De fiscal de Keiko a defensor de Castillo a posible ministro de Justicia: el círculo no necesita comentario.
Roberto Sánchez, candidato castillista a la presidencia, presentó la semana pasada a su nuevo vocero en materia de justicia. Se llama José Domingo Pérez y, según el propio Sánchez, es “el abogado del pueblo”. El plan, anunciado en voz alta y sin ironía, es que sea ministro de Justicia.
Pérez fue el fiscal del caso Cócteles, el que logró meter a Keiko Fujimori en prisión preventiva una vez por cada balotaje al que llegó. La misma Keiko que después fue declarada inocente por el Tribunal Constitucional (TC), tras quinientos días tras las rejas.
Hoy Pérez está suspendido por faltas graves en ese mismo caso, sus actuaciones fueron anuladas por el Tribunal Constitucional (TC) por falta de imparcialidad, y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya rechazó su examen para juez. Acto seguido —en una secuencia que ningún guionista habría firmado por inverosímil— asumió la defensa legal de Pedro Castillo, condenado por conspiración para la rebelión. Su tarea, según él mismo declaró, es “lograr la libertad del presidente Pedro Castillo”.
Léalo dos veces. La frase contiene todo.
“La lucha contra la corrupción resultó ser un ascensor de carrera. El sistema dejó por escrito qué tipo de carrera”.
El error sería leer este episodio como escándalo personal. No lo es. Es síntoma. Pérez no es la causa: es la consecuencia de un Ministerio Público diseñado sin defensas reales contra su propia captura. Cuando un fiscal puede ser premiado por una facción política con un ministerio pocos años después de haber actuado contra otra facción, el incentivo para actuar como militante en lugar de como funcionario queda estructuralmente garantizado. El siguiente fiscal no tendrá que ser corrupto: bastará con que sea ambicioso y sepa leer.
Hayek dedicó un capítulo entero, hace ochenta años, a explicar por qué los peores llegan arriba en sistemas con incentivos torcidos. No hace falta importar el argumento: aquí lo tenemos en versión local. Un Ministerio Público con designaciones politizadas, un sistema disciplinario lento y opaco, una Junta Nacional de Justicia (JNJ) capturable, y una puerta giratoria entre fiscalía y militancia partidaria que nadie se tomó la molestia de cerrar. Pérez es producto del incentivo, no excepción a la regla.
Tres medidas concretas, ninguna heroica. Primero, prohibir por ley el paso directo entre cargos fiscales relevantes y posiciones políticas o defensas partidarias durante un período razonable —cinco años basta—. Segundo, exigir mayoría calificada de dos tercios en los nombramientos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y en cargos sensibles del Ministerio Público, de modo que ninguna facción pueda capturar el órgano por mayoría simple. Tercero, transparencia obligatoria en cada actuación fiscal de impacto político: criterios escritos, plazos públicos, control posterior efectivo.
Nada de esto requiere refundar la patria. Requiere lo que ningún populismo puede ofrecer: paciencia institucional.
Sánchez tiene razón en algo. El abogado del pueblo existe. El detalle es que el pueblo, en este caso, tiene un solo nombre.
“Léalo dos veces.”
