En el lenguaje de nuestro país hay palabras que fueron robadas. No desaparecieron: siguen en boca de todos, pero les cambiaron el significado hasta convertirlas en sospecha o en insulto. La más maltratada de todas es “negocio”, y con ella arrastran a las de su misma familia: “empresario”, “ganancia” y “capitalismo”. Devolverles su sentido no es un capricho del diccionario; es defender la forma más honesta que tiene una familia peruana de salir adelante.
La palabra “negocio” está secuestrada por partida doble. Por un lado, en el discurso político, los sectores demagogos que defienden el control absoluto del Estado la usan como un insulto, repitiendo el cuento de que tener una empresa es explotar al resto y que la ganancia es un robo. Por otro lado, en el lenguaje coloquial, la palabra ha sido deformada por la “criollada” peruana: en el día a día, la gente usa el término “negocio” con cinismo para referirse al trámite amarrado, al funcionario que busca su comisión o a la pillería del que quiere ganar dinero fácil sin trabajar. Esa combinación de ataque político y desconfianza callejera logra que el éxito honesto se perciba casi como un delito. Y sin embargo, el origen de la palabra no tiene nada de sucio. “Negocio” viene del latín negotium, que para los antiguos romanos significaba algo muy simple: «no estar ocioso», es decir, ponerse a trabajar y hacer algo útil. En su raíz no hay trampas ni abusos. Un negocio es, sencillamente, el acto de esmerarse, producir valor y recibir una recompensa justa por ese trabajo. El trabajo siempre ha sido la única forma real de salir de la pobreza, y no hay nada de malo en ello.
Si a la actividad la ensuciaron, a la persona que la ejerce la convirtieron directamente en sospechosa. Y aquí aparece una ironía gigantesca que todo el mundo debería notar. Mientras los políticos demagogos usan “negocio” como un insulto en las plazas, las universidades del Perú y del mundo entero compiten entre sí para abrir facultades, maestrías y programas especializados que forman empresarios. Los mismos padres de familia que escuchan los discursos anti-mercado en la televisión se sacrifican trabajando día y noche para pagarles a sus hijos una carrera donde les enseñen, precisamente, a armar un plan de negocios exitoso. Vivimos en una contradicción absurda: la sociedad entera reconoce que aprender a hacer negocios es la mejor herramienta para asegurar el futuro de los jóvenes, pero cuando esos mismos jóvenes se gradúan y abren sus consultorios, estudios o empresas, la demagogia política los señala con el dedo como si hubieran hecho algo inmoral. Olvidamos que las profesiones independientes —médicos, abogados, arquitectos, ingenieros— también hacen negocio al ofrecer sus servicios. Premiamos el conocimiento para emprender en las aulas y castigamos su aplicación honesta en las calles.
Y llegamos a la palabra que quizá cargue con más culpa injustificada: la ganancia. Es completamente vital y ético que un profesional independiente o una empresa generen un margen de utilidad. Esa ganancia no es codicia; es lo que permite vivir con dignidad, ahorrar para el futuro, comprar nueva tecnología, capacitarse y mejorar de manera continua los servicios que se ofrecen a los pacientes y clientes. Sin utilidad no hay reinversión, y sin reinversión no hay mejora posible: el negocio se estanca y termina cerrando. Quien ataca la ganancia legítima, en el fondo, ataca la posibilidad misma de que las cosas mejoren.
Pero hay una razón más profunda por la que estas palabras suenan mal: fueron manchadas por la corrupción y el clientelismo, sin distinción de ideologías. Muchos peruanos asocian “negocio” con contratos amarrados bajo la mesa, coimas a las autoridades o favores que los gobernantes de turno les hacen a sus amigos poderosos. Conviene separar con claridad esa falsificación del capitalismo verdadero, porque son exactamente lo opuesto. Por un lado están los falsos empresarios que no quieren competir limpiamente. En lugar de ganarse a los clientes ofreciendo mejores productos, van a los ministerios a buscar el favor político, pidiendo leyes con nombre propio o subsidios para que nadie más pueda competir con ellos. El ejemplo más actual, vergonzoso y destructivo de esto fue el caso Odebrecht. Esa gigantesca constructora no hacía “negocios” en el sentido correcto de la palabra: compraba presidentes, ministros y alcaldes con millones de dólares en coimas para asegurarse obras públicas infladas. Ese daño no solo nos costó miles de millones de soles que debieron ir a hospitales y colegios; también destruyó la confianza de los peruanos en la empresa privada y le regaló el pretexto perfecto a los demagogos para decir que todo empresario es un delincuente.
Por el otro lado está la corrupción que se disfraza de redención social. Bajo el discurso de ayudar al pueblo, ciertas burocracias instalan verdaderas organizaciones dedicadas al saqueo del Estado. Lo hemos visto de manera escandalosa en gobiernos recientes, desde la gestión de Pedro Castillo hasta los escándalos de Perú Libre en Junín, donde se descubrió cómo se utilizaba el aparato estatal para cobrar cupos, colocar funcionarios incompetentes a cambio de prebendas y entregar obras regionales a consorcios fantasmas. Allí se llegó incluso a capturar trámites tan cotidianos como la entrega de brevetes de conducir, convertidos en una fuente más de coimas.
