En los últimos años, los países de occidente hemos estado inmersos en una suerte de neblina ideológica. Nuestros pilares culturales que durante siglos sirvieron como cimientos de la estabilidad social, como son la familia, la protección de la propiedad privada, la libertad religiosa y el principio de autoridad representado por las fuerzas del orden, fueron sistemáticamente puestos en tela de juicio por agendas de corte radical.
Este debilitamiento institucional no ha sido casual, sino el resultado de una estrategia preconcebida e impulsada por una red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de fachada moralista y filantrópica que, financiadas por capitales globales, se dedicaron a promover narrativas antisistema para copar instituciones clave del Estado y capturar el sentido común de la sociedad. Sin embargo, los acontecimientos de estas últimas semanas demuestran que las mareas están cambiando.
Desde los centros de poder en los Estados Unidos, donde el vicepresidente JD Vance acaba de presidir el emotivo National Peace Officers’ Memorial Service para rendir tributo a los caídos en el cumplimiento del deber, hasta el debate legislativo en el Perú, se observa un fenómeno inequívoco: el sentido común está regresando y la ciudadanía empieza a despertar del letargo impuesto por estas minorías ideologizadas.
En su discurso oficial ante agentes y familiares de las víctimas que perdieron la vida protegiendo a los ciudadanos, el vicepresidente Vance arremetió con dureza contra la epidemia de violencia que ha azotado a las ciudades norteamericanas. Explicó que el espacio otorgado a los delincuentes no fue un accidente, sino una opción de política pública promovida por la anterior administración de Joe Biden y su agenda de desfinanciamiento policial. Vance concluyó con una frase muy sólida: «Dejamos de esposar a nuestros policías para empezar a esposar a los criminales violentos».
Este cambio de paradigma no es sólo simbólico; responde a una serie de acciones legales de la administración Trump encaminadas a desmantelar el andamiaje del aparato demócrata. Entre las medidas más significativas, el gobierno federal dejó sin efecto una serie de demandas y litigios por presunta discriminación institucional con los que la administración Biden asfixiaba y fiscalizaba administrativamente a los departamentos de policía locales. Vance expuso cómo el debilitamiento material y moral de las fuerzas del orden no trajo la prometida «utopía de justicia social», sino un incremento histórico de la criminalidad que terminó destruyendo los barrios más vulnerables. Al defender el fin del intervencionismo ideológico en las comisarías y garantizar el amparo legal a los custodios de la ley, el gobierno estadounidense cristalizó el hartazgo de millones de ciudadanos que exigen orden en sus calles.
Este fenómeno de erosión institucional en EE. UU. fue fuertemente impulsado y financiado por corporaciones y fundaciones transnacionales de corte globalista, destacando entre ellas la Open Society Foundations. A través del financiamiento masivo a fiscales de distrito ultraliberales y a organizaciones de la sociedad civil con agendas de «reforma judicial», se promovió un ecosistema donde el delincuente pasó a ser visto como una víctima del sistema, mientras que el policía fue catalogado de manera sistemática como el opresor. Las consecuencias de este experimento están a la vista: el colapso de la seguridad interna en muchas ciudades.
Casi de forma simultánea, cruzando el hemisferio, el debate peruano ha hecho eco de esta misma confrontación cultural y política. Recientemente, el congresista Fernando Rospigliosi, miembro de la bancada de Fuerza Popular y presidente del Congreso, se pronunció firmemente sobre la urgente necesidad de reforzar a las fuerzas del orden frente al embate de la delincuencia y el crimen organizado.
Rospigliosi, con una amplia trayectoria en el análisis de la seguridad interna del país, coincidió plenamente en el diagnóstico: que en el Perú el debilitamiento de la autoridad es una realidad. Pero el sentido común empieza a plasmarse en reformas legales. La semana pasada, la Comisión de Constitución aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que propone incorporar formalmente los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano bajo los estrictos criterios objetivos del Estatuto de Roma.
Esta iniciativa responde a una recomendación del Tribunal Constitucional y apunta directamente a frenar la abierta persecución que sufren militares y policías. Como denunció el propio Rospigliosi durante el debate parlamentario, esta tipificación se ha venido aplicando históricamente de manera «completamente irregular» y «con toda impunidad» por parte de magistrados influenciados por una agenda ideologizada, quienes acusan de crímenes gravísimos a los agentes del orden sin fundamentar la existencia de un ataque sistemático contra la población civil. Al ratificar que el Estatuto de Roma entró en vigencia en el Perú recién el 1 de julio de 2002, el proyecto cierra el paso a la retroactividad ideológica. El mensaje del Congreso es claro: el restablecimiento de la cordura pasa por dar herramientas legales a quienes combaten a las mafias y por poner fin a la cacería judicial contra los defensores del orden constitucional.
Recordemos que, en los últimos veinticinco años, cada vez que un policía utilizaba su arma de reglamento en defensa propia o para repeler un acto delictivo, era sometido a procesos judiciales interminables, suspendido de sus labores o encarcelado preventivamente, mientras los criminales eran dejados en libertad. Se persiguió judicialmente a quienes derrotaron al terrorismo y se instauró en los textos escolares y universitarios una narrativa sesgada que equiparaba la violencia criminal con la legítima respuesta del Estado.
Este comportamiento sigue pasando factura hoy en día de la manera más cruda. Muestra fehaciente de ello es la acusación fiscal conocida recientemente, donde el Ministerio Público solicita más de diez años de prisión efectiva para el suboficial PNP Luis Magallanes. El agente, tras ser descubierto realizando labor de inteligencia en una marcha violenta en Lima, fue perseguido por una turba agresiva con la clara intención de lincharlo. Al disparar al suelo en un acto desesperado de disuasión, la bala rebotó en el pavimento e impactó en uno de los perseguidores que lideraba el ataque. El ensañamiento judicial es indignante: mientras el policía terminó hospitalizado tras ser salvajemente golpeado por la masa, las fiscalías especializadas blindan la violencia de la calle y exigen cárcel para el custodio del orden. Este caso resume a la perfección un ecosistema judicial que permite una criminalidad desbordada y una fuerza policial temerosa de actuar, debido al desamparo político y judicial en el que se le ha sumergido.
Los discursos de figuras como JD Vance en Norteamérica y las posturas legislativas firmes como la de Rospigliosi en el Perú son indicios de un retorno a la cordura. Este renacimiento del sentido común implica revalorizar y defender activamente los cimientos que hicieron de la civilización occidental un faro de prosperidad y libertad en el mundo: la familia, la propiedad privada, la libertad religiosa y el principio de autoridad.
Vemos luz al final del túnel.
Last modified: 26 de mayo de 2026
