La reprogramación de la audiencia en la que se debía resolver la apelación planteada por la fiscalía para hacer efectiva la prisión preventiva del procesado Martín Vizcarra ha llamado profundamente la atención. El juicio oral contra el inhabilitado expresidente Martín Vizcarra viene demostrando el poco interés en impulsar celeridad a un proceso judicial que, por su naturaleza y connotación, reviste la mayor importancia. Vizcarra pareciera sentirse seguro de que seguirá en libertad durante su largo juicio oral, lo que le permite crear la atmósfera de que sigue en campaña electoral a lo largo y ancho del territorio nacional. Ha alcanzado el “sueño del partido propio”, amparándose en la laxitud de las normas exigidas a los nuevos partidos políticos, que han podido inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Un sinnúmero de agrupaciones políticas están prestas a participar en las próximas elecciones generales, siendo evidente que las autoridades electorales no tienen el menor interés en sancionar a los partidos que han incurrido en acciones dolosas, falsificando centenares de firmas de adhesión a nuevas agrupaciones políticas. Vizcarra goza de una aparente impunidad, a lo que se suma la inacción de las autoridades electorales.

Por otro lado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, virtualmente se ha negado a cumplir con un mandato judicial que ordena la reposición como fiscal suprema de la Dra. Patricia Benavides. La fiscal de la Nación incurre en desacato y pareciera dispuesta a mantenerse intransigente.

La actitud de Gustavo Gorriti es reveladora. No concurre a las citaciones programadas, se niega a prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público y, por cierto, desafía al Congreso de la República. A lo largo del tiempo, Gorriti ha demostrado que es un operador político de Odebrecht. ¿Cómo explicar que haga uso y abuso del poder casi ilimitadamente? El Perú ha sido testigo de cómo se ha convertido en el censor de la vida nacional, mostrándose seguro de poder desafiar a un poder del Estado.

Se puede afirmar que el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ha significado una cesión de derechos y el otorgamiento de excesivas concesiones a una empresa que tuvo como norte hacerse de las principales obras de infraestructura en nuestro país, corrompiendo a exjefes de Estado y altos funcionarios de diferentes administraciones. El Instituto de Defensa Legal, bajo el liderazgo de Gorriti, ha ido acentuando su poder e influencia en la política nacional. La “trama de Odebrecht” no ha concluido.

En las elecciones generales del próximo año se pondrá una vez más de manifiesto el peso e influencia de la llamada “judicialización de la política”. La democracia debe defenderse de la influencia nefasta de actores de la llamada “sociedad civil”. Más de cuarenta agrupaciones políticas conforman un universo electoral en el que no será el debate político o ideológico lo que prime.

El Perú no puede soslayar la influencia de la minería ilegal, del narcotráfico y del crimen organizado en el próximo proceso electoral. Más aún, es inaceptable que Martín Vizcarra y Gustavo Gorriti sientan que están por encima de la ley. Existen claros indicios de que el expresidente optaría por rehuir el mandato de la justicia, ya sea abandonando el país o buscando asilo en alguna embajada.

Martín Vizcarra, Gustavo Gorriti y Delia Espinoza deben comprender que nadie está por encima de la ley.