Abogada

Cristina Cevallos

El hashtag más utilizado por el movimiento a favor de la vida internacional es #SalvemosLas2Vidas, pues resume de manera espectacular su ideal y su razón de ser. En el dramático momento en que una mujer se plantea la posibilidad de abortar, surge de cualquiera de sus miembros un esfuerzo generoso y tenaz por salvar las dos vidas en cuestión: la de la madre y la de sus niños por nacer. Y de esa manera, desmonta el falso dilema de las feministas de aborto que buscan poner en conflicto estas dos vidas para optar sólo por la de mujer en perjuicio de la vida de su hijo o hija por nacer.

Recientemente, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley que ha hecho realidad este anhelo pro vida. Con un número que ayudará a su fácil recordación la ley Nº 32000, “Ley de Protección del Embarazo de la Madre Gestante, del Niño por Nacer y de su Entorno Familiar”obliga al estado a proteger y salvar las dos vidas, y las del entorno familiar.

A pesar que el proyecto fue presentado por la congresista Rosangella Barbarán en marzo del año 2022, tuvieron que pasar 2 años para que finalmente sea aprobado en el Pleno del Congreso con una mayoría aplastante de 87 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.

La mencionada Ley busca promover y garantizar la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su familia antes, durante y después del parto. Asimismo, reconoce al entorno familiar como elemento fundamental en el proceso de gestación, por lo que dispone que el Estado debe promover la integración familiar y el compromiso de sus integrantes en la protección de la madre gestante y del niño por nacer.

Adicionalmente, menciona que los derechos enunciados en la Ley, tales como el derecho a la salud y bienestar de la madre gestante, el derecho a la vida del concebido y el derecho a nacer en un entorno sano, digno y seguro, deben ser considerados en la elaboración de normas complementarias, políticas, planes, programas y proyectos estatales.

¿Quién podría estar en contra de dicha normativa? Esta vez, ni el ideologizado Ministerio de la Mujer se opuso. Sorprendentemente (para quienes seguimos de cerca esta ideologizada labor, para nada sorprendente), los autodenominados “defensores de las mujeres y niñas”, Promsex, la Defensoría del Pueblo y la Bancada Cambio Democrático- Juntos por el Perú pusieron resistencia a la aprobación del proyecto.

Algunos de ellos señalaron que equiparar el concepto de “concebido” (el cual mantiene una protección constitucional) a “niño por nacer” es erróneo y “peligroso”, sin poder explicar razonablemente el por qué. Por supuesto, lo sabían, pero no lo podían expresar. Sería como confesar sus nefastos propósitos: deshumanizar al niño que todavía no ha nacido para que pueda ser destruido en un aborto. El inteligente planteamiento de la norma los obligaba a esconderlos.

En realidad, lo que resulta peligroso es hacer distinciones que llevan a estimar que ciertos seres humanos no se encuentran incluidos dentro del concepto de persona, suprimiendo su dignidad. Por ejemplo: los concebidos que se quieren abortar o los esclavos.

Otros opositores al proyecto de ley increparon que no era coherente con la normativa relativa al aborto terapéutico. Ante ello, la congresista Barbarán aceptó que se incluyera la siguiente especificación: “ [estas] disposiciones no se contraponen ni colisionan con lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto Legislativo 635, Código Penal.” Sin embargo, el bloque feminista mantuvo su posición contraria y votó en contra de la aprobación del proyecto.

Estos congresistas decidieron ignorar que, precisamente, lo que se busca a través de la mencionada iniciativa es evitar embarazos de riesgo y proteger tanto a la madre como al concebido para que ambos se desarrollen en un ambiente ideal durante antes, durante y luego de la gestación.

Durante el debate, la parlamentaria y obstetra Mery Infantes resaltó la importancia de los cuidados prenatales y mostró preocupación por la falta de centros de obstetricia y neonatología en el país, por ello respaldó la propuesta ya que la misma asegura una secuencia de control durante el embarazo.

En la misma línea, el congresista Alejandro Muñante manifestó que la Ley ayuda a prevenir y proteger a todo ser humano de acuerdo con las normas internacionales que aseguran derechos fundamentales y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la Presidencia de la República con el objetivo de lograr la incorporación del Perú al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, el mismo que se encuentra en consonancia con esta Ley.

Por su parte, la parlamentaria Milagros Aguayo sostuvo que la propuesta promueve cuidados gestacionales para mujeres que actualmente no tienen acceso a los mismos, todo ello con el fin de proteger a las dos vidas en cuestión. Como presidenta de la Comisión de la Mujer, Aguayo viene impulsando muchas iniciativas en este sentido. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 3038 que incorpora el enfoque transversal de familia en las políticas públicas y el 6588, que busca el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer por el de Ministerio de familia, infancia, adulto mayor y personas con discapacidad.

Y es que resulta primordial formar familias fuertes para poder vivir en una sociedad en la que el derecho a la vida y la salud se aseguren para todos sus miembros. Garantizar el acceso y efectividad de cuidados prenatales según las condiciones específicas de las gestantes es esencial para evitar la mortalidad fetal, neonatal y materna de modo que se puedan asegurar los derechos de cada madre y niño por nacer.

La Ley ha establecido un plazo de 30 días para que se apruebe el reglamento que desarrolle esta norma, esperemos que el Ejecutivo tome en cuenta esto último al momento de elaborar el texto.

