Se viene la segunda vuelta electoral y de manifiesto están nuevamente en guerra dos tipos de propuestas muy marcadas respecto al modelo macroeconómico peruano. Por un lado, Keiko Fujimori con una propuesta que pretende defender la constitución y sobre todo el capítulo económico, además de acrecentar precisamente esa visión de apertura de mercados y crecimiento económico en base a un sector privado productivo.
Y desde la otra orilla, esta Roberto Sánchez que aparte de amenazar con cambiar la constitución como tal, impulsa un modelo totalmente opuesto al vigente, donde el mercado se vea reducido y el poder del estado dentro de la económica jugué un rol principal.
Y es en ese sentido que vale precisar que, en la última década, el Perú ha vivido una de las contradicciones más profundas en materia económica. Mientras el modelo económico ha demostrado una capacidad robusta para generar recursos y nutrir las arcas públicas, el ciudadano de a pie se enfrenta a una realidad de hospitales colapsados y escuelas en ruinas, lo cual agranda la idea del descontento social y sobre todo de la falta de confianza en un sistema. No obstante, es necesario aclarar que no es el sistema de generación de riqueza del capitalismo lo que ha fallado, sino la forma de gestionar esa riqueza creada.
El incremento de los recursos destinados a sectores sociales básicos ha sido masivo. En salud, el presupuesto nacional pasó de S/ 13 mil millones en 2015 a S/ 32 mil millones para 2025. En educación, la tendencia fue similar, escalando de S/ 22,400 millones a S/ 48,600 millones en el mismo periodo. Sin embargo, este aumento no ha tenido un impacto proporcional en la calidad de vida de los peruanos.
El problema central radica en la estructura del gasto. En el sector educación, el 86% de los fondos se destina exclusivamente al gasto corriente, es decir, a la operatividad diaria y el pago de salarios, dejando apenas un ínfimo 14% para la modernización de infraestructura y tecnología. En salud, el gasto corriente se disparó un 160%. Lejos de fortalecer la atención directa, la burocracia administrativa creció del 22% al 26% del total, mientras que el presupuesto para el personal asistencial y médico se mantuvo estancado en torno al 54%.
En el sector salud, a pesar de contar con una red referencial de 14,000 establecimientos, el sistema sufre de una “fuga de retención” por falta de equipamiento. El 84% de la red nacional sigue siendo de baja complejidad (Niveles I-1 a I-3), con apenas un 4% de establecimientos (Hospitales Nivel II) capaces de atender casos de mediana complejidad. Los hospitales de primeros niveles no cuentan con medico y algunas veces tampoco con enfermería calificada.
Esta ineficacia del primer nivel solo resuelve el 30% de los casos frente al 70% ideal declarado por organismo como la OMS, lo cual provoca que 40 de cada 100 pacientes sean derivados innecesariamente a hospitales de mayor rango. El resultado es un colapso sistémico: una saturación hospitalaria superior al 85% de ocupación y listas de espera quirúrgicas que parecen no tener fin.
En regiones como Ayacucho, una cirugía puede tardar de 6 a 9 meses, y una consulta especializada requiere una espera de 62 días.
A esto se suma el déficit crítico de especialistas. El Perú registra apenas 30 médicos por cada 10,000 habitantes, muy lejos de los 44 recomendados por la OMS. En áreas críticas como Anestesiología y UCI, el déficit alcanza el 50% y 55% respectivamente, lo que se traduce directamente en una mayor mortalidad debido a la falta de personal y cuellos de botella que hacen inaccesible para muchos una consulta.
En el sector educativo, la fragmentación territorial ha creado dos realidades distintas. Mientras Lima concentra el 27% de la matrícula, en las zonas rurales predomina la dispersión. En Ayacucho, por ejemplo, el 62% de las instituciones se encuentran en zonas rurales y el 21% son escuelas unidocentes, donde un solo docente enseña a niños de todos los grados y asume funciones administrativas también.
Y esto definitivamente se ve reflejado en el desempeño. En matemáticas solo alcanzamos un 32% y en comprensión lectora un 44% de buenos resultados, la cual está muy por debajo de los estándares internacionales.
Por otro lado, la mala descentralización y la pésima gestión de gobiernos regionales populistas de corte socialista parece haber multiplicado la ineficiencia. En Cusco, el gasto en personal docente aumentó un 209% en una década, pero la expansión burocrática fue aún más agresiva, ya que creció un 264%, restando recursos para la inversión misma. Hoy, el 71% de las escuelas cusqueñas se encuentran en estado crítico y con servicios básicos deplorables o nulos.
Por dar otro ejemplo y yendo al rubro de salud nuevamente, en Junín vemos que el presupuesto regional de salud aumentó un 112%, pero la inversión real cayó del 26% al 20%. Es decir, sube entra más dinero, pero se invierte menos, solo crecen las planillas. El 85% de sus locales son puestos básicos sin capacidad hospitalaria, concentrando la atención especializada casi exclusivamente en Huancayo, nuevamente este tipo de ausencia de calidad hospitalaria y de primeros accesos de forma decente y capacitada, hace que las regiones no se den abasto.
Hay que ser claros en esto y dar un fuerte hincapié en que el modelo macroeconómico ha generado los recursos suficientes para transformar el país. Sin embargo, la gestión institucional ha fallado. Los gobiernos regionales han usado -principalmente los que han sido comandados por lideres políticos de izquierda y anti capitalistas- el dinero generado por el mercado en aumentar la burocracia muchas veces poniendo a sus parientes, amigos o sin ningún expediente técnico que certifique ese aumento.
El dinero en las regiones se pierde en planillas burocráticas y gastos operativos que no mejoran el servicio al ciudadano.
Si Roberto Sánchez pretende cambiar el modelo lo único que hará es que ahora haya menos dinero siquiera para poder mantener ese gasto operativo que poco fructífero fue. El problema no es el modelo económico, sino los agentes políticos que no tienen la capacidad técnica y por el contrario están bañados en ideología socialista que no ejecutan el presupuesto de una forma efectiva. Su nulo conocimiento y odio al mercado lo que hará es destruir la creación de riqueza, la cual malgastan y despilfarran sin sentido gerencial.
Si el Perú quiere un cambio, el objetivo esta justamente en mejorar la gestión de esos recursos, sobre todo en las zonas rurales más alejadas de Lima.
Es normal la molestia del sur andino y de otras regiones contra el modelo cuando este no les ha dado la oportunidad ni calidad de vida que ofreció, pero no porque el modelo económico no haya sido eficiente haciendo lo que debe hacer: crear riqueza. Por el contrario, el enfado, aunque quizás no se comprende de esa manera es al manejo paupérrimo de los recursos.
No están molestos realmente con el mercado o el modelo macroeconómico, eso es el relato que venden los verdaderos responsables de que no haya luz, agua, médicos o docentes capacitados.
¿Cómo la revolución va a ser gastar sin sentido y quemar el crecimiento? ¿Cómo seguir haciendo lo mismo va representar un cambio?
El cambio no es otro que volver al Perú y sus regiones lo suficientemente facultadas de gestionar, gerenciar y administrar el recurso que por 20 años el capítulo económico de nuestra constitución le otorgo. No toquen la macroeconomía.
