El 19 de junio de 1986 se llevó a cabo la operación de develamiento de los motines en los penales San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, protagonizados por reos de Sendero Luminoso, que se habían parapetado en sus pabellones con exigencias inaceptables para el gobierno y para el país. Por esos días se iba a realizar en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista que organizaba el Partido Aprista miembro de la asociación. Figuras notables de la izquierda democrática como Carlos Andrés Pérez o Felipe González llegaron a la capital para el magno evento, siendo recibidos por su anfitrión, el presidente socialdemócrata Alan García Pérez.
La sublevación de los terroristas encarcelados estaba destinada a arruinar la cumbre izquierdista, como finalmente sucedió. Ocurrido el motín el día 18, el gobierno dispuso que las FF.AA. y la Guardia Republicana se hiciesen cargo. El gobierno aprista; que durante los 5 años que estuvo en el poder se caracterizó por la falta de decisión sobre la violencia terrorista y que jamás tuvo una política ni menos un plan al respecto; puesto en aprietos, exigió la inmediata develación de la revuelta. Jamás asumieron responsabilidades sobre lo que ordenaron.
En cuanto a la Marina de Guerra, le tocó actuar en el Penal de la isla llamada El Frontón ubicada frente al puerto del Callao hacia el sur de la isla San Lorenzo, donde desde 1983 habían sido trasladados más de un centenar de detenidos por terrorismo, muchos de ellos provenientes de Ayacucho, luego de su recaptura tras el asalto al penal de Huamanga donde fueron liberados por la fuerza varios terroristas, el 2 de marzo de 1982. Los terroristas detenidos se les ubicó en lo que se llamó el pabellón azul. Desde que pusieron pie en él lo volvieron un búnker. Los internos llegaron al extremo de amenazar de muerte a sus custodios, miembros del INPE —creado en 1985 por Belaúnde— y de la Guardia Republicana para no ser molestados en sus labores de fortificación de su pabellón y avituallamiento para el motín, así como la construcción de túneles que comunicasen el interior del edificio con el mar.
Pronto, el pabellón azul se convirtió en el centro de operaciones de Sendero en la capital a vista y paciencia de las autoridades, que poco o nada hicieron para controlarlos. Una vergüenza que hoy pocos recuerdan. Clara muestra de cómo se manejaban los aspectos de seguridad nacional en el Perú de los 80. Firmeza y mano dura con aquellos criminales, nones. Y que digan que no fue así. Fue tanta la complacencia que, por investigaciones de inteligencia de nuestra institución en la época, se determinó que aquellos asesinos degolladores de niños entraban y salían de la cárcel para ejecutar los atentados que ahí se planeaban. Muy probablemente los asesinatos selectivos del almirante Carlos Ponce Canessa y del comandante Jorge Alzamora, se concibieron en el pabellón azul.
Durante varias horas y mediante la presión del gobierno, que tenía al viceministro del interior Agustín Mantilla como representante suyo en la isla, los terroristas fueron conminados a rendirse. La alternativa que podía tener menor costo de vidas, era dejar que se rindieran por inanición si se prolongaba por días la acción de fuerza, aún considerando el riesgo de que los terroristas tomasen represalias contra los rehenes que tenían en su poder en el pabellón y que pertenecían a las instituciones antes mencionadas. Sin embargo la orden del Palacio fue tajante, develen el motín ya ya. Armados con armas de fuego arrebatadas a sus celadores y con una serie de armas hechizas y trampas cazabobos, habían hecho de ese penal un búnker como se ha señalado.
En un primer momento, actuaron los Operadores Especiales de Marina para abrir un boquete en la pared que separaba el pabellón azul del resto del penal, para que ingresasen los guardias republicanos que debían recuperar la prisión. En esos momentos fue herido el héroe nacional, el entonces capitán de navío Luis Giampietri Rojas, comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú. Ante la imposibilitad de que los guardias republicanos pudiesen ingresar la pabellón sublevado, se dispuso la intervención de Infantería de Marina. La intervención de ese personal, naval estuvo a cargo del capitán de navío Juan Carlos Vega Llona, y del capitán de fragata Héctor Lazo Galliani, ya fallecido. Vega Llona fue víctima de un atentado terrorista en La Paz, Bolivia, dos años después, donde fue cobardemente atacado, acción como dio como resultado su fallecimiento.
La operación fue un éxito, se dio un golpe de gracia a los terroristas que se habían empecinado en no rendirse, aun cuando había varios de los ahí amotinados que estuvieron en contra, fueron torturados o asesinados por sus propios camaradas. El genocida Guzmán, apelando a su cultura tanática, les exigió a sus insanas huestes, obligatoria cuota de sangre. Varios internos no estuvieron de acuerdo. Por uno de los subversivos que logró escapar, luego de que mediante explosivos se derribase uno de los costados del pabellón para facilitar el asalto -cuyas onda expansiva hizo simpatía con la enorme cantidad de dinamita que los reclusos habían acopiado trayendo abajo parte del pabellón- reveló datos importantes e hizo ver el enorme peligro que había en el interior. Poco despues se dio un reñido combate.
En la toma del penal perdieron la vida tres valerosos marinos: el técnico Marino Palacios, el oficial de mar Ediberto Jiménez y el alumno Marco Rámirez, y quedaron varios heridos, entre ellos el capitán de fragata Luis Enrique De la Jara, quien se salvó casi de milagro tras ser evacuado en helicóptero al hospital naval. 29 terroristas se rindieron y fueron entregados a las autoridades competentes.
Esta operación exitosa de rescate de rehenes, la primera en el periodo de la lucha contra el terrorismo, fue una victoria muy importante sobre el terrorismo —una de las más impactantes sobre la organización terrorista— que nutrió de experiencia a la recién creada Unidad Especial de Combate (UEC) de la Fuerza de Infantería de Marina, la que más tarde intervendría en la Operación Chavín de Huántar. Pese a que fue un combate legítimo y que los marinos de guerra combatieron con valor y sacrificio, hoy 40 años después, miserablemente, siguen siendo perseguidos judicialmente, en un hecho inaudito que nada tiene que ver con un estado de derecho y con una justicia real, sino con ideologización, incompetencia y abuso que tiene que tener pronto término. Ojalá que el gobierno de Fuerza Popular tome cartas en el asunto y dé el cúmplase a las leyes ya aprobadas por el Congreso de la República sobre este tema.
