Hay debates que iluminan. Y hay otros —como el de esta semana— que apenas confirman la oscuridad. La primera ronda de encuentros presidenciales de cara al 12 de abril dejó una sensación difícil de eludir: la política peruana, frente a la crisis más urgente del país, sigue atrapada en la superficie del problema.
La inseguridad ciudadana no es una abstracción. Es una experiencia diaria, repetida con una crudeza que ya no sorprende, pero sí desgasta. Extorsiones, sicariato, asaltos cada vez más violentos. Detrás de cada cifra hay historias que los candidatos evocaron con tono grave: madres que entierran a sus hijos, comerciantes que pagan cupos para sobrevivir, barrios enteros que han aprendido a vivir con miedo. El diagnóstico, en ese sentido, no faltó. Fue incluso abundante. Pero también fue predecible, casi ritual.
Uno tras otro, los aspirantes a la presidencia desfilaron por ese libreto conocido: indignación, gestos adustos, promesas de mano dura. Algunos elevaron la voz, otros apelaron a la emoción. La mayoría asumió, con mayor o menor convicción, el papel del dramaturgo circunstancial. Pero lo que no apareció —o lo hizo de manera excepcional— fue el estadista. El líder que no solo describe el problema, sino que se atreve a desarmarlo pieza por pieza. El técnico que entiende que gobernar no es conmover, sino resolver.
La gran ausencia de la jornada fue, en efecto, el “cómo”. ¿Cómo se desmontan las economías criminales que hoy operan con lógica empresarial? ¿Cómo se reorganiza una policía debilitada, mal equipada y, en muchos casos, infiltrada? ¿Cómo se articula un sistema de justicia que no libere, por inercia o colapso, a quienes deberían estar tras las rejas? Estas preguntas, que deberían haber estructurado el debate, quedaron flotando en el aire, sin respuestas claras.
En su lugar, emergieron fórmulas repetidas hasta el cansancio. La más insistente: la derogación de las llamadas “leyes pro-crimen”. Una consigna eficaz en términos políticos, pero muy pobre en sustento. Desde este diario se ha señalado ya que esa etiqueta responde más a una interpretación interesada que a un análisis serio del entramado legal. Convertirla en eje del discurso no solo simplifica el problema, sino que desvía la atención de reformas más complejas y necesarias. Es, en el mejor de los casos, un atajo retórico; en el peor, una coartada.
Otra de las salidas recurrentes fue la apelación a las rondas campesinas como pieza central de la solución. Nadie discute el valor histórico de estas organizaciones en sus contextos de origen. Han cumplido —y cumplen— un rol relevante en zonas donde el Estado llegó tarde o no llegó nunca. Pero trasladar esa experiencia, casi mecánicamente, a la realidad urbana de Lima y otras ciudades es desconocer la naturaleza del fenómeno actual. El crimen que hoy azota la capital no es comunitario ni espontáneo; es estructurado, armado y, muchas veces, transnacional. Pretender enfrentarlo con esquemas pensados para otra geografía y otro tiempo roza la ingenuidad.
Lo preocupante no es solo la debilidad de las propuestas, sino la falta de jerarquización del problema. La seguridad ciudadana no puede ser tratada como un capítulo más dentro del catálogo de promesas de campaña. Es, hoy por hoy, la condición de posibilidad de cualquier otra política pública. Sin seguridad, no hay inversión sostenible; sin seguridad, el empleo se precariza aún más; sin seguridad, la vida cotidiana se repliega y la confianza social se erosiona. Sin seguridad, el Estado pierde su razón de ser.
Por eso, sorprende —y alarma— que tan pocos candidatos hayan ensayado aproximaciones integrales. Se habló poco de inteligencia policial, casi nada de interoperabilidad entre instituciones, menos aún de modernización tecnológica o de estrategias focalizadas en territorios críticos. Tampoco se escucharon propuestas claras sobre el sistema penitenciario, ese eslabón olvidado que hoy funciona, en muchos casos, como escuela del crimen. Y casi nadie abordó con seriedad la necesidad de depurar y profesionalizar las fuerzas del orden, una tarea incómoda, pero imprescindible.
Gobernar implica asumir costos. Implica reconocer que no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Que recuperar la seguridad tomará tiempo, recursos y, sobre todo, coherencia. Pero también implica ofrecer una ruta, un horizonte verificable. En este primer debate, esa ruta brilló por su ausencia.
Quedan aún jornadas por delante. Ojalá los candidatos entiendan que el país no necesita más diagnósticos declamados ni más consignas efectistas. Necesita respuestas. Necesita precisión. Necesita, en suma, menos teatro y más gobierno. Porque mientras la política ensaya discursos, la violencia no espera. Y cada día que pasa sin claridad ni dirección es un día que el crimen gana terreno.
