La seguridad social sigue siendo un instrumento de política social válido, más aún en momentos de crisis sanitaria como la derivada de la crisis del COVID-19. Por otro lado, la Oficina Internacional del Trabajo, a lo largo del tiempo, se convirtió en un referente y soporte técnico en la realización de estudios técnico-actuariales que permitieran el adecuado cálculo de las tasas de aportaciones en función de los costos de las prestaciones otorgadas a los asegurados y la ampliación de cobertura a favor de sus derechohabientes.
El financiamiento de la seguridad social debe respaldarse en la eliminación de las tasas diferenciadas o subsidios en el pago de aportaciones. A la vez, debe mejorarse la recaudación y cobranza de los adeudos que mantienen los empleadores con EsSalud. Actualmente, los empleadores aportan el 9 % como cuota patronal, monto calculado en función del ingreso de cada trabajador, mientras que los trabajadores adscritos a las AFP u ONP cubren íntegramente el aporte previsional en sus cuentas individuales o, en su defecto, aportan el 13 % a favor de la ONP.
Desde la creación de las AFP han transcurrido más de tres décadas, tiempo suficiente para evaluar el impacto que ha tenido, en el tiempo, la administración privada de los fondos de pensiones. La población peruana está marcada por un proceso de transición demográfica, caracterizado por la existencia de un “bono demográfico” signado por un grueso sector de la población en edad productiva y reproductiva. Por otro lado, ha aumentado sostenidamente la población mayor de 65 años. El sistema privado de pensiones, al coexistir con el sistema público de pensiones administrado por la ONP (adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas), ha tenido que mostrarse dinámico y proactivo en la defensa de un sistema que ha estado permanentemente expuesto a la crítica y censura política. El SPP no ha tenido éxito en ampliar la cobertura en un mercado laboral afectado por la alta tasa de informalidad, ingresos limitados y por la intermitencia en los aportes.
Si en los primeros años existieron hasta incluso nueve AFP, lo cierto es que los procesos de fusión o retiro del mercado fueron manifiestos durante el primer lustro de creación de las administradoras privadas. Con la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano se ha pretendido corregir errores, tratando de garantizar en el sistema público el otorgamiento de una pensión mínima como contraprestación, luego de que el trabajador haya aportado al menos 240 cuotas mensuales.
Cómo explicar que el SPP no pueda asegurar el pago de una pensión mínima equivalente al monto que ofrece la ONP, merece análisis y reflexión. El sector privado no puede pagar pensiones más altas o mínimas si es que carece de recursos para hacerlo. La solvencia no la puede asegurar cada AFP, porque no las anima un propósito solidario o de renuncia a sus expectativas de obtener mayores ganancias. Por ello, es oportuno mostrar cifras y estadísticas, por parte de la ONP como por parte de cada una de las cuatro AFP.
El mercado de las AFP es oligopólico, lo que ha limitado la competencia y seguramente permitido que las comisiones cobradas no sean tan competitivas. El Estado tiene una mirada particular, mientras que el sector privado se rige por otras consideraciones, resultando claro que no van a asumir pasivos que afecten la rentabilidad del sistema o reduzcan sustancialmente sus utilidades.
El Estado tal vez sea el mejor garante en materia pensionaria, sin embargo, tampoco se puede caer en el populismo demagógico e irresponsable. En los últimos años, la ofensiva contra las AFP tomó un cariz político más intenso, sin que las AFP hayan tenido capacidad de respuesta.
Considero que las AFP son eficientes en el pago de pensiones más altas a los trabajadores de mayores ingresos, sin embargo, es evidente que no han cubierto las expectativas de un sector amplio de afiliados. Me pregunto por qué no se ha sincerado la información para conocimiento de los afiliados. Las crisis financieras internacionales afectaron más de una vez los fondos privados. En el 2016 se autorizó el retiro del 95.5 % de los fondos administrados, con la intención de que cada trabajador pudiera contar con un “capital semilla” para acometer emprendimientos nuevos. Hasta la fecha, no se ha realizado un estudio serio que pueda evaluar el resultado obtenido como consecuencia de “nuevas inversiones”. A la vez, se supone que los fondos retirados por los afiliados en los últimos años han sido gastados para cubrir deudas vencidas o incluso para gastos superfluos. Es imperativo estudiar y analizar cómo el sistema privado de pensiones tiene serias limitaciones en su expansión, careciendo de respuestas oportunas y no siendo capaz de persuadir de sus bondades. Es importante educar a los afiliados y sincerar la información.
La seguridad social no va a desaparecer. El sistema público de pensiones está respaldado por el Tesoro Público, mientras que las AFP parecen carecer de respuestas y propuestas.
Por lo pronto, que las AFP exhiban sus logros y difundan los montos de las pensiones que abonan a sus pensionistas en general. El debate no ha concluido.