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SalvemosLas2Vidas se hizo Ley en Perú, por Cristina Cevallos

Con 73 votos a favor, 11 en contra y 17 abstenciones el Congreso aprobó el proyecto de ley 3464/2022- CR, que elimina el desdoblamiento innecesario de palabras utilizado por grupos LGTBI y al que llaman “lenguaje inclusivo”. Con esta norma se modifica el art. 4 de la Ley 28983 (Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres) con la finalidad de precisar el correcto uso del lenguaje inclusivo y eliminar las perniciosas distorsiones ideológicas bajo la excusa de la inclusión.


El texto señala que el lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y varones que forman parte del mismo grupo de personas, es decir, indica que no se debe mencionar por separado el género masculino y femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que incluye a ambos. De esta manera, no se opone a la inclusión, sino que promueve el correcto uso del lenguaje con la finalidad de facilitar la comunicación y el entendimiento del mensaje oral y escrito.


La Disposición Final Transitoria ordena a todas las entidades del Estado adecuar sus planes, políticas, normas, directivas, guías y en general todas sus comunicaciones escritas y documentos siguiendo esta disposición. Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación deberá corregir el contenido de los textos escolares, en los que el desdoblamiento se puede observar repetidamente.


Este proyecto ya había sido aprobado en el año 2023, pero fue observado por el Ejecutivo que objetó que eliminar el lenguaje inclusivo era un retroceso en los derechos humanos citando la CEDAW. El Congreso le respondió que el compromiso firmado por el Estado peruano en la CEDAW y otros tratados internacionales sobre el tema es la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y eso no incluye al desdoblamiento innecesario de palabras. Por lo que no se ha incumplido ningún tratado.


La respuesta que dio el Congreso a las observaciones del Ejecutivo precisa además que se debe promover el uso del femenino cuando corresponda: al denominar un cargo (trabajadora), título (doctora) o función pública (directora). Lo que elimina es el desdoblamiento innecesario de palabras para referirse a hombres y mujeres que forman parte del mismo grupo de personas: trabajadoras y trabajadores, doctores y doctoras, directoras y directoras.


Asimismo, recordó que la separación de poderes, según la Sentencia 0006-2019-CC/TC, implica mecanismos de control y colaboración, de manera que, dentro de sus funciones de control, el Congreso puede realizar precisiones normativas para evitar el mal uso del lenguaje en las instituciones educativas y en todo el aparato público.


Dado que las observaciones del Poder Ejecutivo carecían de fundamento, el proyecto de ley aprobado tuvo que pasar nuevamente por la Comisión de Educación y el Pleno para finalmente ser aprobado por insistencia.


La congresista Sigrid Bazán se mostró contraria a la aprobación de la norma señalando: “es increíble que ahora se pretenda regular el lenguaje y decirles a los peruanos como se tiene que hablar”. Sin embargo, ignora que fue precisamente el Estado el que tuvo la iniciativa de “regular” el uso del idioma alejándose del sentido común. La Ley 28983 indica en su art. 4 que todas las instancias y niveles de gobierno deben incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo. En base a ello, la Guía de lenguaje inclusivo elaborada por el Ministerio de la Mujer en 2017 ha servido para la modificación de la comunicación en distintos órganos estatales como el Poder Judicial.


El Perú no es el único país con este tipo de guías. Argentina y Chile también siguen esta política orwelliana de control estatal del lenguaje. Y es que la implementación del lenguaje inclusivo es parte de la Estrategia de paridad de género de la ONU, la cual cuenta con distintas orientaciones para “lograr la igualdad”.


Este objetivo es el que diversos grupos buscan alcanzar a través de la manipulación del lenguaje que describen como “sexista” o “patriarcal”. De esta forma, proponen el uso de estructuras y pronombres neutros o no binarios, la terminación de palabras con “e”, “x”, “@”, la mención del masculino y femenino en la misma frase, etc.


Al respecto, la RAE ha señalado que pensar que la discriminación y el reconocimiento de derechos se lleva a cabo a través del lenguaje es irrazonable, ya que este orden de ideas confunde el sexismo de lengua con el sexismo de discurso. La lengua es el recipiente de las expresiones de cada uno de los hablantes; la lengua no es buena ni mala, uno se sirve de la lengua para articular expresiones buenas o malas. En pocas palabras, el cambio no se obtiene a través de una modificación en el habla sino en el pensamiento.


No podemos forzar el lenguaje desnaturalizando por razones ideológicas. Los problemas reales se resuelven a través de propuestas que consideran todo el espectro que genera las desigualdades en la sociedad. Una mujer no dejará de ser golpeada por su esposo a pesar de que este se vea obligado a iniciar sus discursos dirigiéndose a todos los “los distinguidos señores y las distinguidas señoras”.


La congresista Milagros Jáuregui, autora del proyecto de ley, comentó que decidió presentar esta iniciativa para evitar el peligro que significa asumir este tipo de lenguaje para los estudiantes. Desde que se adquirió dicho enfoque se vienen financiando textos escolares que no contribuyen con el uso correcto del lenguaje sino más bien generan confusión, puesto que los redactores utilizan el desdoblamiento innecesario en los mismos. Cabe recordar que, por las mismas razones, Francia prohibió el uso del lenguaje inclusivo en los colegios al estimar que "constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura".