El pasado 12 de abril de 2026, el Perú no solo fue a las urnas; entró en un laberinto del que todavía no puede salir. Para la población en general, lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se siente como un secuestro de nuestra voluntad. Ese voto que nos costó horas de espera bajo el sol está hoy bajo llave en un despacho burocrático, mientras los responsables se tiran la pelota unos a otros. La percepción popular es de una angustia profunda, simbolizada por ciudadanos con grilletes y cadenas cuyas vidas y futuro están siendo jalados por Roberto Burneo desde el JNE y un cuestionado Piero Corvetto desde la ONPE. Lo más inquietante para la sociedad es esa sombra superior, ese jefe no identificado que parece mover los hilos de esta parálisis institucional, recordándonos que un país no puede vivir encadenado a un sistema que ha presentado fallas tan graves que ya no parecen errores, sino un diseño.
Lo que vivimos el 12 de abril fue un terremoto logístico que paralizó el 30% de las mesas en Lima debido a que el material electoral no llegaba a tiempo. El hecho de que se contratara a una empresa sin garantía de nivel de servicio, que buscaba choferes por redes sociales pocos días antes de la elección, no fue una simple deficiencia operativa; fue una negligencia que el propio Procurador del JNE ha denunciado penalmente como un atentado contra el derecho de sufragio. A este caos se suma la polémica por la serie 900,000 de actas. Diversos sectores han denunciado que se trata de actas fabricadas, aproximadamente 4 mil documentos que habrían inyectado 250,000 votos sospechosos al sistema sin un respaldo físico real que los sustente. Mientras el JNE se refugia en el análisis eterno de si estas actas son válidas, el ciudadano común siente que le están contando una historieta para ganar tiempo y consolidar una irregularidad.
La paciencia social se ha agotado y el reclamo por una salida clara es hoy un grito transversal de gremios y partidos. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ha sido enfático al señalar que se necesita una auditoría técnica profunda e independiente, con participación de las universidades, para verificar si el software de la ONPE fue manipulado o posee puertas traseras. Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias, AGAP, y otros gremios advierten que la legitimidad de quien resulte elegido está herida de muerte, pues no se trata solo de números fríos, sino de asegurar que lo que vemos en la pantalla sea el fiel reflejo de lo que pusimos en el ánfora. Muchos partidos coinciden en que la única forma de retirar la “mano negra” que opera por debajo del sistema es una auditoría o peritaje internacional independiente que revise el proceso desde su código fuente hasta la legalidad de las actas de la serie 900,000. Esta auditoría debe ser liderada por empresas de trayectoria intachable así como acompañarla de observadores de organismos internacionales, aunque estos últimos brillaron por su ausencia en detectar irregularidades en elecciones anteriores tanto peruanas como regionales.
Pero ante todo este desastre, nos preguntamos: ¿Acaso nuestras leyes no sirven para protegernos de esto? ¿No tenemos mecanismos para castigar a quienes organizaron este caos? ¿Y qué pasa si se demuestra un fraude organizado por un partido? ¿No existe acaso una forma de declarar ilegal a una organización que atenta contra nuestra democracia de esa manera?
La indignación crece cuando pensamos en los candidatos. Si ya les dieron su credencial y se demuestra el fraude después, ¿no hay forma de sacarlos? ¿No podemos hacer nada para que nuestro Congreso no se llene de personas elegidas con trampas? ¿O es que el sistema está hecho para que una vez que te proclaman, ya no haya vuelta atrás, aunque todo sea mentira? El JNE tiene la obligación de responder estas preguntas con hechos, resolviendo las irregularidades antes de declarar ganadores para que el daño no sea permanente.
¡Señor Burneo, un país no puede permanecer secuestrado por un sistema que ha fallado de manera tan estrepitosa y que permite que una “mano negra” manipule los resultados mientras los ciudadanos son ignorados! La responsabilidad histórica de tomar decisiones difíciles recae sobre sus hombros. Si existen actas viciadas, su obligación es anularlas de inmediato.
En el fútbol, cuando hay una duda grave, existe el “VAR” para analizar con detenimiento las jugadas y tomar la decisión justa; usted hoy tiene esa misma responsabilidad frente a la patria. Si una auditoría llegara a determinar que hubo fraude, la ley le faculta para actuar y proteger la soberanía popular. No permita que la parálisis por análisis rompa nuestra fe en la democracia. El Perú exige la verdad, por más dolorosa que sea. Rompa las cadenas, retire la sombra del sistema y devuélvanos la propiedad de nuestro voto, o la historia lo juzgará como el árbitro que prefirió ignorar el VAR mientras nos robaban el futuro.