Cuando el clientelismo del empresario tramposo y el saqueo del burócrata corrupto se juntan, logran que el ciudadano común confunda el robo del poderoso con la actividad del comerciante honesto. Y es a través de esa confusión como nos intentan vender la idea de que el gobierno debe controlar y dirigir toda la economía. Pero el verdadero capitalismo es justamente lo contrario del clientelismo: no busca el aplauso del político ni vive de sus privilegios, sino que compite limpiamente en el mercado y genera utilidades legítimas ofreciendo algo mejor. Cuando un negocio honesto gana, no gana solo el dueño: mejora la vida de sus trabajadores, de los proveedores locales, de los clientes, y la comunidad.
La historia demuestra que la planificación centralizada es el peor sistema posible para generar desarrollo. Cuando un grupo de burócratas pretende decidir desde un escritorio qué se produce, cuánto debe costar y quién puede trabajar, termina asfixiando la creatividad y el esfuerzo de los ciudadanos. La planificación central solo genera escasez, colas y mercados negros. Ningún funcionario, por más preparado que sea, puede saber mejor lo que la sociedad necesita que los propios millones de ciudadanos interactuando y comerciando libremente cada día. Los políticos que hoy están en la oposición siguen atrapados en ese mismo mensaje. Desde sus tribunas repiten que la salud, la educación y la vivienda no deberían costar nada, y que el Estado tiene la obligación de darlo todo gratis y con la misma calidad en Lima que en el pueblo más alejado de la sierra. Suena bonito, pero es una trampa muy peligrosa. Para pagar todo eso proponen subir los impuestos de forma exagerada, confiscar utilidades legítimas y meter al Estado a manejar empresas. Y esa receta siempre termina mal: basta ver el resultado de Cuba, Venezuela y Bolivia.
Cuando el gobierno asfixia a los que producen, los que tienen capital para invertir se asustan y se llevan su dinero a otros países donde sí haya seguridad. Sin inversión, las empresas cierran, no hay empleo y la economía se congela. Y si al Estado se le acaba el dinero, empieza a imprimir billetes sin respaldo para cumplir sus promesas: el dinero pierde valor y los precios suben todos los días. Eso es la inflación, y golpea sobre todo a los más pobres, que ven cómo se evapora la plata de su bolsillo. Como explicaba el economista Thomas Sowell, la inversión privada no es un favor para los ricos, sino una necesidad para que la sociedad sobreviva, porque los costos de construir el futuro se pagan hoy, con el ahorro y el riesgo de la gente.
Rescatar estas palabras significa defender un sistema de libertad frente a las garras del control estatal, sostenido sobre tres pilares fundamentales: la familia, la libertad y el orden. El primer pilar es la familia. Detrás de la gran mayoría de negocios en el Perú no hay una corporación gigante, sino una familia trabajadora. El verdadero negocio peruano es la mamá que vende desayunos en el mercado, el vecino que abre una bodega en la sala de su casa para atender al barrio, o el padre que junta su plata para comprar un mototaxi y salir a trabajar temprano. Sus ganancias no son codicia: con esa plata pagan los estudios de los hijos, la comida de la semana y la salud de los abuelos. El negocio honesto es el escudo de la familia para salir adelante por su cuenta, sin tener que mendigar un favor o un bono a ningún político.
El segundo pilar es la libertad. Cuando eres dueño de tu propio negocio y dependes de tu esfuerzo, eres una persona libre. No necesitas que el gobierno te regale cosas a cambio de tu sumisión política en las elecciones. Lo único que el emprendedor le pide al Estado es que le quite las trabas burocráticas, que no le haga la vida imposible con papeleos tontos y que no lo persiga con inspectores que solo buscan una coima.
El tercer pilar es el orden. Para que un país funcione, la ley tiene que ser igual para todos. Un buen gobierno debe tener tolerancia cero con la corrupción y reglas claras donde gane el que trabaja mejor, no el que tiene el teléfono de un ministro. El orden asegura que el éxito dependa del talento y del esfuerzo, y que se castigue tanto al funcionario que pide la coima como al tramposo que la paga.
En el Perú, cuando alguien habla de emprender, arriesgar sus ahorros y ponerse a trabajar, usa una frase muy nuestra: «hacer negocio». El que hace negocio en el Perú está construyendo el país con su propio sudor. Por eso el gobierno no debe jugar a ser empresario ni planificador; debe limitarse a sus tareas fundamentales: llevar un registro de propiedades seguro para que nadie te robe tu casa o tu terreno, hacer cumplir las leyes de forma estricta, mantener el orden público atrapando a los delincuentes y proteger la libertad de culto y a la familia como la célula más importante de la sociedad. El peruano lleva el emprendimiento en los genes; tiene las ganas de progresar y solo necesita que el Estado deje de estorbarlo y, más bien, lo defienda de los criminales y extorsionadores.
Ahora que el proceso electoral quedó atrás, la verdadera tarea del nuevo gobierno es reducir con decisión las regulaciones asfixiantes que le amarran las manos al empresario para que pueda progresar haciendo negocios en libertad. Si dejamos que la demagogia eche raíces y convenza a los jóvenes de que “negocio”, “empresario” o “ganancia” son sinónimos de robo, habrán ganado la batalla y con ella destruirán la economía. Devolverles su verdadero significado a estas palabras robadas es defender a la familia, cuidar nuestra libertad y exigir orden. Así es como se cambia un país.
