Recuerdo el caso de una empresa agroexportadora que perdía parte de su producción por un problema de vida útil en el traslado; querían probar un tratamiento técnico para frenarlo. La inversión no era modesta y necesitaban acceder al incentivo de la Ley 30309, que les permitía descontar de impuestos el gasto de investigación y desarrollo. Había que presentar el proyecto al CONCYTEC y esperar su calificación: hasta 45 días hábiles, y si no se pronunciaba en ese plazo, la ley presume que la respuesta es no… el “silencio administrativo negativo”, lo llaman. Es decir, si el Estado no responde, la respuesta es “no”. Para cuando llega el veredicto, la campaña agrícola ya terminó, el producto se perdió en el campo y la oportunidad de negocio se esfumó. Esta situación es muy común; así se innova hoy en el Perú, pidiendo permiso para no perder.
En mi columna del 15 de marzo sostuve que esa lógica está al revés. Convertir al CONCYTEC en gatekeeper que califica antes de dejar innovar castiga la forma real de crear valor en una empresa: iterar, ajustar y “fallar rápido”; la Ley 30309 debería invertir su secuencia: innovar primero, verificar después. Meses después, esa misma tesis recibe un respaldo contundente desde el lugar más improbable: la Casa Blanca.
En julio, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de EE. UU. publicó Science: A New Golden Age. El informe revela una desproporción reveladora: mientras el gobierno estadounidense invierte unos US$ 200 mil millones al año en innovación, el sector privado despliega alrededor de US$ 700 mil millones. La innovación que mueve la frontera tecnológica es abrumadoramente privada. Sin embargo, el propio informe admite un diagnóstico que nos resulta familiar: incluso con esa billetera, su máquina de innovación se volvió lenta y pesada por el exceso de trámite burocrático.
Si queremos imitar ese motor, la conclusión es incómoda para el instinto burocrático: hay que bajar las barreras, no subirlas. Y existe una palanca para lograrlo: permitir que las empresas deduzcan de sus impuestos el gasto operativo en I+D —las horas de ingeniería, los pilotos, las pruebas, las consultorías de una universidad— de manera automática, bajo criterios públicos y con control ex post de la SUNAT, y sin pedir permiso a excepción del directorio de la empresa. Eso es la llamada “innovación sin permiso”: primero se innova, luego se verifica. Es exactamente como se comportan las empresas que dominan la frontera tecnológica.
Pero ¿por qué tendrían los contribuyentes que pagar la innovación de una empresa privada? La respuesta sencilla es porque el conocimiento no se queda en la empresa que lo crea; se difunde hacia proveedores, trabajadores que se capacitan, competidores que imitan y consumidores que reciben mejores productos. Ese beneficio social, que la empresa no captura del todo, es lo que justifica el incentivo. El incentivo no premia la utilidad de la empresa privada; por el contrario, corrige la subinversión en innovación. Y no es un cheque del Estado: por cada sol deducido, la empresa pone un sol propio; el fisco solo deja de cobrar la fracción del impuesto sobre lo efectivamente gastado. Y la definición de innovación debe ser amplia a propósito: cualquier intento serio de mejorar un producto o un proceso cuenta como I+D, porque el objetivo no es premiar el hallazgo, sino instalar el hábito de buscarlo. A ello se suma una inversión pública que ya existe y no cambia: la del Estado formando a los profesionales que harán esa innovación. El Estado forma el talento —becas, universidades, doctorados—; la empresa lo pone a producir. Esta deducción activa el gasto que el país ya hizo formando profesionales.
Para que, además, sea un estímulo temporal y no una renta perpetua, propongo dos candados. El primero, una vigencia de diez años renovable: plazo suficiente para que innovar se vuelva un hábito y deje de depender del beneficio. El segundo, que solo califique el gasto puramente incremental —lo que la empresa invierta por encima de su propia línea base—, con un tope y sustento ante la SUNAT. Así el fisco financia innovación nueva; y con la información agregada del programa —cuántas empresas lo usan, cuánto se deduce y qué resultados deja— la renovación al décimo año se gana con evidencia, no por inercia.
Los números muestran el costo del camino contrario. Según CONCYTEC, entre 2016 y fines de 2025 la Ley 30309 aprobó 260 proyectos y más de S/ 407 millones de inversión privada, con apenas 66 empresas beneficiadas. Sesenta y seis, en un país con nuestra diversidad productiva. Invertimos entre 0,12% y 0,17% del PBI en I+D, frente a cerca de 2,5% en la OCDE. No es que falten ideas: es que el costo de calificar ahuyenta a casi todos. Ese puñado de empresas basta para un veredicto: como incentivo masivo, la Ley 30309 no ha funcionado. Puso el tema en la agenda, pero no cambió la conducta de las empresas, que es lo único que importa.
