Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha abierto de forma deliberada un frente diplomático con el Perú al afirmar falsamente que la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera amazónica, pertenece a su país. Esta acusación carece de respaldo legal, histórico o geográfico. La realidad es contundente: Santa Rosa es y ha sido territorio peruano, reconocido por tratados internacionales y por la propia cartografía oficial colombiana.
Sin embargo, Petro ha optado por la confrontación. En un acto cargado de simbolismo y cálculo político, trasladó la conmemoración de la Batalla de Boyacá a la ciudad fronteriza de Leticia y, desde allí, declaró que Colombia “no reconoce la soberanía peruana” sobre Santa Rosa. Con ello inauguró una narrativa que combina victimismo nacionalista y oportunismo ideológico, características recurrentes en las estrategias de la izquierda latinoamericana.
La acusación de Petro se centra en la reciente creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, aprobada en julio de 2025 mediante la Ley N.° 32403. Según él, este acto administrativo habría violado el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que regula la asignación de nuevas formaciones insulares. Pero la realidad es otra: la isla surgió en la década de 1970 por procesos naturales, forma parte de la isla Chinería y ha estado bajo administración peruana desde entonces.
Mapas oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, elaborados en 2017, confirman que Santa Rosa se encuentra en territorio peruano. Incluso ciudadanos colombianos residentes en Leticia han reconocido públicamente que la isla siempre ha sido peruana, con bandera, autoridades y servicios del Estado peruano.
Lo que Petro presenta como una afrenta es, en verdad, una excusa política. Analistas como María Alejandra Trujillo sostienen que este conflicto actúa como “cortina de humo” para desviar la atención de la grave crisis interna en Colombia: inseguridad en aumento, desplazamientos forzados, baja aprobación presidencial y denuncias que alcanzan a su círculo de gobierno.
La ofensiva de Petro no se limitó a declaraciones. La Marina de Guerra del Perú denunció que un avión militar colombiano —modelo Super Tucano— sobrevoló Santa Rosa sin autorización, acción que fue calificada como “grave violación de soberanía”. En otro episodio, efectivos de la Policía colombiana intentaron ingresar a la isla sin permiso, siendo bloqueados por las fuerzas peruanas.
Estos incidentes, lejos de ser errores aislados, forman parte de una escalada calculada para reforzar la narrativa de confrontación. El gobierno peruano reaccionó con firmeza: la Cancillería presentó notas diplomáticas de protesta, el Congreso aprobó una moción multipartidaria de respaldo al Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte reiteró desde Japón que “la soberanía no está en conflicto ni es un tema pendiente de tratar”.
Este episodio encaja perfectamente en un patrón ya conocido en la política latinoamericana de izquierda: cuando el poder interno se debilita, se recurre a un enemigo externo para cohesionar a las bases y desviar el debate. Lo hizo Evo Morales con Chile y el mar; lo hizo Rafael Correa con Colombia; lo ha hecho Nicolás Maduro con Guyana. Ahora lo hace Gustavo Petro con el Perú.
Se trata de un libreto que mezcla nacionalismo artificial con victimismo y que busca proyectar al líder como defensor de la patria, mientras en realidad se huye de rendir cuentas por la gestión interna. En el caso colombiano, este montaje se produce en un contexto de deterioro económico, inseguridad creciente y denuncias que amenazan el legado político de Petro.
El izquierdismo, en su vertiente latinoamericana, no duda en tensionar las relaciones internacionales si con ello gana tiempo político. La prioridad no es la estabilidad regional ni el respeto a los tratados, sino la utilidad de la crisis para sostener una narrativa de resistencia frente a un supuesto “enemigo” exterior.
El Perú ha actuado con una posición unificada. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han dejado en claro que Santa Rosa es peruana y que no existe controversia que negociar. Las pruebas son irrefutables:
Tratado Salomón-Lozano de 1922 y Protocolo de Río de Janeiro de 1934 delimitan claramente la frontera.
Mapas oficiales colombianos confirman la soberanía peruana.
Presencia estatal permanente: autoridades locales, bandera, escuela, puesto de salud y banco peruanos en la isla.
Además, el respaldo ciudadano ha sido amplio. Figuras como Keiko Fujimori han advertido que “con el Perú no se juega” y han señalado a Petro como un “guerrillero” que pretende provocar inestabilidad. El mensaje es claro: la defensa de la soberanía es un asunto de Estado que trasciende ideologías internas.
La tensión podría tener un nuevo capítulo en la reunión binacional prevista para septiembre en Lima, donde Petro busca reactivar la Comisión Mixta Permanente (COMPERIF). El riesgo es que utilice este espacio para seguir amplificando su narrativa, incluso amenazando con acudir a instancias internacionales.
El Perú, por su parte, ha adelantado que no existe materia de controversia y que cualquier intento de desconocer su soberanía será rechazado. La estrategia peruana será mantener la firmeza diplomática, reforzar la presencia en la isla y exponer, con pruebas históricas y jurídicas, la invalidez de los argumentos colombianos.
La disputa por Santa Rosa no es, en esencia, un problema territorial. Es un síntoma del desgaste interno de un gobierno que recurre al manual del izquierdismo para mantenerse a flote. Petro ha fabricado un conflicto inexistente, disfrazándolo de legítima defensa, con el único fin de distraer a su país y ganar capital político.
Para el Perú, la lección es doble: en el plano internacional, no bajar la guardia ante la manipulación ideológica de la izquierda regional; y en el plano interno, mantener la unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía. La historia y el derecho internacional respaldan al Perú. El reto es impedir que la narrativa fabricada desde Bogotá logre erosionar ese respaldo.