La respuesta cómoda —la que tal vez funcionaría en un país con mejor oferta electoral y mayor madurez política— sería que Keiko Fujimori fue, en términos simples, la mejor alternativa presidencial. Pero esa explicación no resiste el examen de la realidad peruana, donde las elecciones no se deciden por mérito comparado sino por procesos sentimentales, retóricos y, en el fondo, violentos.
Esa anomalía tiene una raíz estructural. Desde hace varias décadas, el electorado ha fortalecido un pernicioso sistema inmunológico contra la continuidad de los partidos tradicionales y contra la militancia cívica en ellos. Cada elección repite, con más fuerza que la anterior, el reclamo de “nuevos rostros” y el descarte automático de cualquier agrupación ya conocida. El resultado es previsible: una política sin bases sólidas, sin militancias estables ni políticos de oficio dedicados de forma constante al servicio público. La política peruana, en suma, es accidental.
Los hechos recientes confirman esa tesis con una contundencia casi caricaturesca. En el último quinquenio tuvimos una presidenta que debutó en la función pública directamente como jefa de Estado. Más revelador todavía es el caso de José Jerí: un hombre que ni siquiera reunió los votos suficientes para ser congresista terminó ocupando la presidencia por sucesión constitucional. Los otros tres expresidentes con vida y en libertad —Merino, Sagasti y Balcázar— llegaron al poder por una combinación de azar y presión social, no por proyectos políticos construidos en el tiempo. Si la regla no es la excepción sino el patrón, entonces el diagnóstico deja de ser anecdótico: confirma que el ascenso al poder en el Perú depende menos de la trayectoria que de la circunstancia.
De ahí se desprende una segunda tesis: las campañas electorales tienen poco que ver con los currículums, la capacidad de gestión o el intelecto de los candidatos. Lo que decide una elección peruana es la capacidad de persuasión, sin importar el vehículo —un sombrero, una elocuencia particular, el recuerdo de un gobierno anterior exitoso—. La persuasión es el elemento primario de la política nacional. Y es precisamente en ese terreno donde debe leerse la victoria de Fujimori.
Keiko Fujimori llegó, por primera vez, a una segunda vuelta frente a un candidato que no la superaba en trayectoria política, ni en identificación con el interior del país, ni en retórica. El sanchismo y el fujimorismo partían, en ese sentido, de un terreno parejo. Lo que inclinó la balanza no fue una ventaja estructural de Fuerza Popular, sino dos puntos de inflexión concretos en las últimas semanas de campaña: el trabajo silencioso en el sur y los tropiezos de la izquierda en su búsqueda de aliados.
Fuerza Popular ejecutó una estrategia ambiciosa para el siempre esquivo electorado sureño: exponer la distancia entre Roberto Sánchez y Pedro Castillo. El giro del plan de gobierno —de una izquierda radical pero conservadora hacia un centroizquierda progresista—, la incorporación de cuadros caviares ajenos al castillismo, y el origen y la esencia limeña del propio candidato, fueron elementos que no pasaron inadvertidos en las regiones más reacias a la capital. Hacer visible esa distancia permitió retener el respaldo en varios bolsones electorales y explica que Sánchez obtuviera entre 5 y 6 puntos porcentuales menos que Pedro Castillo en 2021.
Pero en un escenario tan ajustado, ningún error es gratuito, y Juntos por el Perú cometió uno decisivo en su desesperación por sumar alianzas en la última semana. La fotografía final junto a figuras de la izquierda limeña y caviares generó más anticuerpos que endoses, confirmando una regla ya probada en primera vuelta: en el Perú, el voto no se transfiere por consigna. Sin embargo, hubo un hecho puntual que sí movió la aguja en las últimas 48 horas: la negativa de Nieto Montesinos a acompañar a Sánchez.
Esa negativa golpeó un nervio expuesto. Durante los últimos 15 o 20 años, la izquierda peruana construyó su identidad política sobre la idea de ser la reserva moral del país, la guardiana del Estado de derecho y la institucionalidad frente a un fujimorismo señalado como su antítesis. Ese relato se desmoronó cuando, en su carrera por captar votos, Juntos por el Perú terminó sumando a simpatizantes del Movadef, a Antauro Humala y a sectores que respaldaron el intento de autogolpe de Pedro Castillo en 2022. Nieto Montesinos no hizo más que señalar esa contradicción en su entrevista con Víctor Caballero, y por eso se convirtió en blanco de ataques: porque la desnudó en público. Para el votante que aún dudaba entre dar el beneficio de la duda a un candidato que no era de derecha sino parte de la costra caviar de la última década, ese episodio terminó empujando hacia el voto en blanco antes que hacia Sánchez.
Y como si hiciera falta una confirmación adicional, José Domingo Pérez —operador judicial de cabecera de Juntos por el Perú— salió a anunciar una querella contra Nieto Montesinos por el simple hecho de opinar. El gesto no hizo más que reforzar, en tiempo real, la tesis central de este texto: la victoria de Fujimori no fue una proeza propia sino el resultado de una izquierda incapaz de sostener su propio relato moral en el momento decisivo.
Ese origen de la victoria, sin embargo, es también su advertencia. Una presidenta que llega al poder más por los errores ajenos que por una adhesión programática propia hereda un mandato frágil desde el primer día. A esto se suma una crisis de seguridad ciudadana que no perdona luna de miel y un país que, tras el patrón de presidencias accidentales descrito aquí, ha aprendido a desconfiar de cualquiera que llegue a Palacio. El reto de Keiko Fujimori no será solo gobernar: será demostrar que su cuarto intento no repite el destino de gobiernos que nacieron de la coyuntura y murieron por no saber convertirla en proyecto.
