El Perú no está siendo invadido con tanques ni cañones. Hoy lo penetran con subvenciones, talleres, consultorías y líneas de ayuda al desarrollo. Todo en nombre de la “paz”, los “derechos humanos” y la “cooperación”. Pero debajo de esa filantropía se esconde una maquinaria ideológica que busca, con dinero ajeno, cambiar el alma del país.

El informe titulado The Pink Tide of EU Aid: How Brussels Funds Woke Latin American NGOs Posing as Civil Society, publicado esta semana por el Centro de Derechos Fundamentales con sede en Budapest y Madrid, constituye el análisis más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre la financiación europea a ONG con agenda ideológica en América Latina. El documento, elaborado con precisión forense por el investigador Jorge González-Gallarza y la colaboración del académico peruano Gustavo Nakamura, entre otros, demuestra con cifras, proyectos, actores y contenidos cómo Bruselas ha destinado más de 939 millones de euros entre 2014 y 2024 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas implicadas en la difusión del progresismo identitario, el transactivismo, el aborto y el indigenismo radical.

Las secciones del caso peruano del informe son, sencillamente, escandalosas.

La ONG Promsex, conocida por sus campañas a favor del aborto sin restricciones, y salpicada por denuncias de abusos sexuales dentro de su propia estructura, figura como una de las principales receptoras de fondos europeos en el Perú. Su aliada, el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH), aparece en el informe por usar dinero europeo para producir informes donde se afirma que la pandemia del COVID-19 se desarrolló en un “contexto lesbofóbico, capitalista y colonial”.

No se trata de caricaturas. Esto se paga con dinero de Bruselas.

El Centro de Políticas y Derechos Humanos Perú Equidad recibió más de seis millones de euros para impulsar proyectos sobre infancia trans, autonomía indígena, participación “ciudadana” y demás ejes del evangelio interseccional. Y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) figura como beneficiaria directa de al menos cuatro millones de euros entre 2017 y 2020. ¿Su agenda? Reformular el Estado desde la cosmovisión ancestral, con enfoque de género, contra el patriarcado, la medicina occidental y el capitalismo.

Estas ONG no sólo no representan a la sociedad peruana. La desprecian. Su narrativa parte de la premisa de que somos un país fallido, colonial, transfóbico, violento, estructuralmente culpable. El campesino andino que quiere sembrar y educar a sus hijos es para ellas un sujeto por reeducar. El ciudadano que cree en la familia, la religión o la soberanía es considerado una amenaza.

El dinero europeo sirve, en este esquema, para privilegiar a grupos ideológicos minoritarios, imponer agendas externas y litigar contra el propio Estado peruano en instancias internacionales. La misma Unión Europea que niega fondos a Hungría por defender a la familia, premia en el Perú a organizaciones que promueven la sexualización infantil bajo la etiqueta de “educación integral”.

El caso de la campaña Checkea, promovida por APRODEH con fondos europeos, roza el delirio: un proyecto de “verificación de hechos” que califica como “fake news” toda crítica a las ONG, al sistema interamericano de derechos humanos o al Ojo que Llora. Según ese criterio, los peruanos que no comparten la agenda progresista son poco menos que enemigos del Estado de derecho.

La respuesta institucional ha sido, hasta ahora, tibia. Pero en marzo de este año, el Congreso dio un primer paso: reformó la ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para impedir que ONG con financiamiento extranjero operan como brazos jurídicos contra el Estado sin declarar sus fuentes. No es persecución. Es soberanía mínima.

La pregunta es más profunda: ¿a qué Estado sirve una élite (caviar) que entrega las llaves de la identidad nacional a burócratas de Bruselas? ¿Puede hablarse de democracia cuando el ciudadano vota, pero las ONG (caviares) reescriben el currículo escolar, la narrativa histórica y la política de salud pública con dinero extranjero y los típicos aliados nacionales?

El colonialismo ya no necesita uniformes. Tiene sedes en Miraflores, en San Isidro, en Jesús María, en la redacción de ciertos medios y en los salones de las universidades capturadas. El nuevo colonizador ya no impone un régimen dictatorial; impone una ideología esclavizadora y antinacional. Exige sumisión semántica y subordinación moral.

El Perú real, el que trabaja, cree, cría y sobrevive, no ha sido consultado, pero jamás será vencido.

Lea el informe aquí: https://alapjogokert.hu/uploads/pdf/NGOs.pdf