En los primeros días de febrero, mientras las campañas afinaban piezas y los partidos corrían contra el calendario electoral, una decisión administrativa empezó a generar incomodidad en más de una oficina partidaria. No era un problema de mensaje ni de estrategia. El eje del dilema eran 642 mil soles, una cifra que dentro del calculo no cerraba.
Ese era el monto que, según la ejecución de la franja electoral, el partido País para Todos de Carlos Álvarez había direccionado a un solo medio de comunicación: Nativa TV. No se trataba de publicidad contratada por la campaña ni de dinero recaudado entre simpatizantes. Era parte del presupuesto de franja electoral, financiado íntegramente con recursos públicos y administrado por el Estado a través de la ONPE.
En términos simples, era plata de todos.
La cifra empezó a levantar sospechas por varias razones. Representaba casi el total del presupuesto asignado al partido. Se dirigía a un único proveedor. Y se ejecutaba dentro de un mecanismo diseñado, precisamente, para evitar concentraciones y equilibrar la competencia entre organizaciones políticas.
A partir de ese momento, el caso escaló sin detenerse.
Antes de cualquier pronunciamiento público, postulantes al Senado y a la cámara de Diputados exigieron explicaciones y sanciones. Se habló de decisiones tomadas sin control político y de un manejo administrativo que había cruzado una línea sensible. El clima se volvió tan tenso que el partido empezó a enfrentar un escenario extremo, la posible fractura de su lista en plena campaña.
Recién en ese contexto aparece Carlos Álvarez. El 4 de febrero, el aspirante al sillón presidencial tomó distancia del episodio y lanzó un ultimátum público. Si no se sancionaba a los responsables del presunto direccionamiento, él estaba dispuesto a dar un paso al costado. Su reacción confirmó que la controversia ya había alcanzado un nivel capaz de poner en riesgo la candidatura principal del partido.
El elemento que volvió el episodio políticamente inflamable fue un dato adicional: Abra Producciones, empresa vinculada a Nativa TV, fue fundada y tuvo como accionista mayoritario hasta abril de 2025 a Miguel Del Castillo, excandidato a la Cámara de Diputados por otra organización política. En términos de gestión pública, ese cruce no es menor. Cuando recursos del Estado terminan asociados a proveedores con vínculos políticos recientes, el sistema entra automáticamente en zona de sospecha grave.
Para entender por qué este caso no es anecdótico, hay que detenerse en el funcionamiento de la franja electoral.
La franja es propaganda financiada con recursos públicos. Para las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció un presupuesto total de 80 millones de soles. Se difundirá entre el 11 de febrero y el 9 de abril, prácticamente toda la recta final antes de la votación del 12 de abril. Durante ese periodo, los partidos no pueden contratar publicidad audiovisual privada. En la práctica, la franja se convierte en el principal canal de visibilidad electoral.
La asignación sigue un esquema mixto. La mitad del tiempo se distribuye de manera equitativa entre todas las organizaciones con candidaturas inscritas. La otra mitad se reparte de forma proporcional según la representación parlamentaria obtenida en la elección anterior.
Los datos oficiales de la ONPE permiten dimensionar el circuito. Perú Libre supera los 7.7 millones de soles. Fuerza Popular bordea los 5.4 millones. Alianza para el Progreso recibe 3.8 millones. Renovación Popular, 3.4 millones. Un grupo amplio de partidos nuevos o sin representación recibe un piso común cercano a 1.7 millones de soles, equivalente al de la organización con menor adjudicación.
Hasta ahí, el diseño es defendible desde el punto de vista de la equidad electoral. El problema aparece en la ejecución.
El Estado pone el dinero, pero no decide la pauta específica de cada partido. La ONPE administra el fondo, valida proveedores, fija tarifas sociales, aprueba planes de medios y paga la difusión. La selección concreta de medios, la priorización territorial y la asignación interna del presupuesto se realizan desde las propias organizaciones políticas dentro del sistema.
Dicho sin rodeos, el partido decide y el Estado paga.
Ese diseño es el núcleo de la controversia. Cuando quien toma la decisión no asume el gasto como propio, el incentivo cambia. En partidos con estructuras sólidas, ese incentivo se corrige con controles internos y trazabilidad. En el sistema político peruano, marcado por organizaciones frágiles y equipos improvisados, ese incentivo abre una zona de riesgo evidente. La franja deja de percibirse como una política pública y empieza a operar como un recurso que debe ejecutarse antes de que venza el plazo.
Pero este episodio de la franja electoral no es un hecho aislado en la trayectoria política de Carlos Álvarez. Cada cierto tiempo, su candidatura queda al borde del colapso, no por ataques externos ni por disputas ideológicas, sino por conflictos internos, desorden partidario y decisiones administrativas que nadie parece controlar del todo. La amenaza recurrente de renuncia, convertida casi en un reflejo defensivo, confirma que el problema no es coyuntural: es orgánico.
País para Todos vuelve a mostrar lo mismo que ha mostrado desde su nacimiento: una estructura frágil, con liderazgos desalineados, escasos contrapesos internos y una incapacidad persistente para procesar conflictos sin poner en riesgo su propia viabilidad electoral. Cuando una controversia administrativa basta para tensionar listas, fracturar candidaturas y comprometer al aspirante presidencial, lo que queda en evidencia no es solo un error de ejecución, sino la ausencia de gobierno interno.
Ese dato no es menor. Si un partido no logra administrar con solvencia un presupuesto de franja electoral —con reglas claras, plazos definidos y supervisión estatal— resulta legítimo preguntarse cómo gestionaría un aparato infinitamente más complejo como el Estado. La fragilidad que hoy se manifiesta en campaña no desaparece al llegar al poder. Al contrario, suele amplificarse.
Más allá de lo que determinen la investigación abierta por la Fiscalía y los órganos electorales, el caso deja una advertencia política difícil de ignorar. Un eventual gobierno de País para Todos no estaría condicionado solo por la voluntad de su líder, sino por las mismas tensiones internas, improvisaciones y conflictos que, una y otra vez, ponen en riesgo su propia candidatura. Y esa, quizás, es la señal más elocuente de todas.
