Sorprenden —aunque ya no tanto, dada lo bizarro de nuestra realidad actual— las explicaciones a los acontecimientos en Pataz y, en general, al boom de la delincuencia en nuestro país.

Desde la economía existe una teoría que explica sencilla y claramente lo que está ocurriendo en esa localidad: la teoría de los incentivos, también llamada teoría de atracción o incentivo de la motivación, dependiendo de la traducción. En términos simples, se refiere a cómo el agente económico (el individuo) responde a un determinado incentivo, ya sea motivador o desalentador. Hay muchísimos ejemplos muy sencillos: las multas de tránsito para que los conductores respeten la normativa, las tasas de interés, los subsidios, etc., ante los cuales los agentes económicos reaccionan de acuerdo con el incentivo recibido. Cabe mencionar que no todos los agentes económicos respondemos de la misma forma ante el mismo estímulo, pues es propio del ser humano tener comportamientos diversos.

Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que se entienda el concepto. Hay dos tipos de incentivos: económicos (recompensas o costos a asumir) y no económicos (premios, medallas que no implican dinero o, en el caso opuesto, castigos como la cárcel o el escarnio público).

En el caso de Pataz y la violencia en esa zona, hablamos de una región con una gran riqueza aurífera que cuenta con varias mineras operando, siendo la más destacada en los noticieros la compañía minera Poderosa. Ahora, para reflexionar: ¿el oro recién apareció hace poco tiempo en esa zona? No. ¿Entonces por qué recién se manifiesta una violencia tan brutal? Porque existen los incentivos para que ocurra.

¿Qué pena se establece para los delincuentes que cometen delitos tan graves como el asesinato de 13 personas en Pataz? La cárcel. Ese es un desincentivo para no delinquir más… aparentemente. No en Pataz. ¿Por qué? ¿Falló la teoría económica? Al contrario: encuentra plena justificación.

El oro está en precios históricamente altos, lo que incentiva su apropiación (ya sea vía explotación legal, ilegal o informal, o mediante el simple robo del mineral ya procesado). Ese precio también incentiva la explotación ilegal y el delito para apoderarse de él. El desincentivo que debería generar la aplicación de la fuerza por parte del Estado peruano para proteger a sus ciudadanos es casi nulo, lamentablemente.

¿Por qué, si tenemos un Código Penal que tipifica el delito y establece la pena? Desde mi punto de vista, porque el delincuente pone en una balanza —consciente o inconscientemente— el beneficio y el “costo” del delito (que, en términos estrictos, es la pena por el delito cometido). Si revisamos las estadísticas de la justicia en el Perú, no es difícil darse cuenta de que a muy pocos de los capturados se les abre proceso y, de esos pocos, aún menos son condenados. Es decir, cometo un delito (robo y asesinato, que son gravísimos) y la probabilidad de una condena es mínima, pero la probabilidad de ganancia es muy alta. ¡Díganme si no hay incentivos para delinquir!

Como este es un país en el que nos gusta hacer cargamontón, se le echa la culpa a la Policía (que captura, pero liberan a los capturados), al Ministerio Público (que no procesa y libera a los que captura la Policía) y a los jueces (que no condenan a los procesados, incluso con evidencia clara y pruebas flagrantes). ¿Por qué no hacen su trabajo? Nuevamente, hablamos de incentivos. Al policía, fiscal o juez que hace su trabajo, muchísimas veces las bandas delincuenciales los tienen amenazados, no solo a ellos sino también a sus familias. Entonces, también consciente o inconscientemente, ponen en una balanza: ¿hago cumplir la ley y me matan a mí o a alguien de mi familia, lanzan una granada a mi casa o a mi auto, o, para evitar eso, busco cualquier subterfugio legal para no llegar a la corte? Además, digamos que un sueldo no amerita exponer la vida propia o la de los seres queridos.

Creo que esto explica lo que está ocurriendo. La solución viene por lo que estamos exponiendo: los incentivos. Debemos crearlos para minimizar el delito, por ejemplo, retomando prácticas que en su momento tuvieron éxito: juicios exprés ante abundancia de pruebas, jueces sin rostro y penas efectivas muy severas para los delincuentes.

Hay que incrementar la cantidad de jueces y fiscales nombrados y reducir a los jueces y fiscales provisionales, pues estos están expuestos a presiones de quienes les renuevan los contratos. A la mayoría del país le queda claro que la justicia se ha utilizado como arma política, así que debemos procurar contar con jueces y fiscales sin posibilidad de ser presionados con la renovación de su puesto. Otro punto muy importante es la construcción de cárceles de alta seguridad en zonas remotas a las que dé miedo ir a parar. ¿Por qué dar miedo? Porque el miedo es un incentivo para no hacer lo que no debes. En las cárceles debe sobrar espacio; no debe existir el hacinamiento de los penales actuales, y deben ser lugares de rehabilitación.

El comportamiento del ser humano se guía por incentivos. Si se dan los incentivos correctos, podemos reducir el crimen y la impunidad, y allanar el camino para que la sociedad sea más próspera, con más inversiones que generen empleo. Hay que aplicar la ley y dar las salvaguardas necesarias para que quienes la aplican estén seguros.

No es el oro: es que hay incentivos para delinquir.

Nota final: Otro ejemplo de incentivos es el de los congresistas “mochasueldos” que no aprobaron una ley sobre la extorsión porque ellos mismos podrían verse condenados en caso de que se les abriera causa por la mochada de sueldo a su personal (“si no pagas, te saco del cargo que te he dado”). No había incentivo para aprobarla porque podrían ser condenados por extorsión. Un tema vomitivo, propio de estos tiempos, también ligado a los incentivos.