Por qué tres décadas de ataques no derribaron la arquitectura económica de 1993, y por qué quienes vinieron a destruirla terminaron administrándola.
Nadie ha convocado jamás una marcha contra el artículo 62. Se marcha contra el modelo, contra el neoliberalismo, contra el altar entero; nunca contra una cláusula que blinda los contratos firmados con el Estado. La pasión política busca símbolos, y un símbolo se puede quemar en una plaza. La maquinaria que de verdad sostiene la economía peruana no se deja quemar, porque casi nadie sabe dónde está.
Conviene mirar qué ocurre cuando alguien lo intenta en serio. En 2021 llegó al poder un gobierno que prometía refundar el país por la vía de una asamblea constituyente. El proyecto se archivó en una comisión del Congreso, sin épica, por un trámite. Pedro Castillo no fue derrotado por un héroe ni por una multitud: chocó contra un procedimiento. Mientras su discurso incendiaba titulares, su gobierno administraba la misma arquitectura que venía a demoler, indiferente al sombrero de quien ocupaba Palacio.
No es accidente de un solo presidente. Cada tanto el Perú elige a alguien que promete transformación de raíz, y cada vez el cargo termina transformándolo a él. El candidato que amenazaba el orden monetario acaba ratificando al técnico ortodoxo; el que iba a reescribirlo todo descubre que reescribir exige una mayoría que no tiene. La institución no convence a sus enemigos: simplemente no les entrega la herramienta para hacer daño.
La revolución quiere quemar el altar; los muros que sostienen el templo están en el sótano, sin placa.
Aquí está la rareza del diseño del 93: su mayor virtud es lo poco que luce. Los candados que importan —la prohibición de que el Banco Central financie al gobierno, los contratos que no se rompen por capricho legislativo, el umbral alto para tocar la propia Constitución— son tediosos, técnicos, imposibles de corear. Esa opacidad es su armadura. También es su talón: lo que nadie defiende porque nadie lo ve queda a merced de quien sí lo encuentre.
Hay una incomodidad legítima en todo esto. Si gobiernos electos por mayorías no logran cambiar el rumbo económico, ¿no es eso una democracia a medias, una jaula con fachada de república? La arquitectura no le prohíbe a la mayoría casi nada: le retira del menú, eso sí, los platos que envenenaron a la región —la hiperinflación, la expropiación, el impago de la deuda—. Vedar lo que arruina no es tutela; es la diferencia entre una carta de restaurante y una ruleta rusa.
La objeción no viene solo de la izquierda. También incomoda a quien sueña con un gobierno de mano firme que enderece todo por decreto. La maquinaria es ciega: estorba igual al redentor de izquierda que al de derecha, y un caudillo providencial encontraría el umbral de reforma tan fastidioso como lo encontró Castillo. Ese es el punto de la serie: reglas impersonales por encima de hombres providenciales, el verdadero peligro venga con el signo que venga.
No basta con admirar los muros: hay que hacerlos defendibles y extender su lógica. Primero, sacarlos del sótano, con costeo independiente y público de todo proyecto que toque los artículos económicos antes de debatirlo, para que la maquinaria deje de ser invisible cuando más necesita defensores.
Segundo, dar rango legal a lo que la Constitución calla: reglas fiscales con cláusulas de escape acotadas y sanción real, para no depender de la disciplina del gobierno de turno.
Tercero, y quizá lo más urgente, desfasar el mandato del presidente del Banco Central del cambio de gobierno, de modo que no venza el 28 de julio, con la transferencia presidencial, sino al menos un año después. El candado monetario tiene hoy una rendija que se abre cada vez que llega un poder con ganas de poner su ficha. Cerrarla no exige fe en nadie; exige correr un reloj.
Una institución sólida no es la que derrota a sus enemigos, sino la que los convierte en sus administradores.
