Las marchas de los mineros en el país, en las que están los informales, artesanales (incluyendo los que se consideran ancestrales) e ilegales, son solo la punta del iceberg de grandes y poderosos intereses que se esconden detrás de los miles de casos blancos, chalecos relucientes y los 120 soles diarios que recibe la mayoría (según el premier Arana), que han salido a protestar a las calles, o, mejor dicho, a bloquear las principales carreteras del norte, centro y sur del país, causando un grave perjuicio económico para todos los peruanos. Es difícil no darse cuenta de quiénes están detrás, y por eso debemos hacer un ejercicio de opinión, poniéndolos sobre la mesa para el escrutinio ciudadano y de las autoridades. Hay una persona fallecida ya; las autoridades investigan las causas de muerte. Esperemos que no haya más en los próximos días.
Pero, ¿de quién(es) es “la(s) mano que mece(n) la cuna”? Veamos. Para nadie es un secreto que, por años, algunas ONG antimineras —de las que son (o han sido) activos miembros personajes como el “cura” Arana o la ex premier del “castillismo” Mirtha Vásquez— se han opuesto a la actividad minera, para lo cual se dedicaron a organizarlos, pero no para que estos se formalicen, sino para que “luchen” contra la gran minería, convirtiéndolos de esa manera en “enemigos jurados” del capitalismo. Muchos hasta ahora no se dan cuenta del juego. Por eso afirmamos que una primera hipótesis de trabajo es que, detrás de estas marchas, está, de todas maneras, la motivación ideológica y política de grupos con agenda propia.
También se han visto, en algunas investigaciones —en especial en la zona de Cusco—, grupos de abogados que vieron que organizar a los mineros informales, artesanales o ilegales (en este caso, incorporarlos) era absolutamente rentable, porque con argucias legales, con “nuevos sustentos”, podían meterle las manos a los bolsillos de los mineros formales y sacarles, en algunos casos, cientos de millones de soles o dólares por el precio de los terrenos. No hay que olvidar que estos abogados obligaban a los comuneros (mineros) a abrir cuentas bancarias a su nombre, para ser ellos quienes distribuirían los dineros mal habidos, aplicando el espíritu extorsivo que diseminaban en la zona. Es decir, también hay motivos económicos de muchos facinerosos.
Por último, el ingreso al país de más de 15 organizaciones criminales de países como Brasil, Venezuela, Colombia, México y Ecuador, quienes vienen por las economías criminales, entre ellas la minería ilegal. Este fenómeno ha hecho “sentir su poder” al haber secuestrado y asesinado a varios mineros informales o en proceso de formalización, para poder someter a todos aquellos que lleguen hasta estos lugares y así poder “controlar” el dinero y el oro. Los delincuentes peruanos se convirtieron en los verdugos de quienes cometieron el grave error de “contratarlos” antes para que los cuiden.
Finalmente, es por eso que el asunto del REINFO se convierte en un tema intrascendente para quienes están detrás de la minería ilegal o informal, porque de todas formas su “proceso” para apoderarse de la economía criminal ligada a la minería continuará. Ellos no se preocupan si los mineros se formalizan, porque igual los extorsionarán, asesinarán, torturarán si no se “alinean” con ellos. El problema es grave; es por eso que no le hacen bien al país (ni a la minería) quienes, desde el Congreso, pretenden legitimar normas que faciliten ampliar más plazos en la formalización. Al contrario, deberían saber que, tal vez, una gran organización de mineros formales podría ayudar a acabar con la criminalidad transnacional, los abogados con espíritu extorsivo y los antimineros politizados e ideologizados.
Sí se puede.