El Congreso de la República ha aprobado la “Ley que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales”.
Aunque con varios aspectos cuestionables, esta ley, de ser promulgada por el actual gobierno, llega tras 26 años de República Caviar, donde la influencia perversa de algunas ONGs ha causado efectos muy nocivos en elementos fundamentales de la institucionalidad de las FFAA, como lo es la Justicia Militar. La falta de cultura de defensa y la indiferencia y complicidad de muchos políticos ha favorecido esta estrategia ruin. Desde el nefasto gobierno de Valentín Panaigua, esta instancia empezó a ser minada. Una de las primeras acciones de la estrategia de la izquierda cosmopolita contra la Justicia Militar fue el seminario titulado “Debate sobre la reforma de la Justicia Militar en el Perú” organizado por el inefable Instituto de Defensa Legal (IDL) y financiado con dinero del extranjero, que tuvo lugar entre el 17 y 18 de septiembre del año 2001. El referido seminario contó con la participación de personajes conocidos por su posición adversa a las FFAA y su sesgo ideológico de izquierda, como César San Martín, César Landa, Heriberto Benítez, Carlos Rivera, Samuel Abad, Ronald Gamarra, entre otros. El evento tuvo el propósito de contribuir a minimizar los alcances de la Justicia Militar, cuando no eliminarla. Este evento y muchos otros más produjeron ideas que calaron hondo en los ámbitos políticos, académicos y mediáticos, que luego se convirtieron en leyes y políticas públicas, en fallos judiciales u otras medidas que han atentado contra la institucionalidad de las FFAA.
El seminario fue auspiciado por la desprestigiada agencia norteamericana USAID; enhorabuena, clausurada recientemente por el presidente Trump, y tuvo como premisa: “la necesidad de encuadrar la Justicia Militar en el Perú en los límites que le corresponden de acuerdo con su naturaleza, sobre todo después del nefasto papel que cumplió durante las últimas décadas”. La evidente postura tendenciosa de esta afirmación no deja lugar a dudas de sus intenciones de debilitar un instrumento vital para la disciplina de las FFAA con la anuencia de muchas gestiones al frente del Ministerio de Defensa y de sus respectivos jefes supremos de las FFAA, como sucedió en muchos otros eventos en particular y en el año 2007, también organizado por el IDL.
La pregunta de oro sobre esto es: ¿qué tenía que hacer una ONG conformada por reconocidas figuras de la izquierda cosmopolita en el Perú, organizando eventos con dinero extranjero sobre temas sobre la seguridad y la defensa nacional? Y peor aún, ¿por qué contó con el entusiasmo y la complicidad del Ministerio de Defensa de los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García?
Gracias a esta poderosa influencia hemos visto con impotencia desde el servicio activo, la continua intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial en el ámbito militar, lo que poco ha favorecido en muchas oportunidades, además de a otros ámbitos del servicio, el uso legítimo de la fuerza, ocasionando incluso la inhibición en más de un caso, precisamente para evitar que el personal militar quede expuesto a acusaciones desproporcionadas que se prolongaran durante muchos años. Lo dicho tiene que ver con la lenidad y con la ideologización de muchos de los administradores de justicia en nuestro país.
En ese sentido, es importante señalar el caso del capitán de navío en retiro Alberto Silva Santisteban, distinguido oficial de marina de cerca de 80 años, que hoy padece de terribles enfermedades, quien recientemente y tras 38 años de juicios, acaba de ser declarado inocente de una acusación producto del cumplimiento de su misión en las zonas de emergencia durante los años del terrorismo. ¡38 años! de su vida, litigando en tribunales por esa causa. ¿justicia? Inconcebible. Por supuesto, casos como ese se cuentan en cientos. ¿Puede entonces afirmarse que las salas judiciales están exentas de ideologización de orientación marxista?, o ¿simplemente es escandalosa y punible incompetencia? ¿Puede?
En relación con lo dicho, el Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional – CEGESEN, se ha pronunciado públicamente sobre la ley mencionada en los párrafos precedentes, exhortando a que sea promulgada a la brevedad y a que “se continúe fortaleciendo el marco jurídico que permita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional cumplir eficazmente sus funciones constitucionales, garantizando simultáneamente la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la seguridad jurídica de quienes tienen la responsabilidad de defender la Nación”.
En mi opinión, el nuevo Congreso de la República debería conformar una comisión investigadora que esclarezca el daño infligido a la institucionalidad de las FFAA, como la degradación de la Justicia Militar, y señalar a sus responsables, así como derogar el actual régimen disciplinario de las FFAA que solo ha causado el aprovechamiento indebido de malos elementos y la intromisión de abogados civiles en procesos que son estrictamente de orden castrense, y es ahí donde deben verse sin ninguna intervención ajena a su naturaleza.
Poner orden en el país y darnos paz, que es lo que más anhelamos hoy, como lo ha prometido la señora presidenta Keiko Fujimori Higuchi, implicará necesariamente tomar decisiones sobre este y otros temas relacionados, y por lo tanto, es con lo que tendrá que lidiar al asumir el timón del Estado. Requerirá temple para retirarse de la Corte Interamericana de Justicia y, mediante ley, transformar la justicia nacional. Gran desafio. Tenemos grandes expectativas y le deseamos muchos éxitos, porque serán de todos.
