Creemos atravesar una crisis. Atravesamos, en rigor, nuestra costumbre más antigua. El defecto no está en los hombres que pasan por Palacio, sino en la casa que los expulsa.
Un visitante extranjero que aterrice hoy en Lima concluirá que el Perú vive una emergencia. Ocho presidentes en diez años, ninguno de los cuales llegó a terminar su mandato. Un gobernante censurado por cenar a escondidas con un empresario. Otro encarcelado por intentar cerrar, en cadena nacional, un Congreso que no podía cerrar.
El visitante se equivoca en una sola palabra. No es una emergencia: es el clima.
Conviene decirlo sin anestesia. La inestabilidad no es la interrupción de la vida republicana peruana; es la vida republicana peruana. Lo excepcional —lo verdaderamente raro, lo que un historiador honesto subrayaría con asombro— no son los años de desorden. Son los escasos paréntesis de orden.
Repasemos el expediente. Entre 1821 y 1845, en veinticuatro años, el país tuvo cincuenta y tres gobiernos y reunió diez congresos. No es una errata: más de dos gobiernos por año.
La primera anomalía llegó puntual. En 1823, con la república recién estrenada, tuvimos dos presidentes a la vez —Riva-Agüero en el norte, Torre Tagle en Lima— disputándose una nación que todavía no terminaba de existir. La solución fue una dictadura, la de Bolívar. El método quedó inaugurado.
Desde entonces hemos ensayado doce constituciones, nueve de ellas en el primer siglo. La de 1826 duró menos de dos meses.
Nuestra reacción nacional ante el fracaso político jamás ha sido corregir la conducta, sino reescribir el texto, bajo la superstición tenaz de que el problema vive en el papel y no en quienes lo firman.
Hubo treguas, desde luego. Castilla y el guano compraron dos décadas de relativa calma a mediados del siglo XIX, hasta que el despilfarro y la Guerra del Pacífico nos devolvieron a la intemperie, esta vez sin territorio y sin tesoro.
La Constitución de 1860, la más longeva, sobrevivió sesenta años no porque fuese sabia, sino porque los caudillos la respetaban a conveniencia.
La República Aristocrática ordenó las primeras décadas del siglo XX, hasta que Leguía montó un «oncenio» de once años para recordarnos que el orden también puede ser una jaula.
Después, el catálogo previsible de toda república andina: el magnicidio de Sánchez Cerro, el ochenio de Odría, la revolución militar de Velasco que en 1968 confundió tanques con justicia social.
Y cuando creímos haber madurado, los años ochenta nos sirvieron hiperinflación y terrorismo en el mismo plato, y los noventa un autogolpe que parió —cómo no— una constitución nueva, la duodécima, la que aún nos rige.
El Perú no padece crisis políticas. Padece una sola crisis política, ininterrumpida desde 1821, que de cuando en cuando se toma vacaciones.
Aquí está la trampa. Cada generación cree que su desorden es inédito. Cada generación señala a un culpable con nombre y apellido: el caudillo ambicioso, el presidente corrupto, el congreso felón, el forastero providencial.
Y cada generación, fiel a la liturgia, propone la misma penitencia: un hombre que ponga orden, o una constitución flamante que lo ponga por él.
Las dos respuestas comparten el mismo error de diagnóstico.
Suponen que el problema son las personas. Pero doscientos años son demasiada mala suerte con las personas.
Cuando el mismo resultado se repite con setenta gobernantes distintos —de todas las ideologías, todas las extracciones, todos los temperamentos—, lo que falla no es el actor. Es el escenario.
Doscientos años son demasiada mala suerte con las personas. Lo que falla no es el actor. Es el escenario.
Y el escenario peruano está diseñado para el derrumbe.
Tenemos un presidente fuerte en el discurso y débil en el equilibrio, enfrentado a un Congreso que puede destituirlo invocando una «incapacidad moral permanente» que ninguna Constitución se molestó jamás en definir.
Una cláusula pensada para el demente o el inválido se convirtió en el botón de expulsión de cualquier mayoría irritada: con ella cayeron Vizcarra, Castillo y Boluarte.
A cambio, el presidente puede disolver ese Congreso.
El resultado es un duelo a muerte permanente entre dos poderes que se apuntan mutuamente, y un país que cada tanto recibe el disparo.
No es un accidente. Es arquitectura.
Levantamos una casa cuyos cimientos invitan al colapso y luego nos asombra que se caiga. Cambiamos al inquilino, lo maldecimos, lo encarcelamos. La casa sigue en pie, intacta, esperando al siguiente.
Dirá la lectura progresista, con razón parcial, que todo esto es una abstracción cómoda: que la verdadera inestabilidad es social, que late en la desigualdad, en el centralismo limeño, en un país profundo al que nadie representa.
Concedo el dato y rechazo la conclusión.
La exclusión es real y antigua, sí. Pero ha sido precisamente la ausencia de instituciones predecibles —y no su exceso— la que ha impedido que el Estado entregue algo durable a esos olvidados.
La inestabilidad no arruina al limeño acomodado, que tiene de dónde agarrarse; arruina al ciudadano de Puno o Cajamarca, cuya escuela, cuya posta y cuya carretera dependen de un Estado que cambia de rumbo cada dieciocho meses.
Y la receta que ese diagnóstico suele extender —una asamblea constituyente, una carta nueva, una refundación— no es la cura: es el síntoma más viejo del Perú.
Ya la ensayamos doce veces.
Refundar el país cada vez que nos disgusta el gobierno de turno no es un acto revolucionario; es la más conservadora de nuestras tradiciones.
Si el problema es el diseño, la salida también lo es. Cuatro reformas, ninguna espectacular, todas aburridas, que es justamente lo que el Perú necesita.
Primero: definir, por fin, qué es la incapacidad moral.
El Congreso acaba de reformar la vacancia —elevó la valla a dos tercios de los diputados y sumó la ratificación de un nuevo Senado—, pero encareció el gatillo sin precisar cuándo es lícito disparar. Subió el número de votos y dejó intacta la causal: la «incapacidad moral» sigue tan indefinida como en 1993.
Hace falta una definición taxativa, con supuestos objetivos y verificables, que impida usarla como sinónimo elegante de «nos cae mal».
Segundo: importar el voto de censura constructivo. Como en Alemania, que un Congreso solo pueda derribar a un gobierno si es capaz de acordar, en el mismo acto, quién lo reemplaza. Se acaba la destrucción por la destrucción: el que tumba, gobierna.
Tercero: una moratoria constitucional. No más refundaciones. El texto de 1993 será imperfecto, pero ninguna de sus once antecesoras nos salvó, y la número trece tampoco lo hará.
La estabilidad no se promulga en una asamblea; se construye respetando, por tedioso que parezca, las reglas que ya tenemos.
Cuarto: encarecer la fragmentación. Más de treinta candidatos compitieron en abril: ese es el retrato de un sistema sin columna vertebral. Vallas electorales serias, sanción al transfuguismo y partidos obligados a existir entre elección y elección, no solo durante.
Ninguna de estas medidas es heroica. Ninguna dará un titular.
Y ahí, precisamente, reside su virtud. El Perú ha tenido de sobra hombres providenciales y constituciones inaugurales. Lo que nunca ha tenido es el tedio fértil de las reglas que se cumplen porque sí, año tras año, hasta volverse invisibles.
Un país maduro no es el que encuentra por fin a su salvador, sino el que deja de necesitarlo.
