Cambios inocentes que llevan a la restricción de las libertades individuales
Quien ha caminado por la ciudad en una mañana de lluvia conoce bien el peligro: basta con pisar una vereda de cemento pulido sin el cuidado suficiente para sufrir una caída instantánea. Al buscar el origen de esa caída, todo comenzó con un único paso descuidado. Esto mismo sucede en la sociedad. El filósofo Friedrich Hayek lo describió como la “resbaladera” o slippery slope: ese fenómeno por el cual un pequeño paso en cierta dirección activa un efecto dominó que nos arrastra hacia consecuencias mucho mayores e imprevistas.
Hayek utilizó este concepto para explicar cómo cambian las sociedades: las naciones libres rara vez pierden su libertad de la noche a la mañana; la van perdiendo a través de pequeñas medidas que parecen bienintencionadas. Un paso del gobierno para controlar un precio genera escasez; esa escasez presiona para controlar otro precio, y así, paso a paso, el Estado termina adueñándose de la vida cotidiana. Para demostrarlo, Hayek mostró los casos de Alemania (que derivó en el nazismo) y Rusia (que derivó en el estalinismo). Dos países distintos que llegaron al mismo punto trágico por la misma vía: reemplazar la libertad de las personas por la planificación del Estado. Su advertencia iba dirigida a los propios ingleses de su época: cualquier sociedad libre puede caer en lo mismo si empieza a ceder en pequeños compromisos populares sin mirar hacia dónde conducen.
Este deslizamiento rara vez empieza con violencia o dictaduras brutales; empieza con buenas intenciones. Antes de que un país entregue sus libertades o malgaste su dinero, atraviesa un proceso donde palabras clave como progreso, protección o bien común son redefinidas. Cuando el significado de estas palabras cambia en silencio, los ciudadanos empiezan a aceptar controles que habrían rechazado años atrás. Para cuando la gente se da cuenta de lo lejos que ha caído, los principios que protegían su independencia ya se han roto.
El Perú tiene varios ejemplos de este fenómeno. Quizás el más doloroso fue el cambio de palabras con el que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) rebautizó los veinte años de terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA como un “conflicto armado interno”. En apariencia, era solo una elección de palabras para un informe técnico. Pero ese pequeño cambio activó una resbaladera que sufrimos hasta hoy: al cambiar la palabra “terrorismo” por un término neutro que sugería dos bandos en igualdad de condiciones, se abrió la puerta para equiparar moralmente a las Fuerzas Armadas y Policiales con grupos que buscaban destruir el país y asesinar a miles de compatriotas. De esa redefinición inicial nació todo lo demás: monumentos como El Ojo que Llora, donde se pusieron nombres de terroristas condenados junto a los de víctimas inocentes; museos como el Lugar de la Memoria (LUM); y la llegada a la política de personas vinculadas al terrorismo. Como resultado, hoy tenemos a una generación de profesores y alumnos formados durante veinticinco años bajo un relato equivocado. Cambiar un documento oficial toma una firma; pero cambiar veinticinco años de ideas sembradas en la cabeza de miles de personas es subir la pendiente en sentido contrario: un trabajo mucho más lento y difícil que la caída, la cual comenzó con una sola palabra.
Otro ejemplo es la refinería de Petroperú en Talara. Lo que empezó hace más de una década como un proyecto para “modernizar la infraestructura energética” se convirtió en una bola de nieve de deudas fuera de control. Cada mil millones de dólares adicionales se justificaba para “proteger lo ya invertido”. Más de diez años después, lo que se prometió como un camino a la independencia energética es hoy un motor de deuda pública que gasta el dinero del país solo para mantener a flote un proyecto fallido. La resbaladera empezó con una medida con buenas intenciones, pero sin frenos ni controles, se volvió una carga millonaria que pagarán las futuras generaciones.
Un caso aún más claro es el del proyecto minero Conga, en Cajamarca. Todo comenzó con la indecisión del gobierno de turno en 2011: ante la presión de grupos que usaron el tema ambiental como excusa política, el Estado decidió no autorizar el proyecto, a pesar de que tenía todos los permisos ambientales en regla y una inversión de más de 4,800 millones de dólares, y abandonó la zona sin dar soluciones. A partir de ahí todo empezó a deslizarse por la resbaladera, sin control.
Sin empresa formal y sin control del Estado, la minería ilegal ocupó ese vacío. Más de una década después, mineros ilegales trabajan allí sin pagar impuestos y contaminando con mercurio las mismas lagunas que la paralización decía proteger. Lo que comenzó como una decisión dudosa del gobierno terminó en la ausencia total del Estado, generando un daño ambiental mucho peor que el que se quería evitar.
Esta no es una discusión teórica: es el desafío directo que tiene hoy el gobierno. Las leyes no son un adorno; existen para poner orden en la sociedad y fijar con claridad qué se permite y qué no, sin importar el partido político que gobierne. Cuando el Estado “dobla” la ley por conveniencia, o mira hacia otro lado porque aplicar la norma es incómodo o impopular, no hace que el problema desaparezca: solo posterga la factura y la vuelve más cara. La resbaladera o slippery slope no es una frase de campaña; es la explicación exacta de cómo se van sumando las consecuencias de la tolerancia selectiva o del doble estándar.
Este mensaje debe hacer reflexionar a los congresistas, quienes deciden qué leyes se aprueban. Ninguno de los problemas revisados en este artículo nació de una mala intención. Pero una ley no se juzga por las buenas intenciones de quien la propone, sino por sus efectos reales cuando se aplica. Un congresista puede votar creyendo que hace el bien y, al mismo tiempo, estar empujando a la sociedad al borde del abismo. Las buenas intenciones del legislador no evitan el desastre que su voto desata años después. Evaluar una norma por sus resultados reales, y no por el discurso que la acompaña, es la responsabilidad principal de quien hace las leyes.
El gobierno tiene la oportunidad y el deber de frenar esta caída antes de que la pendiente sea imposible de subir. Eso exige algo más que discursos de mano dura: exige aplicar la ley con firmeza, sin excepciones ni favores políticos. Y hay que ser honestos: la resbaladera no es un riesgo exclusivo de la izquierda. Un estado de emergencia declarado para combatir el crimen, si se prolonga sin plazos ni controles, corre el mismo peligro que cualquier otra medida bienintencionada: volver permanente algo que era extraordinario. La mano dura que no respeta sus propios límites termina, tarde o temprano, cayendo por la misma resbaladera que critica. La Constitución no es un estorbo para el orden; es la baranda de contención que nos protege del abismo. Usarla con decisión es la única forma de frenar la resbaladera antes de que el país caiga en el caos.
