En el Perú actual, muchos cargos públicos han dejado de ser un servicio a la nación para convertirse en una vía fácil de enriquecimiento. Es como aquella vieja pregunta: “¿Por qué robas un banco? Porque ahí está el dinero”. Hoy, para muchos corruptos, entrar a la política —desde la municipalidad más pequeña hasta el Congreso y el Ejecutivo— se ve del mismo modo: ahí está el dinero público, y es un atajo rápido para lucrar.
Esta percepción no nació de la nada. Se gestó cuando la regionalización mal diseñada durante el gobierno de Alejandro Toledo, seguida por la decisión de otorgar presupuestos autónomos a las regiones en tiempos de Alan García, abrió las puertas a un festín de oportunidades para la corrupción. Entrar en política se transformó en acceder a una franquicia: no se busca ya el bien común, sino una caja de dinero fácil.
Hoy se calcula que la corrupción en el país ronda los 24 mil millones de soles anuales, una cifra escandalosa que representa más del 12% del gasto público. Y ese dinero se malversa, sobre todo, a través de obras públicas inútiles, presupuestos inflados, comisiones clandestinas y contratos amañados. Es un sistema perverso donde muchos no aspiran a servir, sino a cobrar. Y el Estado, con estructuras débiles y controles internos colonizados por intereses políticos, es incapaz de frenar este saqueo institucionalizado.
Frente a este escenario, seguir pidiendo más supervisión estatal es ingenuo. La solución debe ser radical: recortar drásticamente el acceso discrecional a los recursos públicos. Esto implica revisar a fondo el modelo de regionalización e incluso centralizar parcialmente el uso de los dineros públicos, sobre todo en sectores donde los gobiernos subnacionales han demostrado ser incapaces de administrarlos con eficiencia o transparencia.
Pero la clave está en quién controla. Ya no basta con confiar en contralorías politizadas o en mecanismos internos cooptados. La supervisión del gasto público —especialmente en inversiones— debe pasar a manos de órganos independientes, incluso privados, con plena transparencia y con sanciones ejemplares. No se trata de privatizar el Estado, sino de protegerlo de quienes lo usan como botín.
Revertir esta cultura de la política como franquicia no será fácil. Requiere coraje político, reformas impopulares y una ciudadanía que entienda que limitar el acceso a los recursos no es recentralizar el poder, sino recuperar el sentido común. Porque el verdadero servicio público no es robar donde está el dinero, sino custodiarlo como si fuera sagrado.
“Un país que entrega el dinero público sin control, firma su sentencia de corrupción. Recuperar la república empieza por cerrar la caja”.
