El Perú intentó blindar el ahorro de la vejez y no lo logró. Conviene preguntarse qué cerradura sí habría resistido.
El artículo anterior mostró una economía blindada contra sus peores gobernantes; el Estado social, en cambio, sigue a la intemperie. Hubo una sola excepción, y conviene estudiarla porque fracasó. El Perú intentó proteger el ahorro previsional, ese dinero que el trabajador aparta para su vejez, de las manos del gobierno de turno. La protección no resistió.
La cifra desnuda el tamaño del boquete. Desde 2020 el Congreso ha autorizado ocho veces el vaciado parcial de esos fondos. Al cierre de 2024, siete de cada diez aportantes ya habían dispuesto de su cuenta, y lo retirado equivalía a más del diez por ciento del PBI de un año entero. El octavo permiso se aprobó casi por unanimidad, pese a que una reforma reciente lo prohibía. La regla escrita cedió ante la primera mayoría con prisa.
No falló por mala suerte, sino por mal diseño. La protección vivía en una ley ordinaria, que una mayoría simple deroga en una tarde; la autonomía monetaria vive en la Constitución, donde moverla cuesta mucho más. Había además un desbalance silencioso: el candado de la moneda tiene quien lo defienda a gritos, el ahorrista que recuerda la inflación; el del ahorro previsional protege a quien todavía no puede reclamar, el jubilado futuro. El que vota quiere abrir; el que pagaría la cuenta aún no existe.
Una cerradura no vale por lo que prohíbe, sino por lo caro que cuesta abrirla. La del ahorro de la vejez salió barata.
De ahí los candados que habrían salvado la institución, y que aún pueden levantarse; valgan como ideas para el debate. El primero, cambiar el material: que la finalidad del ahorro —servir a la vejez, no al consumo de hoy— quede protegida con el mismo rango que la moneda. El segundo, hacer visible el daño lento, publicando con la regularidad de la inflación cuánta pensión futura cuesta cada retiro. El tercero, una salida real entre administradoras que compitan por servirle, para que la desconfianza se resuelva con competencia, no con la fuga.
Pero el candado decisivo es el cuarto, porque sin él los otros tres son letra: un guardián que defienda la regla cuando vuelva la tentación. Caben al menos tres maneras, y conviene discutirlas. Una, un órgano técnico autónomo, sea la Superintendencia reforzada o un consejo previsional nuevo, con directores de mandato largo y escalonado como los del banco central, cuyo informe sea obligatorio y público antes de que el Congreso toque el fondo. Otra, un defensor del ahorrista facultado para llevar al Tribunal Constitucional cualquier norma que vacíe las cuentas, de modo que la regla sea exigible ante un juez. La tercera, la más honda: convertir al trabajador mismo en guardián, con un estado de cuenta anual que le diga, en soles, cuánta pensión le costó el último retiro. El mejor custodio de la moneda es el ahorrista que recuerda; a la vejez hay que fabricarle esa memoria.
Retirar hoy parte del fondo resuelve una urgencia genuina; el costo aparece a los setenta, cuando ya no hay margen para rehacerla. Por eso el candado no defiende a las administradoras ni a sus ganancias: protege al trabajador, y sobre todo al más pobre. El retiro descapitaliza la vejez del informal para aliviar el presente del formal acomodado. Leído sin prejuicio, blindar el fondo es la medida igualitaria, y dejarlo a discreción, el privilegio que se disfraza de libertad.
La lección excede al ahorro previsional. Toda institución social seria —la escuela, la posta, el padrón— necesita su candado, y por idéntica razón: no se levanta para el gobernante capaz que tal vez llegue, sino para el peligroso que llegará. La economía lo entendió hace treinta años. Al Estado social le falta empezar.
Guardamos la moneda en la Constitución y la vejez en una hoja suelta. La diferencia no fue de intención, sino de material.
