En la historia reciente, la República del Perú ha enfrentado graves crisis políticas y ha salido adelante. A pesar de la gravedad de estas crisis, al final prevalecieron los principios que inspiran nuestro sistema republicano.
En solo este siglo, fuimos testigos de la vacancia de Fujimori tras su renuncia por fax en el 2000; la renuncia de PPK a inicios de 2018 tras descubrirse la compra de votos que lo salvó en su anterior proceso de vacancia; la vacancia de Martín Vizcarra tras adiestrar a su personal de confianza para no declarar nada que lo pudiera comprometer directamente a él; y la renuncia de Manuel Merino tras la muerte de dos manifestantes.
En casi todos los casos, las crisis políticas se solucionaron por iniciativa del Presidente de la República quien, sabiendo la insostenibilidad de su permanencia en Palacio de Gobierno, optaron por dar un paso al costado.
Las investigaciones al presidente y a su entorno
Esta semana, la Fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, ante el Congreso de la República. Asimismo, los Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional emitieron ayer un comunicado, leído por el fiscal Rafael Vela, en el cual daban su respaldo a la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo.
Desde hace varios meses, el presidente Castillo y su entorno más cercano están siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Las respuestas de Castillo ante estas investigaciones siempre han sido evasivas, aunque también nos ha acostumbrado a presentarse como víctima de una persecución política.
La defensa legal del presidente y de la primera dama han ejercido, por un lado, el derecho a guardar silencio en las indagaciones que se han realizado y, por otro lado, han interpuesto recursos constitucionales cuestionando la validez de la investigación en tanto la Constitución prohíbe acusar a un Presidente de la República en funciones.
Los “abogados de oficio” del presidente como su Premier, Aníbal Torres, su camarada Vladimir Cerrón y sus esbirros de Twitter hablan más bien de un golpe de estado que viene gestándose desde que Castillo ganó las elecciones y que ahora ha incorporado a la Fiscal de la Nación dentro de la conspiración.
Sin embargo, es imposible tapar el sol con un dedo. Las investigaciones han encontrado evidencias contundentes de la participación del entorno cercano del presidente Castillo en graves actos de corrupción.
Hablamos de familiares directos como la primera dama, la cuñada de Pedro Castillo y sus sobrinos; hablamos de amigos cercanos y de funcionarios públicos de alto nivel que ejercieron cargos de confianza, como exministros y el secretario de Palacio de Gobierno. Algunos de estos investigados aún se encuentran prófugos. Otros se han entregado y están aspirando a la colaboración eficaz.
Pedro se aferra al poder
En ese sentido, la permanencia de Pedro Castillo como Presidente de la República es desde hace varios meses (y hoy más que nunca) insostenible, y no hablamos de un tema de gestión o de gobernabilidad. El presidente podría estar liderando desde Palacio de Gobierno una organización criminal para otorgar obras públicas a cambio de dádivas y coimas. También se ha revelado que el presidente presuntamente habría comprado voluntades en el Congreso para evitar que prospere sus procesos de vacancias, a cambio de obras públicas. Renunciar tampoco sería una opción para Castillo.
El turno del Congreso
Frente a estos graves indicios el Ministerio Público ha decidido que hay suficientes evidencias para formular la denuncia constitucional. Hoy, está en manos del Congreso de la República decidir el curso de acción. Cada día que Castillo permanece en Palacio de Gobierno es un día en el cual podría estar eliminado cualquier tipo de evidencia y obstruyendo las investigaciones que se vienen realizando.
Desde esta tribuna, invocamos a cada uno de nuestros parlamentarios para que ejerzan la defensa del estado de derecho y de los valores republicanos que lo inspiran poniendo fin a esta crisis política lo más pronto posible. Es necesario que pongan sus diferencias políticas, ideológicas y personales de lado y decidan vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Esta es una vía constitucional válida y es también la más rápida.
No necesitaríamos propuestas de adelanto de elecciones si tuviéramos parlamentarios que, con una mano puesta en el pecho, hicieran lo mejor para los intereses del Perú y de nosotros, sus ciudadanos.
En estas horas oscuras hay más preguntas que respuestas. ¿Podrá prosperar una vacancia presidencial en este contexto?, ¿O tendremos que esperar a que se vote la suspensión del presidente? Ya nos enteraremos de cómo termina esta historia.