¿Podemos confiar en los resultados electorales?, por Berit Knudsen

Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar ganadores frente a irregularidades, contradicciones institucionales y falta de acceso a la información. Solo auditorías y peritajes independientes pueden avalar los resultados.

El Perú no enfrenta una simple elección, demanda resultados legítimos antes de consolidarlos. En democracia, la proclamación no es el punto de partida de la confianza, sino su consecuencia. Hoy, lejos de confiar, la ciudadanía manifiesta solo dudas.

Lo ocurrido el 12 de abril no fueron fallas aisladas. Mesas no instaladas en horarios previstos, ciudadanos que no pudieron votar y un proceso extendido como decisión excepcional. Problemas en la distribución de material electoral y dificultades logísticas. Hechos que afectan el derecho democrático al voto y la integridad del proceso.

Se suman cuestionamientos del Jurado Nacional de Elecciones frente a la ONPE, investigaciones para determinar responsabilidades, acusados por haber mentido. Que el sistema electoral entre en contradicción consigo mismo no es menor. Cuando la institución que supervisa duda de la institución que organiza el proceso, el problema no es operativo, altera la confianza en todo el sistema electoral.

El Congreso debate irregularidades, cuestionando si la función fiscalizadora del JNE se ejerció de forma efectiva. Si existen fallas que el sistema reconoce, ¿cómo se supervisó el proceso? Si las fallas no se detectaron a tiempo, ¿Cómo se garantiza el resultado?

Especialistas y juristas coinciden en que el JNE debe reconocer que existen suficientes elementos para exigir una revisión clara y accesible. Aquí aparece el concepto de proceso viciado, que, aunque no implique nulidad automática, afecta la confianza por irregularidades en los resultados que deben ser aclaradas.

Los ciudadanos no pueden verificar por sí mismos lo ocurrido. No tienen acceso al sistema de procesamiento, trazabilidad del conteo, ni a criterios que consolidan los datos. Dependen de información proporcionada por autoridades que hoy carecen de confianza. Cuando esa información es incompleta, tardía o contradictoria, la duda surge por opacidad o ausencia

Exigir transparencia es la condición imprescindible para aceptar resultados. No es solo cuestionar, es acceder a la información que permita entender qué ocurrió antes, durante y después de la jornada electoral.

En este contexto, una proclamación no solo generará rechazo, trasladará dudas al siguiente momento político: una segunda vuelta que se desarrollaría sobre un resultado sin transparencia, en medio de cuestionamientos. Peor aún, afecta no solo la segunda vuelta sino la conformación misma de las Cámaras de Senadores y Diputados.

El marco institucional ofrece alternativas. Ordenar una auditoría clara y verificable, y sobre todo, admitir peritajes técnicos independientes, nacionales e internacionales, con acceso a toda la información pertinente. Solo estas herramientas permitirán verificar lo ocurrido en el sistema electoral, fortaleciéndolo. No es sólo esta elección, es evitar vicios replicados en elecciones futuras.

En función de los resultados, corresponde evaluar el siguiente momento. El calendario electoral no puede convertirse en el límite que impida aclarar el proceso. Si las revisiones confirman que las irregularidades no afectan el resultado, la proclamación se fortalecerá. Si evidencian problemas sustanciales, el sistema debe corregir.

Reprogramar el proceso, con fechas que permitan nuevas elecciones y una transición dentro del marco constitucional, no debe descartarse como opción técnica si las condiciones lo exigen, aunque implique la anulación del proceso electoral del 12 de abril.

El Perú se acerca a una segunda vuelta en medio de cuestionamientos. La elección definirá el rumbo del país y es necesario romper con una dinámica política con visos de ilegitimidad recurrente. Es imprescindible que la ciudadanía otorgue su confianza, legitimando el proceso.

La aceptación del resultado no depende de quién gane, el proceso debe ser explicado y verificado sin vacíos. Por ello, es el sistema electoral quien debe demostrar a la ciudadanía que los resultados son confiables. En democracia, no basta pedir confianza; es necesario construirla con transparencia y verificación.

Acelerar el cierre del proceso sin resolver dudas no fortalece la institucionalidad. La debilita. Un resultado cuestionado no termina con la proclamación; se proyecta sobre el siguiente gobierno atentando contra la estabilidad del país.