El artículo 88 de la Constitución Política dispone que es deber del Estado apoyar “preferentemente el desarrollo agrario”.
La importancia del sector agropecuario se debe a que: 1) produce los alimentos indispensables para la vida humana; 2) genera mucho empleo, principalmente en las extensas áreas rurales; 3) remedia la contaminación del medio ambiente; 4) brinda un ordenamiento territorial social y productivo, especialmente en lugares donde el Estado es inexistente; y 5) permite contar con áreas naturales para esparcimiento y turismo.
Por eso, y para lograr independencia y seguridad alimentaria, el sector recibe en el mundo múltiples ayudas y subsidios. La Unión Europea dispuso 387 mil millones de euros con este fin para el periodo 2023-2027. Estados Unidos destinó en los últimos cinco años 428 mil millones de dólares. En nuestra región, Colombia apoya a sus agricultores y ganaderos con créditos subsidiados, fondos de estabilización de precios, protecciones arancelarias y salvaguardas. Chile, mediante ayudas directas, seguros agrícolas subsidiados y financiamiento; y Ecuador, con ayudas públicas, precios mínimos o de sustentación y paquetes tecnológicos.
La lógica de estos apoyos presupuestales es que la abundancia de las cosechas agrícolas, por naturaleza perecibles, genera precios bajos de los alimentos en favor de los consumidores para, de esa manera, devolverles su esfuerzo económico tributario.
En 1969, la Reforma Agraria destruyó la producción agrícola, agroindustrial y ganadera del Perú, provocando miseria, abandono rural, terrorismo y narcotráfico. El éxodo de la población joven a las ciudades costeñas despobló el campo. Este modelo colectivista fracasó y generó un déficit en la producción agropecuaria que terminó por modificar los hábitos alimenticios del pueblo hacia la ingesta de productos importados de mala calidad.
A partir del año 2000, se empezó a revertir esta situación con la Ley N.º 27360 de Promoción Agraria. Luego de casi 30 años, gracias a que la inversión, la tecnología y los profesionales regresaron al campo, volvimos a tener una balanza comercial agraria positiva y pleno empleo formal en regiones como Ica y La Libertad.
El éxito actual no solo se observa en los récords de exportación de arándanos, uvas, paltas, espárragos, mangos, quinua, etc., o en la mayor producción de azúcar, arroz, café y cacao, sino en que la población está cambiando sus hábitos de consumo hacia los productos peruanos.
Sin embargo, esta ley promotora, ampliamente favorable al desarrollo del país, fue derogada a fines del año 2020 en una situación de desorden y caos social promovida desde la inacción y complicidad del gobierno de Francisco Sagasti.
Importamos todavía más de 4 millones de toneladas de maíz amarillo duro al año, que sirven principalmente para dar de comer a los pollos que consumimos; más de 2 millones de toneladas de trigo de segunda o de tercera para la fabricación de panes y fideos, base de la comida popular; y alrededor de 2 millones de toneladas de soya como alimento de animales. Carecemos de buenos aceites comestibles y de suficientes carnes y lácteos para nuestros niños y jóvenes; tampoco producimos el algodón peruano Tangüis y Pima que necesita la industria textil.
Por eso, requerimos con urgencia regresar a una política agraria promotora, para continuar desarrollando en todo el país las extensas áreas agrícolas, con pleno empleo, alimentos sanos y económicos, que ayuden a cubrir los déficits de proteínas y de alimentos frescos que sufre nuestro desnutrido pueblo.