OpiniónJueves, 1 de diciembre de 2022
El Problema, por Eduardo Vega Marisca

Fijémonos un minuto en la canción de Arjona homónima al título de este artículo. Creo que refleja muy bien las razones por las que el Presimiente Castillo debería dejar el poder en el más breve plazo. Si bien el cantautor hace mención a las dificultades que puede pasar una relación sentimental, creo que, parafraseando las preguntas de la canción, veremos que las actuaciones del mandatario se ajustan precisamente a las razones que motivan la necesidad de que sea removido del cargo.

Uno ve lo que dice el Presimiente al hablar sin telepronter, y observa que ello no necesariamente es un problema porque generalmente no se le entiende o genera un meme. Sin embargo, sí es un problema cuando Castillo calla frente a la justicia, y con ello demuestra que el respeto por las instituciones es un tema que le resulta ajeno. Peor aún si hablamos del Estado de Derecho, la Constitución o la Ley. Esa misma cuyo cumplimiento le resulta imposible cuando se trata de mantener las formas al momento de decidir ascensos, orientar licitaciones, o realizar nombramientos de funcionarios de alto rango (Caso H. Chávez, Pacheco, etc.), e incluso ministros.

Evidentemente,hay problemas cuando el Presimiente hace un discurso entre gallos y media noche, para dirigirse a la nación con mentiras sobre supuestos recortes de derechos fundamentales, o denegatorias a la cuestión de confianza teóricamente efectuadas por el Congreso, dado que con ello genera que un sector de la población le crea y entonces crezca en cierta forma su victimización, sobre todo en los lugares más alejados, donde la crítica a lo dicho por Castillo NO llegará porque, si apenas pudieron recibir el discurso, menos tendrán a la mano una evaluación objetiva llevada por un medio “no alternativo”, dado que la difusión estará a cargo de algún ayayero.

Resulta peor cuando Castillo juega con el Congreso y la nación en su conjunto, juramentando a Betssy Chávez de premier, quien está muy cuestionada en los últimos días, como consecuencia de turbios y cuestionados nombramientos de personal no calificado (Aparente mal endémico de este gobierno) durante sus gestiones previas en salud y trabajo. Además, deja como cereza de postre una polémica designación del deslucido Aníbal Torres V, como asesor de la PCM; es decir, sigue como premier en la sombra (en realidad “sol y sombra”), consecuencia del contubernio insoluble entre los chotanos. Obviamente —muchachitos tontos—, toda una provocación para que NO le den el voto de confianza, y con ello buscar cerrar el parlamento por supuestas 2 negativas consecutivas.

Así las cosas,siendo que no tenemos cómo hacer para obligarlo a salir, sin que ello sea por la fuerza de la vacancia y que dicha maniobra dejará muchas huellas y resentimientos frente una parte importante de la población, estimo que la pregunta más importante a resolver es, ¿Cómo deshacernos de él sin dejar de caer en lo mismo? Es decir, que el resultado no nos lleve a una nueva elección, en donde un “antivoto cegado” sumado al resentimiento, nos pueda poner como mandatario a un impresentable, pseudo rebelde -ex convicto asesino de policías.

Por ahora, es importante tener en cuenta que las soluciones a plantear para la salvación del Perú y su democracia deben tener un impacto unificador que no solo resulte en la continuidad del sistema, sino en el planteamiento de modificaciones que además permitan una mejora constante, tanto de la calidad moral como intelectual de los partícipes de la política y sus financistas a lo que ya hemos dado algunas sugerencias en nuestras columnas anteriores. El problema no se resuelve si no tomamos conciencia de la auténtica necesidad de lograr cambios trascendentes de manera positiva para nuestro futuro, y los implementamos en el más breve plazo.

Como es obvio, reciclar una vez más a nuestro gobernante con una vacancia, para poner a la vicepresidente; no será más que la repetición de la película vivida en el quinquenio anterior, y sinceramente necesitamos salir del circulo vicioso que nos propone sacar al presimiente para poner uno peor, o iniciar un proceso electoral con candidatos impresentables. Es como si, en el Perú, encontrar a un político medianamente decente sería lo mismo que buscar la pestaña de lo que nunca tuvo ojos.

Yendo directamente a los cambios trascendentes antes mencionados, como mínimo el Congreso debería dejar por sentado que:

  • NINGÚN exconvicto tiene habilitación para poder postular a un cargo político. De la misma manera debe ocurrir para cualquier mandatario que sea declarado Incapaz Moral Permanente.
  • Debería quedar derogada cualquier prohibición y límite para que las empresas puedan participar en el financiamiento de las organizaciones políticas, siempre que los aportes correspondientes sean debidamente declarados.
  • Es necesario que la elección del mandatario se lleve cabo de manera indirecta a través del pleno parlamentario y que la designación del premier se realice de manera consulta con el Congreso, para evitar cualquier desgaste innecesario respecto de la relación entre ambos, frente a medidas apresuradas con los demás advenedizos de la plancha al tiempo que las cuestiones volverán a ser aterrizadas y menos leguleyas.

Debemos advertir que el problema no es cambiarlo, pues una vacancia del presimiente no garantiza una solución a la contingencia que nos ocupa, ni mucho menos la efectiva protección del sistema democrático nacional y el Estado de Derecho, pues la primera vicepresidente (también arropada en cuestionables actuaciones) sería la sucesora en el cargo, lo que sólo se mantendría el riesgo latente de la misma manera que pasó cuando estuvo el lagarto en el poder.

Bravos son los tiempos que se vienen para el Perú, y bien advertidos están los partidos políticos y congresistas, pues como es evidente, en el caso que el presimiente Castillo, opte por revelar sus verdaderas intenciones, no sólo cerrará el Congreso, sino también el Tribunal Constitucional y toda institución que se le oponga; lo que convierte a las Fuerzas Armadas en los principales defensores del Estado de Derecho, la gobernabilidad y la Institucionalidad del Perú.

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