Aquí está la parte que más me interesa. En cuanto el gasto en I+D se vuelve deducible sin fricción, se allana el camino a la colaboración empresa-universidad. A la empresa le conviene contratar a una universidad, o a un instituto, para resolver un problema productivo, porque ese gasto le rebaja impuestos; y todo contrato de esa naturaleza lleva, casi por necesidad, una cláusula de reparto de propiedad intelectual. Ese detalle, que parece técnico, es en realidad la semilla de las alianzas de largo plazo: la universidad captura regalías cuando su invención escala en el mercado, y por tanto conserva un incentivo permanente para seguir colaborando. En el MIT lo resumen en una premisa directa: “Innovación = Invención X Comercialización”. Si alguno de los dos factores es cero, el resultado final también será cero. Inventores tenemos; lo que falta es el carril de comercialización, y la deducción del gasto en I+D es precisamente lo que lo construye.
Este reparto de roles ordena, además, una discusión que llevamos años enredando. ¿Qué tan efectivo ha sido el SINACTI, el sistema de ciencia y tecnología que el Banco Mundial financia y CONCYTEC lidera? El balance es mixto. Desde la Ley 31250 de 2021 el sistema ha escalado becas y fondos concursables, ha repatriado a cerca de 250 investigadores y su proyecto con el Banco Mundial avanza con calificación satisfactoria: en formación de talento hay resultados reales. Pero en dos décadas la inversión en I+D sigue clavada en torno al 0,15% del PBI, la participación privada es marginal, y padece instrumentos superpuestos y gobernanza débil. La lección es nítida: el Estado es mucho más capaz formando capital humano que encendiendo la innovación empresarial. Juguemos entonces a esa fortaleza. Dejemos que el SINACTI y los fondos públicos hagan lo que el mercado no hará —becas, doctorados, ciencia básica— y entreguemos el campo de la innovación a las empresas, que es donde de verdad se multiplica la productividad.
El momento es propicio: el nuevo gobierno quiere desregular, con menos trámites y más digitalización. La innovación no debería ser un trámite más. La deducción no se pide ni se aprueba: se declara en el impuesto a la renta como cualquier gasto y se revisa después. No hace falta una ventanilla, sino confianza y control posterior. Y no confundamos instrumentos: el préstamo del Banco Mundial al SINACTI —dinero estatal, con calificación previa— sirve para becas y ciencia, no para encender la innovación privada. Esa palanca es la deducción.
Nada de esto es gratis. La desregulación corta por los dos lados: la deducción necesita reglas claras y una SUNAT capaz de auditar desviaciones anómalas, no un cheque en blanco. Y persiste un obstáculo que ningún diseño resuelve: un país con nueve presidentes en una década difícilmente sostiene compromisos largos. Como advertía Hayek, cuando el sistema premia seguir el procedimiento por encima del criterio, termina eligiendo a quien administra el trámite y no a quien responde por el resultado. Por eso la reforma debe quedar escrita en la ley, no en la voluntad de un ministro.
Y conviene poner las cifras en perspectiva. Lo que el Estado deja de cobrar por una deducción es pequeño frente a lo que gana el país cuando innovar se vuelve cultura: la evidencia internacional estima que el retorno social de la I+D duplica o cuadruplica el retorno de las empresas, porque, como indiqué antes, el conocimiento se derrama. Corea del Sur lo probó. A inicios de los años sesenta era tan pobre como el Perú; hoy invierte cerca del 5% de su PBI en I+D, con casi el 80% financiado por las empresas, apalancado en incentivos tributarios generosos y sostenidos por décadas. Corea del Sur no renunció a recaudar: multiplicó las empresas que pagan impuestos.
Conviene, sin embargo, ser realistas sobre el alcance de esta propuesta: la deducción automática no va a transformar al Perú, de la noche a la mañana, en un hub de alta tecnología al estilo coreano en todos los frentes. No obstante, en sectores como minería, pesca y agroexportación —donde ya poseemos ventajas de costos y riqueza de recursos— la I+D sí puede convertirse en un motor de productividad de clase mundial. La deducción del gasto no cambiará nuestra matriz productiva por decreto, pero sí resolverá algo crucial: que las empresas que hoy necesitan adaptar procesos, probar tecnología o resolver problemas operativos no se queden congeladas por la burocracia. No es una bala de plata para transformar todo el PBI, sino un catalizador para la productividad real en lo que mejor sabemos hacer.
Con todo, rara vez se alinearon tantas señales: una tesis que ya venía madurando en el debate peruano, un gobierno con vocación desreguladora y un informe extranjero que valida el rumbo. Si hasta la mayor potencia científica reconoce que su fuerza está en la empresa y que certificar antes de innovar la asfixia, la pregunta se cae de madura: ¿qué esperamos para deducir sin trabas el gasto en I+D, soltar la innovación privada y volverla un hábito dentro de las empresas?
