Lo que Canadá y Occidente deben aprender de la batalla peruana. Cuando un país pierde la capacidad de llamar al mal por su verdadero nombre, pierde el rumbo y la memoria.
Hace unas semanas, en Canadá ocurrió algo que causó mucha polémica. Se supo que la CBC, el canal público de televisión y radio de ese país, les pidió a sus periodistas que no usaran la palabra “terroristas” para hablar de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La orden buscaba imponer un lenguaje “neutral”, prefiriendo dar rodeos antes que tener la valentía de decir las cosas como son. Aunque la cadena tuvo que corregir su error por la presión del público, este hecho muestra el grave problema de instituciones que prefieren suavizar la verdad.
El caso de Canadá no es un error aislado. Es parte de una costumbre peligrosa de “lavarle la cara” a la historia en varios medios e instituciones de Occidente. En los últimos años, grandes medios internacionales han cambiado la palabra “terrorista” por términos más suaves como “militantes”, “hombres armados” o “activistas”. Al mismo tiempo, en universidades y centros de estudio, a grupos radicales que usan la violencia se les empieza a llamar simplemente “resistencia”. Sin embargo, asesinar a casi tres mil personas inocentes secuestrando aviones para estrellarlos contra edificios llenos de personas no es algo que dependa del “punto de vista” de cada quien; es terrorismo puro y duro. Cuando las instituciones intentan disfrazar estos hechos, se convierten en cómplices de que la sociedad olvide lo que está bien y lo que está mal.
Esta crisis ocurre en todo el mundo. En Estados Unidos, el famoso Museo Smithsoniano —respetado por generaciones como un lugar para aprender historia real y objetiva— se llenó de críticas por cambiar sus explicaciones para adaptarlas a ideas políticas de moda sobre “opresores y oprimidos”. Varios historiadores mostraron cómo el museo dejó de lado los hechos reales para enseñar una versión donde la historia de su país se reduce únicamente a la lucha de grupos contra otros. Ya no se buscaba enseñar lo que pasó, sino reeducar a la gente. La situación fue tan grave que el gobierno tuvo que intervenir para exigir que se borren esos sesgos y se vuelva a mostrar la verdad de los hechos. La lección del Smithsoniano es la misma que la de Canadá: cuando las instituciones públicas ponen las opiniones o la política por encima de la realidad, dejan de servir a los ciudadanos y se dedican a inventar el pasado.
En mi opinión, nada de esto es una casualidad; responde a un patrón global articulado. La metodología es exactamente la misma: infiltrar de forma paciente el sector educativo y los medios de comunicación. En países menos desarrollados, como el Perú, la debilidad de las instituciones permitió que esta estrategia avanzara rápidamente y se instalara durante décadas sin encontrar resistencia. En los países desarrollados, el proceso avanzó más lento porque contaban con mayores contrapesos culturales. Sin embargo, los casos de Canadá y Estados Unidos demuestran que las defensas del primer mundo también han comenzado a ceder bajo el mismo método de infiltración.
A los peruanos, esta historia nos resulta tristemente familiar. Es una película que ya vimos y cuyo final conocemos de memoria. En mi columna del 2 de agosto advertí sobre el peligro de permitir que entidades del Estado manipulen la memoria nacional para favorecer a una ideología. Cuando la historia se maneja como si fuera plastilina que cualquiera puede moldear, las palabras reales se cambian y se borran. El Perú sufrió veinte años de terror a manos de Sendero Luminoso y el MRTA. Hablamos de organizaciones terroristas y fanáticas que asesinaron a más de treinta mil compatriotas, hicieron volar ciudades con coches bomba, masacraron a comunidades nativas enteras en la selva y reclutaron a niños para la guerra.
Sin embargo, el relato que dejó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) terminó suavizando esa sangrienta realidad. Al llamar a estos veinte años de terrorismo con el término abstracto de “conflicto armado interno”, se cometió un grave error moral. Ese cambio de palabras puso al mismo nivel a las Fuerzas Armadas y Policiales —que salieron a defender la democracia y la ley, sin negar que se pudieron haber cometido delitos individuales que debieron ser castigados— con los grupos terroristas cuyo único objetivo era destruir el país y tomar el poder por la fuerza.
Este “lavado de cara” desde las instituciones no tardó en verse en monumentos y museos. El monumento El Ojo que Llora causó un enorme rechazo porque en sus piedras se escribieron los nombres de terroristas condenados al lado de las víctimas inocentes y de los soldados que dieron su vida por la patria. Del mismo modo, en el Lugar de la Memoria (LUM), muchos historiadores señalan que se disminuyó la crueldad del terrorismo para enfocar la culpa en el Estado. Cuando los grupos extremistas se dan cuenta de que no pueden ganar por las armas, cambian de estrategia y buscan ganar la historia: intentan controlar los museos, los libros del colegio y la memoria de los jóvenes.
Frente a esta deformación de la verdad, el Ministerio de Cultura anunció que revisará los contenidos de estos espacios. La iniciativa busca evaluar lo que se muestra en el LUM, la situación de monumentos como El Ojo que Llora y, esperamos que también evalúen la información que viene en los libros escolares de Historia. Además, a más de veinte años del informe de la CVR, un grupo de ciudadanos envió una carta a la Presidencia de la República pidiendo corregir oficialmente ese documento por haber cambiado la forma en que se entiende el terrorismo en el Perú. Estos pasos son importantes, pero nos muestran un reto mucho más difícil que se viene adelante. Cambiar la sala de un museo, corregir un documento oficial o reimprimir un libro escolar son trámites que se hacen con una firma. La verdadera batalla, donde la teoría se choca con la realidad, está dentro de las aulas de clase. El verdadero desafío es cómo cambiar la mentalidad de los profesores.
Durante veinticinco años, toda una generación de profesores de colegio y catedráticos de universidad fue enseñada únicamente con el relato de la CVR. Estudiaron en institutos y facultades donde al terrorismo se le llamó simplemente “conflicto social” y donde a los asesinos se les presentó como “combatientes” confundidos por la pobreza. Un gobierno puede cambiar los libros de texto de un día para otro, pero no puede borrar fácilmente veinticinco años de ideas metidas en la cabeza de los docentes. Cuando el profesor cierra la puerta del salón y empieza su clase, tiene en sus manos el poder de enseñar la historia tal como ocurrió o seguir repitiendo la versión suavizada con la que fue formado.
Canadá y otros países de Occidente recién están empezando a pasar por lo que el Perú vive desde hace décadas. Cuando un canal de televisión evita llamar al terrorismo por su nombre para no “ofender”, o cuando un museo cambia la historia para promover ideas políticas, no están siendo neutrales: están destruyendo la memoria y la identidad de una nación. Si no usamos las palabras exactas para señalar la violencia y el crimen, las sociedades quedan indefensas.
El Perú es un espejo incómodo para el mundo: cuando un país permite que se le haga un “lavado de cara” a su historia, pierde el norte. Recuperar la verdad en los documentos y museos es urgente; pero saber si un país puede recuperar el rumbo cuando a quienes enseñan se les acostumbró a olvidar, sigue siendo una pregunta abierta que nos debe preocupar a todos.
