Abogado 

Enrique Carrillo Thorne

El artículo 88 de la Constitución Política dispone que es deber del Estado apoyar “preferentemente el desarrollo agrario”.

La importancia del sector agropecuario se debe a que: 1) produce los alimentos indispensables para la vida humana; 2) genera mucho empleo, principalmente en las extensas áreas rurales; 3) remedia la contaminación del medio ambiente; 4) brinda un ordenamiento territorial social y productivo, especialmente en lugares donde el Estado es inexistente; y 5) permite contar con áreas naturales para esparcimiento y turismo.

Por eso, y para lograr independencia y seguridad alimentaria, el sector recibe en el mundo múltiples ayudas y subsidios. La Unión Europea dispuso 387 mil millones de euros con este fin para el periodo 2023-2027. Estados Unidos destinó en los últimos cinco años 428 mil millones de dólares. En nuestra región, Colombia apoya a sus agricultores y ganaderos con créditos subsidiados, fondos de estabilización de precios, protecciones arancelarias y salvaguardas. Chile, mediante ayudas directas, seguros agrícolas subsidiados y financiamiento; y Ecuador, con ayudas públicas, precios mínimos o de sustentación y paquetes tecnológicos.

La lógica de estos apoyos presupuestales es que la abundancia de las cosechas agrícolas, por naturaleza perecibles, genera precios bajos de los alimentos en favor de los consumidores para, de esa manera, devolverles su esfuerzo económico tributario.

En 1969, la Reforma Agraria destruyó la producción agrícola, agroindustrial y ganadera del Perú, provocando miseria, abandono rural, terrorismo y narcotráfico. El éxodo de la población joven a las ciudades costeñas despobló el campo. Este modelo colectivista fracasó y generó un déficit en la producción agropecuaria que terminó por modificar los hábitos alimenticios del pueblo hacia la ingesta de productos importados de mala calidad.

A partir del año 2000, se empezó a revertir esta situación con la Ley N.º 27360 de Promoción Agraria. Luego de casi 30 años, gracias a que la inversión, la tecnología y los profesionales regresaron al campo, volvimos a tener una balanza comercial agraria positiva y pleno empleo formal en regiones como Ica y La Libertad.

El éxito actual no solo se observa en los récords de exportación de arándanos, uvas, paltas, espárragos, mangos, quinua, etc., o en la mayor producción de azúcar, arroz, café y cacao, sino en que la población está cambiando sus hábitos de consumo hacia los productos peruanos.

Sin embargo, esta ley promotora, ampliamente favorable al desarrollo del país, fue derogada a fines del año 2020 en una situación de desorden y caos social promovida desde la inacción y complicidad del gobierno de Francisco Sagasti.

Importamos todavía más de 4 millones de toneladas de maíz amarillo duro al año, que sirven principalmente para dar de comer a los pollos que consumimos; más de 2 millones de toneladas de trigo de segunda o de tercera para la fabricación de panes y fideos, base de la comida popular; y alrededor de 2 millones de toneladas de soya como alimento de animales. Carecemos de buenos aceites comestibles y de suficientes carnes y lácteos para nuestros niños y jóvenes; tampoco producimos el algodón peruano Tangüis y Pima que necesita la industria textil.

Por eso, requerimos con urgencia regresar a una política agraria promotora, para continuar desarrollando en todo el país las extensas áreas agrícolas, con pleno empleo, alimentos sanos y económicos, que ayuden a cubrir los déficits de proteínas y de alimentos frescos que sufre nuestro desnutrido pueblo.

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La política agraria, por Enrique Carrillo Thorne

Recientes estudios estiman que el movimiento económico de la minería ilegal supera los 22 mil millones de soles. Esta actividad ilícita se ha convertido en el principal crimen organizado en territorio peruano, superando al narcotráfico. Destruye la flora y fauna, no paga impuestos, alienta además la violencia, la explotación infantil, la prostitución y el robo, entre otras lacras. La Constitución Política establece en su artículo 66 que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento, para lo cual otorga a los particulares concesiones para su utilización o explotación. Sin embargo, el derecho de concesión está siendo demolido anticonstitucionalmente desde el propio Estado bajo la justificación de resolver un “problema social”, ya que alrededor de medio millón de personas se dedican ilegalmente a esta actividad. Para ese fin, han creado el REINFO, registro integral de formalización minera, donde basta declarar que uno se dedicará a esta actividad, sin acreditar la titularidad de una concesión minera, para que pueda impunemente extraer o robar mineral en concesiones ajenas. Debido a esta política de Estado, al dinero ilícito que genera, y a la falta de respeto a la propiedad pública y privada, casi todas las concesiones mineras del país están invadidas por la minería ilegal. En las alturas andinas y en las selvas enmarañadas, donde no existe Estado de Derecho, las autoridades evaden sus obligaciones y crece día a día la impunidad. En la provincia de Pataz, pese al estado de emergencia, los mineros ilegales siguen volando torres de alta tensión, ante la inoperancia de las autoridades.

El Estado debe apoyar la minería formal para que prospere y genere puestos de trabajo; además debe atacar los circuitos de blanqueo de los minerales ilegales; y, crear una unidad policial especializada con competencia nacional para erradicar la minería ilegal.

El emprendimiento minero, especialmente de la pequeña y mediana minería, está sobre regulado, de manera que el costo de los excesivos estudios y permisos obligatorios impide su desarrollo, lo que es aprovechado por la delincuencia. De lo que establecía el régimen promotor de la Ley General de Minería a la realidad jurídica actual, hay decenas de nuevas disposiciones que frenan su avance. Para viabilizar el negocio minero formal hay que desmontar la sobre regulación, lo que posibilitará el desarrollo de más minas y la demanda de trabajadores, que provendrán de la actividad ilícita donde son explotados.

En la minería ilegal, los grandes beneficiados son los reducidores, que castigan fuertemente el precio de compra y se escudan en los REINFO para blanquear lo adquirido. Estos compradores son acopiadores o empresas “formales”, cuyos almacenes o plantas concentradoras se ubican, en la mayoría de los casos, en la costa, donde es relativamente fácil intervenir.

Para ello, se requiere de una unidad policial especializada que tenga el apoyo logístico de las empresas mineras formales, que investigue las prácticas y modalidades de la minería ilegal, especialmente de los reducidores, para identificarlos y penalizarlos, cortando así el círculo vicioso del dinero.