La segunda vuelta ya no enfrenta únicamente dos modelos ideológicos, sino una disputa mucho más profunda: quién podrá contener el avance del crimen organizado.
La posibilidad de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha sido leída casi exclusivamente desde el prisma ideológico. Derecha contra izquierda, modelo económico contra refundación, mercado contra asamblea constituyente. Pero debajo de esa superficie existe otra disputa mucho más decisiva y mucho menos discutida. La del control real del país frente a la expansión de economías criminales que empiezan a perforar simultáneamente al Estado, la política y la vida cotidiana.
Ese debería ser el eje central de la elección peruana. Y, sin embargo, el debate sigue atrapado en la espuma.
Mientras los candidatos intercambian consignas sobre crecimiento, redistribución o estabilidad democrática, el Perú atraviesa la crisis de seguridad más severa de las últimas décadas. Los estados de emergencia se multiplicaron durante los últimos años en Lima, Trujillo y otras ciudades; las Fuerzas Armadas fueron desplegadas repetidamente en las calles; se anunciaron operativos extraordinarios y reformas policiales. Pero las extorsiones continuaron expandiéndose, el sicariato se volvió parte del paisaje urbano y el miedo comenzó a reorganizar silenciosamente la vida cotidiana de millones de personas.
La mayoría organiza su vida alrededor del crimen. Comercios que pagan cupos para seguir funcionando. Padres que modifican rutas escolares. Conductores que apagan aplicaciones de taxi en determinadas zonas. Empresarios que incorporan el costo de la extorsión dentro de sus operaciones. Urbanizaciones completas levantando rejas, cámaras y vigilancia privada porque hace demasiado tiempo dejaron de confiar en la capacidad protectora del Estado.
La aritmética del miedo
Los números muestran que el país cruzó un umbral crítico. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios pasó de 3,5 a 7,4 por cada 100 mil habitantes: un incremento del 115%. Las denuncias por extorsión crecieron 438% en el mismo periodo. Solo en 2025 se registraron más de 25 mil casos de extorsión y 2.451 homicidios, el equivalente a siete asesinatos diarios. Los especialistas coinciden en que las cifras reales son mayores porque miles de víctimas ya ni siquiera denuncian.
El umbral de 500 homicidios trimestrales —que Perú históricamente no cruzaba— empezó a superarse de forma sostenida desde 2024. No se trata de un pico estadístico. Es el nuevo piso de violencia nacional.
Ese cambio alteró incluso la percepción psicológica del país. La inseguridad dejó de sentirse como anomalía y empezó a operar como rutina. Así aterrizó una nueva pregunta: ¿qué ocurrió realmente con la estrategia contra el crimen?
Porque el problema no es únicamente que la delincuencia haya crecido. El problema es la sensación cada vez más extendida de que el Estado perdió dirección estratégica. Los estados de emergencia terminaron funcionando muchas veces como anestesia política: presencia militar, conferencias de prensa, patrullaje temporal y anuncios de “golpes históricos” mientras las estructuras criminales seguían expandiendo control territorial, inteligencia financiera y capacidad logística.
Entre 2000 y 2024 se declararon 610 estados de emergencia en el Perú. Solo en 2024 se promulgaron 71. Durante la gestión del exministro Juan José Santiváñez, entre mayo de 2024 y enero de 2025, el Ejecutivo acumuló 57 decretos de emergencia, la mayoría vinculados al crimen organizado.
Los resultados contradicen la lógica de la acumulación. En Lima y Callao, la percepción de inseguridad continuó aumentando durante los periodos de emergencia. En Pataz, La Libertad, las prórrogas se sucedieron una tras otra mientras las mafias mineras ilegales continuaban operando con normalidad.
El exministro Cluber Aliaga resumió el problema con crudeza: los estados de emergencia pueden contener delitos menores, pero resultan insuficientes frente a estructuras criminales organizadas si no existe inteligencia operativa real.
La economía paralela
Debajo de la crisis de seguridad existe otra transformación todavía más profunda. Las economías ilegales dejaron de ser márgenes del sistema formal y empezaron a convertirse en un sistema paralelo.
