Hace unas semanas presenté un relato hipotético para ayudarnos a pensar en el país: un viaje al futuro de don Miguel Grau, narrado desde mi perspectiva. Esta semana el viaje continúa y, esta vez, decide visitar el Palacio Legislativo.
El Almirante entra como quien vuelve a una casa que reconoce por fuera, pero no por dentro. La fachada sigue imponiendo respeto. Los pasillos conservan ese aire de solemnidad que, en teoría, obliga a la conciencia a ponerse de pie. Pero el Almirante no viene a mirar arquitectura. Viene a buscar una idea.
La idea era simple en el siglo XIX: representación. Un país enorme, desigual y joven, intentando gobernarse con leyes que no se escribieran solo para Lima ni solo para los poderosos. Grau fue congresista por Paita. No como adorno, sino como servicio. En el Congreso levantó advertencias técnicas sobre la Marina, pidió presupuesto donde hacía falta, defendió a su provincia con orgullo y luego pidió licencia para volver al mar cuando la patria lo exigió.
Hoy, en este “futuro” peruano, le dicen que algo suyo sigue aquí. Una curul vitalicia. Un escaño simbólico, ubicado en el hemiciclo, que lleva su nombre y se menciona primero en el llamado de lista como homenaje. Si el Congreso guarda un asiento para él, quizá es porque, en el fondo, todavía recuerda que el honor existe.
Grau se sienta.
Y alrededor, la escena lo desconcierta. No por el ruido, sino por la energía. No se percibe discusión de ideas; se percibe transacción. Como si cada intervención fuera parte de una negociación invisible, donde lo que importa no es convencer al país, sino ganar la interna, asegurar el cargo, bloquear al rival, cobrar la cuota.
En el siglo XIX se podía ser ciego, terco o ambicioso, pero el honor todavía funcionaba como freno. En este hemiciclo, el Almirante percibe que el escándalo se volvió rutina. Y cuando el escándalo se vuelve rutina, la ciudadanía deja de indignarse y empieza a desconectarse.
Esa desconexión es peligrosa. Un país que se acostumbra a la mediocridad se vuelve más tolerante con los abusos. Y cuando la tolerancia se vuelve apatía, la república queda expuesta a cualquier atajo autoritario, venga del lado que venga.
Grau mira su asiento y entiende el peso del símbolo. Una curul no es un mueble. Es una promesa: alguien se sienta ahí para servir, no para servirse.
El Almirante pregunta por los equipos técnicos. Le explican el crecimiento de asesores, oficinas, contrataciones y subcontrataciones. Pero la palabra que escucha con más frecuencia no es “mérito”, sino “confianza”.
Y cuando “confianza” se usa como comodín, termina significando “cercanía”, lo que coloquialmente se conoce como “la vara”. Redes. Amistades. Recomendaciones. Lealtades. No siempre ilegales, pero muchas veces corrosivas. Porque un Estado que funciona por vínculo y no por regla termina expulsando al ciudadano común.
En ese sistema, la igualdad ante la ley se vuelve un discurso. Y la república, un club.
Luego le hablan de los “mocha sueldos”. La idea es tan burda que cuesta creerla: trabajadores contratados por el Congreso que deben devolver parte de su salario, como si el empleo fuera una cuota o un tributo.
Para Grau, eso no es solo corrupción. Es humillación institucionalizada. Es convertir el servicio público en una relación de poder personal, casi feudal. Es degradar la política a un nivel en el que la autoridad no se ejerce para cuidar al país, sino para exprimir al subordinado.
Grau mira el hemiciclo y se pregunta en silencio: en qué momento el honor se volvió oportunidad de abuso.
Sale del hemiciclo y escucha historias que se repiten con distintos rostros: permisos duplicados, entidades que se bloquean entre sí, requisitos que se pisan, trámites que no terminan nunca.
La sobrerregulación aparece como una forma de violencia lenta. No te golpea de frente, pero te agota. No te prohíbe de forma explícita, pero te encarece la vida hasta que rendirte parezca la opción más racional.
Un Estado así no regula, inmoviliza. Y la inmovilidad es enemiga del desarrollo.
Aquí, el Almirante entiende algo esencial: el peruano no es “informal” por un defecto cultural. En gran parte, la informalidad es una respuesta racional a un sistema que pone demasiadas puertas para permitirte existir.
Cuando abrir un negocio es una carrera de obstáculos, la gente se va por donde puede. Cuando formalizarse cuesta más de lo que devuelve, la formalidad deja de ser una meta y se vuelve una duda. Y cuando el Estado es grande para fiscalizar, pero pequeño para servir, el ciudadano aprende a sobrevivir sin él.
La informalidad no es solo un problema económico. Es un síntoma político. Es la señal de que las reglas dejaron de estar al servicio de la convivencia y empezaron a estar al servicio de la complicación.
Y en ese terreno, la corrupción florece: si todo requiere permiso, el permiso se compra. Si todo demora, el atajo se paga. Si todo se decide en una ventanilla, la ventanilla manda más que la ley.
Grau vuelve a su curul y, por un instante, parece escuchar el mar dentro del Congreso. El mar no promete. No negocia. No vende ilusiones. Solo responde a leyes más grandes que cualquier político.
Es ahí donde el Almirante entiende el punto exacto que importa antes de votar. En una elección, el ciudadano no elige solo un rostro. Elige límites. Elige principios. Elige qué tipo de relación quiere tener con el poder.
Porque hay propuestas que se venden como solidaridad y terminan siendo coacción. Hay planes que se presentan como justicia y terminan castigando al que produce. Hay discursos que se disfrazan de inclusión y terminan excluyendo al que piensa distinto. Y hay candidatos que llegan con sonrisas, pero gobiernan generando miedo, trámite y dependencia.
Por eso, la pregunta previa no es “qué me van a dar”, sino “a cambio de qué”.
Si el Perú quiere despegar, necesita un Congreso que vuelva a legislar con humildad y con foco: menos duplicidad, menos trabas inútiles, menos normas que se pisan. Un Estado más pequeño donde estorba, y más fuerte donde debe proteger: seguridad, justicia, servicios básicos, infraestructura y reglas claras.
Reducir el tamaño del Estado no es una consigna. Es una condición para que el país respire. Para que el emprendedor no sea sospechoso. Para que la formalidad deje de ser castigo. Para que el ciudadano vuelva a sentir que su esfuerzo vale.
El Congreso puede seguir reservándole un asiento a Miguel Grau como homenaje. Pero el homenaje real sería otro: construir un país donde el peruano no necesite pedir permiso para progresar.
Y antes de levantarse, el Almirante deja flotando una pregunta incómoda, de esas que nadie quiere responder en campaña, pero que define elecciones:
¿Queremos un país de ciudadanos libres que avanzan con reglas claras, o un país de ciudadanos dependientes que piden permiso para vivir?
Y por eso esta elección no se define solo en la Presidencia. Se define, sobre todo, en el Congreso. Más aún este año, cuando también elegimos una Cámara de Senadores con funciones de enorme impacto en el equilibrio de poder, el control político y la calidad de las leyes que regirán al país por años. Votar por el Parlamento exige un estándar más alto: informarnos, revisar al candidato, entender qué ha hecho, qué ha construido, qué ha estudiado y qué méritos reales tiene. Porque el Perú no necesita más curules ocupadas; necesita escaños ganados con mérito, capacidad, integridad y servicio.
