El 7 de agosto, Betssy Chávez aterrizó en México, finalizando un impasse de nueve meses. Lo importante, en medio del ruido diplomático, es que quedó demostrado que el Perú respeta su propio orden jurídico y también el derecho internacional. Ambos al mismo tiempo.
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció por televisión nacional la disolución del Congreso para gobernar por decreto. No fue una interpretación ideológica, fue un acto público que las instituciones peruanas –Congreso, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo– rechazaron de inmediato. Castillo fue vacado y luego detenido. No se apresó a un presidente: se detuvo a quien, luego de ser vacado, había conspirado contra el orden constitucional. Betssy Chávez, jefa de gabinete, fue procesada como coautora por conspiración para la rebelión y condenada a once años de prisión en noviembre de 2025.
Lo que México no quiere reconocer es que, durante el proceso, Chávez no enfrentó a un tribunal servil ni a una justicia de venganza. Enfrentó a un sistema que funcionó. En septiembre de 2025, el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación porque la Fiscalía había pedido fuera de plazo la prórroga de su prisión preventiva. El órgano de garantías constitucionales falló a favor de la investigada aceptando el error en el procedimiento. ¿Persecución política? Ningún régimen persecutorio libera a su víctima por tecnicismos. No es persecución: es separación de poderes.
Perú respetó el orden interno. La condena de Chávez fue dictada por tribunales ordinarios, con controles reales. Lejos de persecuciones políticas, se administró justicia.
En el orden internacional el Perú ha cumplido con los procedimientos a pesar de no estar de acuerdo con ese asilo. La Convención de Caracas de 1954 obliga al Estado territorial a otorgar el salvoconducto a quien recibió asilo y el Perú lo otorgó. Nueve meses es un plazo que no contraviene la Convención, Perú tomó el tiempo que consideró necesario sin violar las normas. Además, el comunicado de cancillería, impecable en su factura, hizo tres cosas a la vez: entregó el salvoconducto, dejó constancia de que Chávez está sentenciada por atentar contra el orden constitucional y se reservó expresamente el derecho a solicitar su extradición. La fórmula es clara: te la entrego, porque el derecho internacional me obliga; pero nos reservamos el derecho de traerla de vuelta.
La conducta de la presidente mexicana Claudia Sheinbaum no es consistente. Cuando el presidente Ortega canceló elecciones en Nicaragua o cuando el régimen de Nicolás Maduro desconoció el resultado en las urnas, Sheinbaum invocó la autodeterminación de los pueblos para no pronunciarse. Pero cuando el Perú ejerce su autodeterminación, juzgando a quien atacó su democracia, aplica el intervencionismo. Esa autodeterminación, parece existir solo cuando favorece a gobiernos afines a su línea. Su relato descansa sobre un dato falso: la presidenta Sheinbaum sostiene que Castillo fue apresado “siendo presidente”, pero lo cierto es que ya había sido vacado. Esa falacia sustenta la narrativa de “preso político” que en el Perú no existe.
Conviene no exagerar la figura de Chávez, quien es políticamente irrelevante. Pero es importante fijar el precedente, porque lo que está en juego es grave. Cuando un país usa el asilo, institución nacida para proteger a perseguidos de las dictaduras, amparando a condenados por atacar democracias, desnaturaliza esa institución y puede convertirse en refugio de la impunidad. Ya ocurrió con el caso Glas en Ecuador. No debería volver a ocurrir.
Perú rompió relaciones con México por la injerencia de su presidente, pero restablecer relaciones es sensato. El comercio nunca se cortó y las relaciones con nuestra vecindad latinoamericana deben cuidarse. El Perú demuestra lo esencial, respeto a sus leyes y al derecho internacional. Lo hace sin renunciar a lo que ningún tratado puede negarle: el derecho a que su propia justicia tenga la última palabra.
