El partido oficialista Perú Libre perdió en todas las regiones en las últimas elecciones municipales, sin ganar un solo gobernador regional y obteniendo solo 71 distritos de 1.694 a escala nacional. Esto configuraba como la supuesta muerte súbita del movimiento de Vladimir Cerrón. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El partido del lápiz ahora estaría siendo oxigenado por la composición de prefectos y subprefectos, quienes tienen la misión de regir asuntos de administración y seguridad interna en el ámbito territorial en el cual son designados.
De acuerdo con un cuadro elaborado por el Congreso en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado, el 42% de los prefectos y subprefectos son militantes de Perú libre. Asimismo, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022 se encontró que 16 de estos funcionarios designados suscribieron en algún momento el padrón de adherentes al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF).
Por otra parte, Euler Herrera Bazán, quien es secretario general provincial de Perú Libre, denunció que había un compromiso por parte del actual presidente Pedro Castillo en el proceso de designación de prefectos y subprefectos. Este señaló que hubo tráfico de influencias y pago de cuotas por blindaje para evitar la vacancia del mandatario. Esta situación explicaría la designación como prefecto de Cajamarca a Lenin Chuquilin Hernández, abogado, exmilitante de Fuerza Popular y primo de la ex presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez Chuquilin. Este ahora es director de la Dirección del Gobierno Interior del Ministerio del Interior, el ente responsable de la designación de prefectos y subprefectos. Euler Herrera mencionó que Lenin Chuquilin estaría traficando los puestos junto con Víctor Cabrera Mego, quien es acusado por la prensa de formar parte del “gabinete en la sombra”.
Chuquilín anteriormente había denunciado por lo mismo a Herrera, aunque exonerando sospechosamente de toda culpabilidad al presidente. “No vamos a permitir que nadie mancille la honra de nuestro presidente y más aún en una política decente", dijo.
Frente a esta problemática, este miércoles se debatirá en la Comisión de Descentralización del Congreso el proyecto de ley de la parlamentaria de Fuerza Popular Nilza Chacón que busca eliminar el cargo de prefecto y subprefecto, que son designados por el Ministerio del Interior. En el documento advierte que quienes conforman actualmente estos cargos son parte de Perú Libre y que hay un riesgo de que utilicen sus puestos para beneficiar a sus simpatizantes políticos. También precisa que para ejercer dicha función en el Estado no hay ningún proceso de concurso público. Es decir, es una designación “a dedo”.
En esta línea, el exministro del Interior, Rubén Vargas, declaró estar de acuerdo con la propuesta que busca desactivar el actual sistema de autoridades políticas vinculadas con el gobierno interior. Comentó que el gasto que se usa en asignarlo a prefectos y subprefectos, el cual es de 60 millones de soles, podría ser usado para mejorar las comisarías o también podría ser administrado a los alcaldes y jueces de paz.
El Congreso tiene ahora licencia para derrumbar otro frente que viene siendo perturbado por el poder de turno. Es importante ajustar o eliminar este tipo de movimientos porque implica la ampliación de un cuadro (el gobierno de Pedro Castillo) con personajes que podrían respaldarlos a escala regional y además porque implica un fuerte presupuesto público. Deben legitimar el control político.