Ayer el Tribunal Constitucional (TC) del Perú dio a conocer su pronunciamiento respecto de la demanda de traición a la patria contra Pedro Castillo, la misma que viene siendo tramitada en el Congreso de la República (en la Subcomisión de acusaciones constitucionales y la Comisión Permanente, respectivamente).
La nueva conformación del Tribunal Constitucional ordenó la nulidad del proceso seguido en el Congreso por haberse vulnerado el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria. En pocas palabras, el TC le ha dicho al Congreso que la demanda por traición a la patria no ha tenido el suficiente sustento para continuar con su trámite.
Más allá del análisis jurídico del pronunciamiento o del proceso seguido en el Parlamento, el TC nos deja una clara lectura entre líneas: en el Perú las instituciones funcionan, únicamente ejercen su trabajo y no existe un “golpe de estado en marcha” contra Pedro Castillo, contrario a lo que quiso hacer creer César Landa en su exposición ante la OEA.
Recordemos que luego del pedido de nuestro canciller, la OEA activó la Carta Democrática, expresó su “solidaridad y respaldo” al gobierno de Pedro Castillo, y programó una visita a nuestro país (la misma que culminó ayer).
Así pues, si el Grupo de Alto Nivel de la OEA es lo suficientemente objetivo y analiza los hechos sin tinte político, se habrán dado cuenta que han sido vilmente engañados por el canciller, así como también lo fue en su momento el representante del Vaticano, por ejemplo (recordando que el Dr. Landa le dijo a Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, que el Congreso le negó la salida a Castillo por qué este último afirmó la paz y condenó a Rusia por la invasión a Ucrania).
En suma, la OEA debe de reconocer que el gobierno de Pedro Castillo y sus aliados son los únicos que vienen atacando sistemáticamente la institucionalidad del país y accionando contra la democracia y la libertad de los peruanos.
Existen un sinfín de argumentos y de hechos a citar para sustentar lo señalado en el párrafo anterior. Solo por mencionar algunos ejemplos: la vulneración de los derechos fundamentales producto del toque de queda intempestivo del pasado 5 de abril (medida avalada por el abogado constitucionalista Cesar Landa, valga la precisión) y la continua victimización de la dupla Castillo-Torres frente a cualquier cuestionamiento de corrupción del gobierno.
Y es que recurrir a la victimización es la única estrategia con la que cuentan Castillo y sus cómplices para evadir la justicia y salirse con la suya. Cada vez que se ha intentado que el presidente y sus allegados respondan por los fuertes indicios de corrupción, estos han utilizado la palabra “pueblo” para evadir hábilmente los cuestionamientos
Por ello, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es importante, no necesariamente por su contenido, sino por haber demostrado que en el Perú existen instituciones que únicamente vienen ejerciendo sus funciones. Así, el Congreso de la República tiene el deber de ejercer control político sobre los actos de corrupción del gobierno; a la Fiscalía de la Nación le corresponde investigar y denunciar a la organización criminal enquistada en el Ejecutivo y al Tribunal Constitucional le corresponde tutelar los derechos fundamentales de todos los peruanos.
Esperemos que la OEA haya analizado con objetividad la crisis política que atraviesa nuestro país y reconozca que el atentado contra la democracia y la libertad de los peruanos proviene del oficialismo. Que no se coman otro cuento elaborado por Pedro Castillo para recurrir a la victimización (una vez más).