público; reformar las leyes orgánicas respectivas para permitir la convocatoria de nuevos concursos públicos; y financiar, mediante crédito suplementario, las plazas necesarias para que ingresen 20 nuevos jueces supremos titulares y 3 nuevos fiscales supremos.
Esto permitiría renovar la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, y desde ahí empujar una reforma en cascada que llegue hasta las cortes superiores, los juzgados especializados y las fiscalías provinciales. Es una jugada institucional que aprovecha los canales legales existentes para intervenir desde adentro, sin necesidad de vulnerar la autonomía judicial ni recurrir a parches improvisados.
La propuesta no requiere mayorías inalcanzables. Para aprobar la reforma legal, se necesitan apenas 66 votos en el Congreso. Y para el crédito suplementario, basta una mayoría simple. Es decir, no hay excusas técnicas ni políticas. Solo se necesita decisión.
El problema, como siempre, son los intereses enquistados. Aquellos que controlan hoy el sistema judicial no lo van a soltar fácilmente. Porque saben que si la justicia vuelve a ser neutral, imparcial y profesional, sus privilegios se acaban. Perderían el blindaje. Perderían el poder de persecución selectiva. Perderían el miedo que hoy imponen sobre jueces y fiscales honestos. Perderían el control.
La presidenta Boluarte tiene en sus manos la posibilidad de dar un giro histórico. No llegó al poder por el voto popular, pero podría ser recordada como la mandataria que reconstruyó el sistema judicial del país. Basta con que convoque a su gabinete, obtenga el respaldo del ministro de Economía, y presente al Congreso un paquete legislativo que contenga esta reforma integral.
No es una tarea imposible. Este mismo Congreso, al que tanto se critica, ya ha demostrado que puede tomar decisiones de fondo: desactivó la Sunedu, nombró al Defensor del Pueblo y reconfiguró el Tribunal Constitucional. Sí, es un Congreso con muchos errores, pero también con oportunidades. Esta podría ser la mejor.
El tiempo, sin embargo, no espera. El reloj institucional avanza. Y la justicia no puede seguir siendo un campo minado. Como bien dice Abanto, si no se actúa pronto, el Perú seguirá siendo un país donde la ley se usa como garrote para unos y como escudo para otros.