En medio de una crisis política sin precedentes y con las elecciones generales del 2026 en el horizonte, el Congreso de la República enfrenta una de sus decisiones más trascendentales: la conformación de su nueva Mesa Directiva. No se trata solo de una renovación de cargos, sino de definir si el Parlamento será un muro de contención ante el colapso institucional o, por el contrario, una puerta abierta para quienes buscan capturar el poder desde adentro.

En este contexto, conversamos con el congresista José Cueto Aservi, quien no solo aspira a integrar este órgano clave del Legislativo, sino que lanza una dura advertencia: el Perú arrastra más de 25 años de control caviar, una élite que, bajo el disfraz del progresismo, habría manipulado las instituciones y distorsionado el rumbo del país. Para Cueto, llegó el momento de poner freno a esa inercia corrosiva y reordenar el Estado desde sus cimientos.

¿Cuál es el rol de la nueva Mesa Directiva frente a la crisis política, considerando que es la última de esta administración?

Efectivamente, tenemos una serie de problemas en el ámbito político, que no son de ahora, sino que vienen de años atrás y se han ido agravando. A eso se suma la famosa coyuntura de puertas abiertas, sobre todo en el tema migratorio, que ha permitido el ingreso del crimen transnacional organizado. Esto ha hecho que la crisis política se incremente aún más. Tenemos un Ejecutivo que no da pie con bola, y, a pesar de los esfuerzos de la Policía, se encuentran con una pared. Esto también se debe a la crisis del sistema de justicia, particularmente en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que no colaboran. Y todo termina, como siempre, culpando al Congreso. Lo poco bueno que hacemos no se nota, y lo malo se amplifica. Hay errores individuales y también grupales, lo que ha llevado a una imagen muy deteriorada del Congreso.

Usted se perfila para integrar la nueva Mesa Directiva. ¿Ha hablado ya con algunas bancadas para formar una lista multipartidaria?

Sí, justamente por eso es que algunas bancadas de oposición me han llamado para formar parte de una Mesa Multipartidaria, no solo de oposición al gobierno, sino con una oposición responsable. Hemos tenido en los últimos años grupos que manejaron el Congreso con pocos aciertos y muchos errores, sobre todo en la parte organizativa y administrativa. Esto ha generado una mala imagen institucional que debemos revertir.

Hay otra lista que se estaría formando con nombres como el señor Jeri, Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, e Illich López, vinculado al caso “Los Niños”. ¿Cómo usted percibe esa alternativa?

Concuerdo contigo. Hay que votar por una Mesa Directiva que contribuya a estabilizar el país. Nuestra propuesta busca evitar más maltratos institucionales y reorganizar administrativamente el Congreso, sobre todo de cara a la bicameralidad. Estamos aún en conversaciones porque aquí manda la “dictadura de los votos”, como dicen, y se necesita llegar a consensos reales.

Hablemos sobre el enfrentamiento entre Delia Espinosa y Liz Patricia Benavides en el Ministerio Público. ¿Qué opinión tiene sobre esta crisis en el sistema de justicia?

Es lamentable. Es un espectáculo penoso. Nunca había visto a fiscales comportarse como niños peleando por una muñeca. Tenemos un sistema de justicia desordenado, con una JNJ mal conformada desde la época del expresidente Vizcarra. No hay autoridad. La fiscal actual no respeta ni lo que dice el Congreso ni lo que ordena el Tribunal Constitucional. Todo esto impacta negativamente en la lucha contra la criminalidad.

Se ha discutido también la ley de amnistía. Para muchos es un avance, pero también genera rechazo. ¿Cuál es su posición?

Yo la apoyo totalmente. Esta ley tiene solo dos artículos. El primero elimina los juicios interminables contra militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa. Muchos llevan 20 o 30 años en procesos sin sentencia. Y el segundo artículo, por humanidad, busca beneficiar a mayores de 70 años con condena, para que puedan cumplirla en mejores condiciones. Quienes se oponen son los mismos de siempre: IDL, “caviares” y otros grupos que han vivido enfrentando al Estado. Dicen que es impunidad, pero no lo es. Es justicia con plazo razonable. La justicia que demora, no es justicia.

También se ha hablado del rol de organismos internacionales como la CIDH y cómo esto interfiere con la soberanía jurídica nacional.

No tenemos por qué hacerle caso a organismos como la CIDH. Pueden hacer recomendaciones, pero no son mandatos. Que no nos vengan con el cuento de que la comunidad internacional se va a escandalizar. Vizcarra, por ejemplo, quiere acudir a instancias internacionales para volver al poder. Nadie eligió a esos organismos supranacionales, no tienen por qué imponerse sobre nuestras instituciones.

Últimamente también se han convocado paros, como el de mineros y el próximo de transportistas. ¿Ve que estas movilizaciones tienen un trasfondo político?

Por supuesto. Son paros politizados, impulsados por grupos radicales que buscan sacar a la presidenta Dina Boluarte para generar caos e ingobernabilidad. Ya lo hicieron antes. Buscan mártires para victimizarse y justificar protestas violentas. Eso no es protesta, eso es terrorismo, y debe sancionarse.

Estamos entrando al último año del gobierno de Boluarte y del actual Congreso. ¿Urge un cambio de ciclo?

Aquí no se trata solo de los llamados “caviares”. Hay personas de distintas corrientes ideológicas, especialmente de izquierda —algunos se llaman socialistas, otros comunistas—, que han llegado al poder con discursos ideológicos, pero en el fondo han sido gobiernos profundamente mercantilistas. Es decir, han priorizado el dinero por encima de cualquier principio. No importa si vienen de la derecha o la izquierda, al final lo que buscan es enriquecerse, ganar algo, aprovecharse del sistema. Usan la ideología solo como una herramienta para acceder al poder, pero una vez ahí, su objetivo es claro: perpetuarse y beneficiarse de las ventajas del poder. Paradójicamente, muchos de los que se dicen comunistas terminan siendo los más capitalistas, por cómo manejan los recursos y los privilegios. Solo hay que mirar lo que ocurre en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y ahora incluso en Chile y Colombia. Son países donde este modelo ha fracasado, ha llevado a la represión o al colapso institucional. Y, lamentablemente, hay una estrategia regional para que el Perú también siga ese camino. Estamos rodeados, y pareciera que se busca que el Perú, que aún es uno de los pocos países que defiende una democracia funcional, también caiga.

¿Cómo se combate la narrativa dominante de ciertos sectores?

La narrativa se combate dando la batalla cultural: en lo económico, lo social, lo educativo, lo político. Hay que fomentar el pensamiento crítico, sobre todo en los jóvenes. Hoy están absorbidos por las redes sociales, por la tecnología, pero no reflexionan. No investigan. Eso hay que cambiar.

Si usted llega a la Mesa Directiva, ¿qué acciones urgentes tomaría?

Si llegamos, lo primero es devolverle al Congreso su rol de servicio al ciudadano. Mejorar la administración interna, encaminar seriamente la bicameralidad y recuperar la imagen institucional. Los congresos en el mundo no son populares, pero acá hemos llegado al extremo. Tenemos que corregir eso.