Y el liberalismo ni se enteró
Antonio Gramsci es el pensador que la izquierda cita con orgullo y la derecha ignora con pereza. Error doble. Ignorarlo no lo neutraliza; al contrario, permite que su método opere sin resistencia.
Encarcelado por Mussolini en 1926, Gramsci escribió desde la prisión lo que sus contemporáneos no querían ver: que el poder real no reside en el Estado, sino en la cultura. La política es la punta del iceberg. Lo decisivo —las universidades, la prensa, el lenguaje, el arte, el sentido común— está debajo. Quien controla la narrativa controla la realidad. Quien controla la realidad, gobierna sin necesitar tanques.
Su concepto de hegemonía cultural es clínicamente preciso: una minoría organizada puede moldear la percepción colectiva sin recurrir a la violencia, simplemente ocupando las instituciones que forman opinión. No hace falta prohibir las ideas contrarias; basta con hacerlas ver como anticuadas, crueles o ridículas.
«No hace falta prohibir las ideas contrarias; basta con hacerlas ver como anticuadas, crueles o ridículas.»
La tradición liberal —Hayek, en particular— advierte exactamente lo contrario: la cultura prospera cuando las ideas compiten en libertad. Cuando un proyecto político intenta dirigirla, no la enriquece; la instrumentaliza. Y una cultura instrumentalizada deja de ser cultura para convertirse en propaganda con mejor diseño.
Lo que hace especialmente valioso a Gramsci no es su solución —que era marxista y por tanto equivocada— sino su diagnóstico. Porque ese diagnóstico explica con exactitud lo que ocurre hoy en América Latina: gobiernos que no necesitan reformar leyes porque ya reformaron percepciones. Que no necesitan censurar porque ya formaron a quienes escriben. Que no necesitan ganar debates porque ya decidieron quién tiene derecho a participar en ellos.
Hay un capítulo de Gramsci que la izquierda prefiere silenciar: al final de su vida, enfermo y desilusionado del estalinismo, se aproximó a la dimensión moral del cristianismo. No se convirtió formalmente, pero cuestionó el materialismo rígido que había defendido. Es decir: el hombre que mejor entendió el poder de la cultura terminó reconociendo que hay algo en la experiencia humana que no se reduce a relaciones de producción. Eso lo vuelve más complejo —y más honesto— que sus herederos ideológicos.
El Perú acaba de ofrecer la demostración más nítida en décadas. Mientras la izquierda leyó a Gramsci, lo estudió y lo aplicó con disciplina de relojero —ocupando aulas, sindicatos, ONGs, medios, currículos escolares, el lenguaje mismo de los derechos—, el liberalismo peruano se convenció de que bastaba con tener razón. Que los números hablarían solos. Que la realidad se impondría. No se impuso nada: la realidad hoy la define quien construyó, ladrillo a ladrillo, el sentido común desde el cual se vota. Que un candidato de izquierda radical pase a segunda vuelta no es un accidente ni una traición del electorado; es el resultado previsible de una batalla cultural que un bando peleó durante cuarenta años y el otro creyó innecesaria. Gramsci dejó el manual escrito. La izquierda lo leyó. Nosotros, ni siquiera lo abrimos.
La lección no es imitar su método. Es entenderlo para no ser su víctima. Una sociedad que entrega su cultura a un proyecto político —cualquiera que sea— firma su propia sentencia de obediencia perpetua. La respuesta no es una contrahegemonía de derecha; es la institucionalización de la pluralidad: mercados de ideas donde ningún bando pueda monopolizar el sentido común.
Gramsci tenía razón en el diagnóstico. Se equivocó en la cura. Esa distinción importa más de lo que solemos admitir.
«La batalla cultural no se gana prohibiendo al adversario; se gana ocupando, con ideas mejores, el terreno que abandonamos por comodidad.»