La minería ilegal movilizó cerca de 12 mil millones de dólares en 2025, superando ampliamente al narcotráfico en capacidad financiera. Perú se consolidó además como el principal exportador de oro ilegal de Sudamérica, concentrando el 44% del total regional. Parte importante de ese flujo termina hoy en India y Emiratos Árabes Unidos, mercados con menor exigencia de trazabilidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó más de 6 mil millones de dólares en operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal durante 2025. El fenómeno ya no financia únicamente violencia. Financia control territorial, redes políticas, protección armada y soberanía paralela en zonas donde el Estado prácticamente retrocedió.
El problema se agrava porque el presupuesto público destinado a combatir la minería ilegal cayó 37% desde 2019, mientras el fenómeno se expandía aceleradamente por nueve regiones amazónicas.
Y eso es lo peor. Las economías criminales ya no operan solo fuera del sistema. Empiezan a infiltrarse dentro de él.
Por otra parte, el caso de Vladimir Cerrón resume esa sensación de desorden estructural. Un dirigente prófugo que continúa irradiando influencia política mientras el Estado proyecta una mezcla extraña de impotencia y resignación.
La fractura entre discurso oficial y realidad social empieza a convertirse en uno de los principales problemas políticos del país.
El crimen reorganiza el voto
La penetración del crimen en la política peruana ya no es una hipótesis marginal. Según Ipsos, el 78% de peruanos cree que las economías ilegales influirán en las elecciones de 2026 y el 71% considera que la minería ilegal financiará campañas políticas.
Esa percepción no nace del vacío. En las elecciones regionales y municipales de 2022, al menos 226 autoridades electas fueron investigadas por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
La experiencia latinoamericana muestra un patrón conocido. Cuando el crimen escala y el Estado parece incapaz de contenerlo, la demanda de orden desplaza rápidamente a otras prioridades democráticas. Ecuador tardó apenas cuatro años en pasar de ser uno de los países más seguros de la región a convertirse en uno de los más violentos, en gran parte por la expansión de organizaciones criminales transnacionales.
El Perú empieza a transitar una ansiedad similar.
Keiko Fujimori ha colocado la seguridad como eje central de campaña bajo el lema “Perú con orden”, reivindicando incluso el autoritarismo de los noventa como referencia frente al crimen. Roberto Sánchez, en cambio, sostiene que la inseguridad es consecuencia estructural del fracaso del modelo económico y propone reformas profundas dentro de la Policía.
Son diagnósticos distintos sobre un mismo fenómeno. Pero ambos enfrentan una dificultad incómoda: la velocidad del deterioro parece mayor que la capacidad de respuesta política.
Y allí aparece uno de los silencios más telúricos de esta campaña. Ninguno de los candidatos plantea eliminar el REINFO, mecanismo ampliamente cuestionado por haber permitido que redes vinculadas a minería ilegal se formalicen ficticiamente dentro del sistema.
Esto en un escenario en el que las economías ilegales ya alcanzaron suficiente influencia como para volver intocables algunos de sus principales mecanismos de penetración institucional.
Lo que la política todavía no comprende
Las sociedades pueden tolerar pobreza, inflación o crisis política durante largos periodos. Lo que difícilmente toleran es la percepción de abandono.
Y eso es precisamente lo que empieza a expandirse en el Perú. La sensación de que el ciudadano quedó progresivamente solo frente al crimen.
Por eso la discusión electoral comienza lentamente a cambiar de naturaleza. Ya no basta hablar de crecimiento económico o estabilidad macroeconómica. El centro de gravedad de la política peruana empieza a desplazarse hacia algo más primitivo y más decisivo: quién puede garantizar orden.
Cuando una democracia entra en esa fase, cambia el tipo de liderazgo que la sociedad empieza a demandar. Cambia la tolerancia frente a medidas de excepción. Cambia incluso la relación emocional entre ciudadanía y autoridad.
El problema es que las estructuras criminales que hoy operan en el Perú tienen recursos multimillonarios, redes transnacionales y capacidad para infiltrar municipios, cárceles, economías regionales y campañas políticas. Y el miedo suele avanzar mucho más rápido que las instituciones.
La historia latinoamericana está llena de países que subestimaron ese momento.
No porque el crimen derrotara militarmente al Estado, sino porque terminó reorganizando antes que la política la vida cotidiana de la sociedad.
