Este lunes, Colombia despertó con una herida que no cerrará pronto. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y una de las figuras jóvenes más prometedoras de la política, murió tras dos meses de agonía. En junio, un mitin abierto se convirtió en trampa mortal. Los disparos que lo alcanzaron no solo silenciaron su voz: devolvieron a Colombia al recuerdo más oscuro de su historia reciente. La política volvió a escribirse a balazos, como si un proyectil pudiera sustituir la voluntad popular.

Y esto no es un episodio aislado ni un infortunio colombiano. Es el capítulo más reciente de un patrón que se repite de Caracas a La Paz, de Managua a Ciudad de México. En Iberoamérica, el patriota disidente se enfrenta a tres caminos de aniquilación: la bala, la toga y el destierro.

Ecuador lo aprendió el 9 de agosto de 2023, cuando Fernando Villavicencio, periodista incómodo para el narco y candidato presidencial, fue ejecutado a la salida de un acto. Las investigaciones han condenado a miembros de bandas como Los Lobos, pero la pregunta central sigue intacta: ¿quién ordenó la ejecución y con qué apoyos políticos o económicos contó? Sin esa respuesta, el mensaje queda claro: hay poderes que no se someten a las urnas y prefieren gobernar mediante el miedo.

En México, los asesinatos de candidatos se han vuelto parte del paisaje electoral. Las cifras de 2024 marcaron un récord macabro. Allí, un mitin no es un encuentro ciudadano: es una operación de alto riesgo.

Brasil, en 2018, mostró otra cara de esta violencia. Jair Bolsonaro sobrevivió a una puñalada en plena campaña. El país comprendió que el adversario ya no se derrotaba en debate, sino perforando su cuerpo.

La bala es brutal y visible, pero no es el único recurso. La judicialización es más fría, más lenta… y muchas veces más eficaz para descabezar a un movimiento. Bolivia encarceló a Jeanine Áñez con una condena de 10 años por “Golpe II”, reinterpretando como delito la transición que evitó un vacío de poder en 2019. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho lleva más de un año preso, pese a que un grupo de trabajo de la ONU ha calificado su detención como arbitraria.

Colombia vive la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe, sentencia que —más allá del recorrido judicial— ya condiciona el tablero político. En Brasil, Bolsonaro, tras sobrevivir al atentado y ganar la presidencia, fue declarado inelegible hasta 2030 e impuesto en arresto domiciliario, con medidas que también alcanzan a su hijo Eduardo.

Venezuela ha perfeccionado este mecanismo: María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, inhabilitada por 15 años. A su alrededor, un ecosistema de presos políticos, torturas, desapariciones y uso de la justicia militar contra civiles.

Cuando ni la bala ni la toga bastan, llega la expulsión. Nicaragua marcó un hito en 2023: 222 presos políticos subidos a un avión, desnacionalizados y enviados a EE. UU. Días después, otros 94 opositores fueron declarados apátridas.

Y no, esta no es solo una realidad de nuestra región. Europa y EE. UU. ya exhiben grietas preocupantes: Robert Fico tiroteado en Eslovaquia; Matteo Salvini procesado por defender sus fronteras; Marine Le Pen bajo acoso jurídico-administrativo; tentaciones de ilegalizar a la AfD o VOX; diputados del PiS detenidos en Polonia; y el intento de asesinato y las imputaciones contra Donald Trump.

El método es universal: donde no llega la bala, llega la toga; donde no basta, llega el veto previo o el exilio. El resultado es el mismo: el pueblo pierde el derecho a decidir.

La lección es clara. Lo que ocurre en Iberoamérica no es solo una tragedia ajena: es una advertencia para todos. Defender la libertad exige disciplina, visión estratégica y un coraje que no se negocia. Porque si no se detiene hoy este manual del poder autoritario, mañana la bala, la toga o el destierro podrían decidir también nuestro futuro.