Un fuerte cataclismo ha remecido el proceso electoral a solo dos meses de la primera vuelta. El núcleo del problema es concreto: al menos ocho partidos políticos direccionaron millones de soles de la franja electoral —financiada íntegramente con recursos públicos— a dos canales de televisión: Nativa TV y Sol TV.
En el caso de Nativa, el canal estuvo vinculado hasta abril de 2025 a Miguel del Castillo, fundador de Primero La Gente. Solo este partido destinó S/464 mil a ese medio. País para Todos de Carlos Álvarez derivó cerca de S/700 mil. A ellos se sumaron Salvemos al Perú, Partido Democrático Federal, PTE y el Partido Patriótico del Perú, acumulando más de S/2.4 millones en un solo canal de escasa audiencia y nulo peso nacional. En paralelo, Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli decidió enviar la totalidad de su asignación —casi S/1.7 millones— a Sol TV, un medio que tiene presencia mayoritariamente en Trujillo y Piura. A ellos se suman el Partido Político PRIN, que postula a Walter Chirinos, con una inversión de más del 50% de su presupuesto —S/900 mil— también para este último canal.
A partir de ahí, el libreto se vuelve conocido: nadie sabía nada, nadie autorizó nada, nadie se enteró a tiempo.
Carlos Álvarez admite que desconoce quién ejerce realmente el poder dentro de su partido y cómo se toman decisiones estratégicas que comprometen recursos públicos, dejando entre ver un hecho alarmante: el candidato presidencial no controla en lo más mínimo a su organización.
Las respuestas de Miguel del Castillo, Marisol Pérez Tello, Antonio Ortiz y Fiorella Molinelli no ayudan. Negaciones tibias, justificaciones improvisadas, argumentos que parecen armados sobre la marcha. No hay indignación genuina frente al uso cuestionable del dinero público; hay apuro por cerrar el tema, por reducirlo a una anécdota técnica, por convencer al ciudadano de que todo es “legal” y, por lo tanto, aceptable.
Y es aquí donde surge una sospecha incómoda, pero inevitable. ¿Y si la proliferación de 38 partidos políticos en esta elección no responde a una explosión democrática, sino a un cálculo frío? Cada organización nueva, sin representación parlamentaria y sin trayectoria, recibe casi S/1.7 millones de soles asegurados. Incluso perdiendo la contienda electoral de este año, en realidad no pierden. La campaña se convierte, entonces, en un mecanismo de transferencia de recursos, en una oportunidad de negocio disfrazada de competencia electoral.
La ONPE se deslinda. El JNE observa. La ley guarda silencio. Millones de soles salen del erario sin una fiscalización real, sin control sobre a quién se contrata, sin seguimiento efectivo del destino final del dinero. Un sistema que no previene ni sanciona no es ingenuo: es funcional.
Este no es un debate sobre eliminar la franja electoral. Eso sería confundir el síntoma con la enfermedad. El problema es un diseño normativo que permite que los partidos se financien indirectamente a sí mismos, a sus entornos o a sus aliados mediáticos, sin consecuencias políticas ni penales inmediatas.
Mientras todos repiten que “no sabían nada”, el ciudadano sí sabe algo con certeza: los “nuevos rostros”, aquellos que se embanderaban por una renovación de la política nacional, reaccionan con indiferencia, frivolidad y hasta con el cinismo que juraban desterrar.
Queda claro, que luego de las últimas reformas, la franja electoral ha dejado de ser un instrumento de equidad y se ha convertido en una ruta opaca para mover dinero público sin fiscalización. Y cuando la política normaliza esa lógica, lo que se vacía no es solo el presupuesto, sino la democracia misma.
