El Perú debe apoyarse en un sistema de partidos políticos que fortalezca la institucionalidad democrática. A lo largo de la historia nacional, los militarismos se expresaron en golpes de Estado, tanto en el siglo XIX como durante el siglo XX. Los militarismos del primer medio siglo republicano dieron paso a la formación del Partido Civil. Luego de la Guerra con Chile, surgió un período marcado por un nuevo militarismo. La República Aristocrática dio señales de cierta estabilidad política. El oncenio de Leguía estuvo marcado por sucesivas reelecciones presidenciales, teniendo su ocaso en un contexto definido por la crisis internacional derivada del crack de octubre de 1929.

Surgiría luego un militarismo de sesgo antiaprista, en el que el Ejército y las Fuerzas Armadas en general fueron aliados de la llamada oligarquía. El APRA sería un partido proscrito durante décadas, llegando incluso las Fuerzas Armadas, en julio de 1962, a expresarse políticamente a través del llamado “veto” a Víctor Raúl Haya de la Torre.

Los golpes de Estado en 1930, 1948, 1962 y 1968 fueron parte del acontecer nacional. El golpe del 3 de octubre de 1968, liderado por Juan Velasco Alvarado, fue la expresión de una nueva visión política al interior de las Fuerzas Armadas. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, durante el septenato velasquista, fue contrario a cualquier apertura democrática. La segunda fase del gobierno militar, presidida por el general Francisco Morales Bermúdez, optó por dar pasos seguros hacia un largo proceso de transición democrática. Las elecciones a la Asamblea Constituyente fueron convocadas para el 18 de junio de 1978. Los asesores del gobierno militar diseñaron la figura del voto preferencial con el claro propósito de afectar el liderazgo de Haya de la Torre al interior del APRA. El líder aprista superó el millón de votos preferenciales, presidiendo las Juntas Preparatorias. Con el voto del Partido Popular Cristiano (25) y del APRA (37), sería elegido presidente de la Asamblea Constituyente Víctor Raúl Haya de la Torre.

La dictadura velasquista prescindió de formar un partido político y optó por movilizar a la población a través de un organismo estatal como el SINAMOS. Hasta el autogolpe del 5 de abril de 1992, el Perú tuvo un sistema de partidos políticos con la presencia de un partido de masas como el APRA; Acción Popular; el Partido Popular Cristiano, con presencia en Lima; y un grupo de partidos de izquierda marxista que participaron en las elecciones generales de 1985 respaldando la candidatura de Alfonso Barrantes Lingán.

Alberto Fujimori, luego del 5 de abril, adoptó un discurso contrario a los partidos políticos, señalando que la “partidocracia” era la causante del fracaso nacional.

La Constitución de 1993 aprobó la reelección presidencial, optó por la cámara única y el distrito nacional único. La renuncia de Alberto Fujimori y el retorno de Alan García al Perú generaron un nuevo escenario político. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se promulgó la Ley de Partidos Políticos, impulsada por el jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla. La ley aprobada burocratizó la política; se inició una etapa de excesivo reglamentarismo, diseñándose el financiamiento público de los partidos políticos.

Durante el gobierno de Martín Vizcarra fue designada una Comisión de Alto Nivel, presidida por el exjefe de la ONPE Tuesta Soldevilla. Se elaboró un denso informe, en momentos en que el gobierno trataba de capitalizar políticamente las investigaciones del caso Lava Jato. La reforma política ha generado que hoy el país cuente con 43 partidos políticos inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Es claro que la reforma política ha alentado la facilidad en la formación de nuevos partidos. Asesores y consultores especializados en “dar vida” a nuevos partidos han encontrado una oportunidad laboral. Se ha generado un nuevo “boom”: el sueño de tener un partido propio. Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli, tan estrechamente vinculados, han alcanzado ese sueño. Vizcarra sigue haciendo proselitismo político en todo el país, a pesar de haber sido inhabilitado tres veces por el Congreso de la República. Más aún, afronta cargos penales y, seguramente, será sentenciado a pena privativa de libertad en las próximas semanas. Vizcarra gana tiempo y demuestra que no le preocupa generar problemas. Por ello, ha anunciado que su hermano César Vizcarra sería eventualmente candidato presidencial.

Los teóricos de la reforma política deben sentirse orgullosos de haber acentuado la precarización de la política en el país. Los partidos políticos deberían ser la expresión de corrientes de opinión, de pensamientos y de filosofía política. Los nuevos partidos no son partidos de masas ni de cuadros: son “vientres de alquiler” ávidos de poder.

Hoy el Perú deja de lado el debate político o doctrinario para dar paso a un escenario de caos y anarquía electoral. Las unidades de investigación de varios medios de comunicación han corroborado la masiva falsificación de firmas de militantes en los nuevos partidos. Los organismos electorales señalan que el ordenamiento legal no les permite denunciar penalmente a los infractores ni excluir del proceso electoral a los partidos que han logrado su inscripción de manera dolosa. Lo cierto es que ha aumentado la oferta electoral, generándose un mercado con creciente demanda para alcanzar un lugar en las listas al Senado o a la Cámara de Diputados.

Hoy los partidos no necesitan cuadros, pensadores, filósofos o activistas; por el contrario, surgen nuevos emprendimientos en torno a la política. Juan Velasco Alvarado denostó de los partidos políticos a lo largo de todo su gobierno.

Por su parte, Martín Vizcarra —el golpista del 30 de septiembre— se siente invencible, más aún por la cercanía política que mantiene con el actual presidente del Congreso, José Jeri. Son los tiempos de César Acuña, de Luna Gálvez y de los “niños” de Acción Popular.

El transfuguismo es tolerado políticamente, quedando atrás la disciplina y la lealtad partidaria. Actualmente, un congresista es elegido por un partido y tiempo después renuncia a su grupo parlamentario original, pasando a integrar otro grupo o la bancada de los “no agrupados”. Sin trayectoria política en muchos casos, los actuales congresistas utilizan la modalidad “remota” para no asistir a las sesiones plenarias o de comisión. Debe eliminarse el vicio de la llamada “semipresencialidad”. La semana de representación no cumple su cometido y frena el trabajo inherente a la función congresal, interrumpiendo muchas veces la labor de fiscalización y control político.

Las elecciones de 2026 deben permitir que prime el debate político e ideológico por un lado, y el debate programático por otro. El Perú no necesita decenas de partidos políticos: necesitamos partidos con militantes leales y disciplinados que mantengan en alto sus ideales.